Golpes y amenazas de violación, lo que cuentan los sobrevivientes de la represión del gobierno de Maduro

El joven venezolano Jesús Ibarra proviene de una familia humilde, residente de un populoso sector del este de Caracas, llamado Petare, considerado uno de los barrios más grandes y peligrosos de América Latina.

Vendía pancitos de canela para ayudarse a pagar las mensualidades de ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ubicada al oeste de la capital. Una de las carreras más exigentes de la referida casa de estudios, estimada entre las más prestigiosas de Venezuela.

Cuando la noche del domingo 30 de abril preparaba otro lote de estos panes para vender en la marcha que se había convocado contra el gobierno de Nicolás Maduro para el primero de mayo, Día de los Trabajadores, nunca imaginó que en horas una pesadilla casi acaba con su vida, modificándola dramáticamente, tal vez de manera permanente.

“Mi hijo tiene sus principios políticos y él sabe lo que estaba haciendo. El domingo antes del primero de mayo hizo unos pancitos de canela. Le faltaba por pagar de la mensualidad unos Bs. 10,000 [poco menos de un dólar, al cambio en el mercado negro]. Hizo los pancitos en la noche y se fue a venderlos a la marcha”, relató el padre del joven, José Ibarra, en entrevista con el Nuevo Herald.

El estudiante estuvo entre las personas que fueron reprimidas a la altura del sector capitalino El Rosal, y que fueron obligadas a saltar o fueron lanzadas por la represión al río Guaire, el principal canal de aguas residuales de la capital venezolana, que la atraviesa de este a oeste. Días antes, el 19 de abril, por la cuenta twitter del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una frase elogiaba este estilo de prácticas represoras: “A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al Guaire lo que es del Guaire”, mensaje que fue retuiteado por el propio gobernante Nicolás Maduro.

“En la marcha, entre 4 y 5 de la tarde, lo impactaron con una bomba lacrimógena. Cayó al Guaire, se ahogó, lo trataron de rescatar unos muchachos y luego la Guardia Nacional Bolivariana le disparó a los muchachos para que no lo rescataran. De allí lo llevaron a un CDI (Centro de Diagnóstico Integral dependiente del Gobierno Nacional) donde le robaron el dinero de lo que había vendido, el teléfono, los zapatos, la franela, lo disfrazaron de guarimbero” [adjetivo empleado por voceros del gobierno para atribuirle a los manifestantes actividades ilegales].

“No llegó en ambulancia al Hospital Domingo Luiciani. El CDI de Chuao –sector al este de la capital– lo mandó en un carro, parece ser, con el muchacho que lo rescató, a quien le partieron una costilla y una pierna. Ese muchacho se fue porque la policía lo quería meter preso. A Jesús lo operaron a las ocho de la noche. La operación duró desde las ocho de la noche hasta las dos de la mañana. Esa fue la primera operación, ya lo han operado cuatro veces”, señaló el padre del joven.

“Es mentira que en Venezuela hayan medicamentos. De hecho, en el Hospital Domingo Luciani, un hospital público del Seguro Social, no había ni siquiera gasa. No había batas esterilizadas para entrar a la unidad de cuidados intensivos. ¿Crisis en este país? De todas clases y aquí no hay medicinas de ningún tipo”, dijo Ibarra.

Al momento de su llegada al Hospital Domingo Luciani, agentes represores lo acompañaban y la atención de salud se mezclaba con la represión y las ganas del régimen de encarcelar a más muchachos disidentes. De víctima a ser considerado terrorista por la dictadura.

“Al principio hubo bastante represión en el Hospital Domingo Luciani, donde lo internaron por primera vez. Allí había colectivos (grupos paramilitares que actúan a favor de Nicolás Maduro). Había autoridades del Hospital impidiendo que le llegaran los medicamentos. Duró 14 días en el Hospital Domingo Luciani. Para sacarlo de allí fue un proceso, porque lo impedían los Guardias Nacionales, los milicianos que tiene el gobierno, los colectivos”, detalló el progenitor del joven.

