EN NUESTRA OPINIÓN: Por una solución migratoria justa
El presidente Trump prometió en su campaña electoral que perseguiría a los inmigrantes indocumentados que hubieran cometido actos de violencia. Pero ahora preside un caótico seguimiento a esa promesa, un proceso incoherente en el cual se captura a indocumentados por, digamos, manejar sin licencia; se atemoriza a muchos hasta el punto de que tienen miedo de denunciar delitos a la policía; se deja a niños sin el padre o la madre; y hasta se detiene para ser deportados, según Human Rights Watch, a personas sin antecedentes penales.
Pero este presidente no repara en matices. Y eso puede ser trágico.
Sí, Estados Unidos es una nación de leyes. También ha sido una nación que, a pesar de ciertos olvidos prolongados en su historia, hace ajustes, recalibra leyes que son injustas o ha promulgado leyes nuevas. Es un país donde la ley se ha aplicado.
En 1996, el Congreso aprobó leyes según las cuales se podía deportar hasta a personas con la tarjeta verde (residencia legal permanente) u otro tipo de residencia legal si los declaraban culpables de un crimen. El rango de los delitos era muy amplio: desde robar en una tienda hasta homicidio intencional. Desde luego, los que viven ilegalmente en este país siempre han estado en peligro de ser devueltos al país donde nacieron.
El gobierno de Obama no persiguió a los inmigrantes indocumentados culpables de delitos no violentos y que tenían fuertes conexiones con Estados Unidos por su familia, un empleo estable, residencia legal o servicio militar.
Aun así, fue el presidente que hasta ese momento deportó a más indocumentados que ningún mandatario anterior. Por eso le pusieron el mote de Deportador en Jefe. Pero de todas formas entendía que se hacía más daño que bien al separar familias innecesariamente, y que el sistema de detención de Estados Unidos estaba muy mal equipado para atender a miles y miles de personas si se detenía a una gran cantidad de indocumentados.
Alison Parker, directora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch (HRW), escucha las historias de horror. “La orden ejecutiva y los memos sobre aplicación de las leyes de inmigración dan la impresión de que este gobierno está interesado en deportar a personas sin antecedentes penales”, dijo a la Junta Editorial.
Como nación de leyes, debemos declarar que eso es inaceptable.
Una vez en el sistema de deportación, el proceso generalmente saca a las personas del país. Los que comparecen ante un juez prácticamente no pueden defenderse.
El Congreso debe mediar. Después de todo, la irresponsable inacción de los legisladores y su tolerancia ante la conversión de los indocumentados en chivos expiatorios, nos han llevado a esta penosa situación.
HRW dice que demasiados agentes de la Patrulla Fronteriza no quieren escuchar las reclamaciones de asilo, aunque están obligados a escucharlas. También se habla de un uso excesivo de la fuerza. El Congreso debe legislar para que se trate a las personas con justicia.
El senador Marco Rubio debe abordar este asunto e insistir en que sus colegas presten atención. No es el único en el Congreso a la altura de este desafío, desde luego, pero conoce bien el tema.
Los legisladores deben librar la batalla para darle una solución justa al problema.
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de abril de 2017, 6:44 a. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Por una solución migratoria justa."