EN NUESTRA OPINIÓN: El fin del TPS exige una solución humanitaria
Cumpliendo sus promesas de campaña de limitar la inmigración, el presidente Donald Trump anunció el lunes pasado el fin del programa de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los salvadoreños.
Los salvadoreños tienen hasta el 9 de septiembre del 2019 para legalizar su estancia en Estados Unidos. Los que no lo consigan, tendrían que abandonar el país.
El año pasado, Trump quitó la protección a los nicaragüenses y los haitianos, y se teme que el próximo grupo al que privará del TPS sea el de los hondureños.
Defensores de la inmigración y varios miembros del Congreso criticaron la medida del Presidente.
La representante republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que la decisión del mandatario era “cruel” y que tendría un “impacto terrible” para los aproximadamente 200,000 afectados, para sus familiares, para las comunidades donde residen y para todo el país.
“Es una vergüenza”, expresó en su cuenta de Twitter.
El 12 por ciento de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos reside aquí gracias al TPS que recibieron en el 2001, después que El Salvador fue devastado por dos terremotos. Antes había sufrido los estragos del huracán Mitch, en 1999. Se calcula que los casi 200,000 salvadoreños beneficiarios del TPS tienen 192,000 hijos en este país.
¿Qué consecuencias puede tener esta medida insensible del Presidente? Las peores. Los salvadoreños –como los demás grupos nacionales beneficiados por el TPS– se han integrado a la economía y la vida cotidiana de las comunidades de Estados Unidos donde residen. Sus hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Deportar a sus padres daría lugar a miles de dramas de separación familiar, a millares de traumas totalmente innecesarios.
Los que regresen a El Salvador, al quedar sin protección migratoria, encontrarán un país que no les ofrece oportunidades laborales y que además está sacudido por la violencia de las pandillas. La llegada de miles de personas a la nación centroamericana causará una crisis humanitaria de grandes proporciones. Y la deportación constituirá un duro golpe para la economía de El Salvador, apuntalada por las remesas que los salvadoreños que residen en Estados Unidos envían a sus familiares.
Los salvadoreños que recibieron la protección migratoria del TPS se han integrado al tejido social norteamericano. El 69 por ciento ha comprado su vivienda. Muchos trabajan en el sector de los servicios o en la construcción. Sus hijos nacieron en suelo estadounidense y sus padres no les pueden exigir que los sigan a un país que les resultaría ajeno. Incluso muchos beneficiarios del TPS vinieron a Estados Unidos en la infancia y tienen más arraigo y más lazos humanos aquí que en el país donde nacieron.
Como expresó Carlos Curbelo, representante republicano por la Florida, al conocer la decisión del presidente Trump: “Los inmigrantes salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos se han convertido en parte esencial de la comunidad del sur de la Florida al contribuir con nuestra economía y cultura”.
La cancelación del TPS no toma en cuenta que las personas bajo su amparo han hecho sus vidas en Estados Unidos y dan un aporte considerable a la nación.
Hay varias propuestas en el Congreso para resolver la incierta situación de los beneficiarios del TPS y también de DACA, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Los legisladores deben abordar el tema migratorio sin demora. Deben buscar una solución humanitaria para que muchas familias no queden separadas y muchas personas meritorias no pierdan la esperanza ante la incertidumbre del futuro.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de enero de 2018, 3:55 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: El fin del TPS exige una solución humanitaria."