Un sistema corrupto que hace agua por los costados permitió a los Ibarra llevar al joven a una clínica privada. “Hubo que pagarle a los Guardias Nacionales para sacarlo en una ambulancia”, comenta José Ibarra.

El impacto de la bomba lacrimógena disparada por un efectivo del Estado fue confirmado por el Ministerio Público venezolano, hoy conducido por Luisa Ortega Díaz, chavista que en abril dio la espalda al madurismo al declarar que había roto el hilo constitucional. “Le puedo decir con todo criterio que fue una bomba lacrimógena, porque medicina forense de la Fiscalía fue al Hospital Domingo Luciani. Fue un médico forense y dijo que había sido impactado por una bomba lacrimógena”, manifestó el padre del joven.

Pero, al igual que en otros atropellos a los derechos humanos en Venezuela, este caso sigue impune. “La misma doctora (de la Fiscalía General de la República) me dijo que eso iba a pasar a juicio. Juicio del que no he visto nada, porque eso fue el día 2 de mayo y hasta ahora no he visto ningún resultado de juicio alguno, ni ninguna persona detenida”.

La vida de Jesús se convirtió en lucha por la supervivencia. Permaneció internado en el hospital con infecciones en el sistema respiratorio y fractura en el cráneo, parálisis del área derecha –brazo y pierna–, y fue mantenido en coma inducido. Hoy en día presenta algunas mejorías.

“En un 90 por ciento los medicamentos llegan de Estados Unidos, de España, de Egipto, de todas partes del mundo. Ya completamos Bs. 16 millones, solo nos faltan Bs. 44 millones para la operacion de Jesús. El domingo cumple 90 días que no habla. Pero sí dice algunas cosas, habla poquitico, palabras seccionadas y se le olvidan mucho las cosas. No pronuncia frases. El pronuncia la A, de casa, pero no puede decir la palabra completa”, lamenta el padre del estudiante de ingeniería.

“Está haciendo terapias físicas. Hice contacto con dos personas del Hospital de Clínicas Caracas. Hay una compañía constructora que les paga y ellos vienen todos los días, excepto los domingos. Ya la pierna derecha, que es la que tiene paralizada, la mueve un poco. El brazo derecho todavía no lo mueve y no habla porque no tenemos terapeuta del lenguaje”, indicó José Ibarra, quien en redes sociales mantiene una campaña de colaboración a favor de su hijo.

Policía amenaza con la violación

Héctor Luis Caldera es un periodista venezolano que cubría el paro convocado por la oposición el pasado 20 de julio, como parte del equipo de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En el este de Caracas, constata represión en los alrededores del canal de televisión del estado, Venezolana de Televisión (VTV), en el sector Los Ruices, al este de la capital, donde se desarrollaban protestas. Cuando escuchaba testimonios, arribó al lugar un contingente de policías, con el nuevo uniforme gris de camuflaje y boina roja, empleado desde septiembre del año pasado por el cuerpo civil que desde entonces, según expertos, aparenta más militarización.

“Su forma de actuar es diferente y yo les tengo miedo”, comentó Caldera en entrevista para el Nuevo Herald.

Al percibir que estos funcionarios se aproximaban al lugar en motocicletas, corriendo y rompiendo barricadas, “agarrando a cualquiera por el camino”, el periodista intentó desalojar el lugar subiéndose en la moto en la cual realizaba el recorrido por la capital, acompañado por un motorizado que la conducía. Decide parar, porque se aproximaban a una cadena. Al bajarse para levantarla, observa como los funcionarios lesionan en el pie, de manera brutal, a un joven que se desplazaba en una bicicleta.

“Me impresiono, me paro y veo que me apuntan. El conductor me llama y me dice: ‘Corre, Héctor’ pero veo que no me va a dar chance y dejo que se vaya, porque recientemente agarraron a uno de nuestros motorizados, a quien golpearon y pasó tres días preso. A mí nunca me habían agarrado. Me habían agredido, lanzado lacrimógenas, pero nunca me habían golpeado. Una vez me dispararon cerca del oído, para que no reportara en vivo. Veo que me sigue apuntando con un arma que no era de perdigón, porque tenía el orificio más pequeño”.

Entonces, a pesar de los gritos repetidos: “Soy periodista”, de las credenciales que así lo soportaban y gente intentando socorrerlo desde las casas de vecinos alrededor, los funcionarios arremetieron en su contra. “Siento el primer golpe y caigo. No querían que los vecinos me escucharan. Caigo en el piso, me tratan de arrebatar el teléfono, que cae al piso, me arrancan la credencial de la cuerda con la cual me la guindaba en el pecho”.

“Cuando ven que era de prensa de la Unidad Democrática se refirieron a mí como si fuese un premio. ‘Agarramos a uno, ahora vas a ver lo que te va a venir’. Allí empezó el ataque y los golpes en el piso. Me atan las manos con la cuerda de la credencial y me dicen que me van a violar, que no sé en lo que me metí. Estos funcionarios de gris actuaban como malandros, me quitaron lo que tenía de valor”, señaló el periodista.

“Me montan en la moto estos PNB [Policía Nacional Bolivariana]. Me llevan exactamente a VTV. Cuando me bajan de la moto, me exponen al descubierto y escuchaba que la gente en el interior de VTV querían que me metieran para lincharme. Otros, desde afuera, me lanzaban piedras, de todo, no sé si eran colectivos. Allí no grité más que era periodista, porque me hubieran matado”, señaló.

Posteriormente, llevaron a Caldera a otra calle, donde le preguntan de dónde era periodista. Al responder que era de la Unidad, señala, fue golpeado nuevamente y cayó en el suelo. Allí lo colocaron boca abajo y le dijeron “si eres periodista en verdad, tienes que aguantar la represión como la aguantamos nosotros”.

“Comienzo a sentir unos pedazos de vidrio que me cayeron cerca. Me pusieron en el medio para que me cayera algo. Aparte de la asfixia de las lacrimógenas, en medio de la batalla campal, sentía como caían cosas. Luego de que todo se calmó, me levantaron y me llevaron de nuevo al frente de VTV. Allí me ven periodistas y me reconocen. Comencé a decirles, gesticulando, sin gritar, que me ayudaran. Me taparon la cara, al darse cuenta de que había muchos periodistas tratando de grabar y tomar fotos”, señaló.

Posteriormente, lo montaron en una moto con destino desconocido, mientras lo golpeaban, al parecer, buscando que se cayera de la unidad en la cual lo trasladaban. Al término del trayecto, lo dejaron en un punto de la Guardia Nacional ubicado en un estacionamiento de un comercio estatal, Bicentenario, en el céntrico sector capitalino de Plaza Venezuela.

En el lugar lo recibe un golpe de un funcionario que lo baja de la moto. El periodista casi pierde el conocimiento, en medio de patadas que lo persigueron en el suelo. Escuchaba que consultaban de qué medio era. Posteriormente lo tiran a una esquina del estacionamiento, donde había una fila de personas detenidas.

La violencia culminó con la llegada de un “General”, como le llamaron los uniformados de la Guardia Nacional. “Lo primero que hace el generales que me traigan agua con hielo y una bebida saborizante de toronja. Ya allí no hubo más golpes, había otro rango de educación, no parecían malandros. Siempre trató de hacer ver que me trataran bien. Me dijeron que recordara que me había caído de la moto y que por eso eran los golpes que tenía”, dijo.

Le indicaron que lo estaban liberando por acción del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Los funcionarios ordenan hacer un video, señala el periodista, para indicar que la liberación era por la paz y que la había ordenado el Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol. Acto seguido, lo dejaron salir.

“Pensé que iba a morir cuando me pusieron boca abajo. Sentía que los vidrios me iban a pegar en la cabeza”, comentó el periodista, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General venezolana, señalando que los funcionarios uniformados de gris de la Policía Nacional Bolivariana actuaron como grupos paramilitares, aplicando “barridas”, en las cuales toman como detenidos al azar, y alzan “premios” dependiendo de a quién toman entre manifestantes y transeúntes.

Esta historia fue publicada originalmente el 2 de agosto de 2017, 6:39 p. m. with the headline "Golpes y amenazas de violación, lo que cuentan los sobrevivientes de la represión del gobierno de Maduro."