Notas de boletera de Hialeah detallan pagos de candidatos a juez
La boletera de Hialeah, Deisy Pentón de Cabrera, registró en una de sus tres libretas lo que aparentan ser pagos por un total de $10,140 de siete candidatos judiciales durante las elecciones del 2008.
Sin embargo, los reportes de campaña de estos candidatos indican pagos a Cabrera que son sustancialmente menores: apenas $1,650 por parte de tres de los mismos , incluyendo dos juezas electas.
En su libreta, Cabrera apuntó montos de dinero junto a algunos nombres completos, iniciales y abreviaturas.
Estos incluyen: “Marcia Caballero”, $1,300 y $400; “Mario García”, $1,200; “Yosie Perez Vil”, $500; “Ricardo Corona”, $1,500 (y la palabra “completo”); “Migna”, $1,300; “Denise”, $540; y “Est Millan”, $400 y $400.
También hay iniciales de “ST” por $1,300 y “YOP” por otros $1,300.
Estos nombres y sumas se encuentran en la misma sección de una de las tres libretas que fueron confiscadas por las autoridades durante la detención inicial de Cabrera el pasado julio. Cabrera se ha declarado inocente de cargos de fraude electoral y de posesión de boletas ausentes en contra de una ordenanza condal.
A través de su abogado, Cabrera, de 57 años, rehusó explicar el contenido de sus libretas.
El domingo, El Nuevo Herald reportó que Cabrera tenía acceso a más de 550 votantes, la mayoría ancianos hispanos, de acuerdo con listas que actualizaba con cada ciclo electoral. Decenas de votantes han relatado cómo Cabrera les visitaba año tras año a llenar para ayudarles llenar sus boletas ausentes, aunque en muchos casos no sabían por quién habían votado.
Cabrera también guardaba directivas escritas por otras personas en sus libretas, formando parte de una maquinaria política con acceso a la información actualizada sobre votantes ausentes del Departamento Electoral de Miami-Dade.
Al parecer, las anotaciones sobre supuestos pagos en su libreta se refieren a los abogados Marcia Caballero, Mario García, Josie Pérez Velis, Ricardo Corona, Migna Sánchez-Llorens, Denise Martínez-Scanziani y Stephen Millan, todos candidatos durante las elecciones judiciales del 2008.
No hay otras pruebas de pagos en las libretas, como recibos firmados o talones de cheque.
Caballero y Sánchez-Llorens fueron las únicas candidatas del grupo que ganaron sus respectivas contiendas. Ahora son juezas de la división de apelaciones y la división criminal, respectivamente, en la Corte del Undécimo Circuito de la Florida, en el Condado Miami-Dade.
De acuerdo con su reporte financiero, Caballero pagó $800 a Cabrera por ayudar con un evento de campaña. En su libreta, Cabrera escribió un total de $1,700.
En una breve conversación el viernes por la mañana, Caballero dijo a El Nuevo Herald que había pagado a Cabrera la cantidad registrada en los informes financieros de su campaña, y ni un centavo más. También aseguró que había contratado a Cabrera para repartir tarjetas de publicidad a los votantes en un recinto electoral de Hialeah.
Por su parte, Sánchez-Llorens reportó haberle pagado $600 a Cabrera por promover la participación de los votantes. Cabrera apuntó $1,300 en su libreta.
A través de una vocera de la corte, ambas juezas rehusaron hacer declaraciones para este informe.
“Este asunto se trata de una investigación y un caso criminal que se mantienen abiertos, por lo cual no sería apropiado para que las juezas comenten”, indicó la vocera.
De los restantes cinco candidatos judiciales que aparecen en las libretas de Cabrera, solamente Pérez Velis la incluyó en su informe de finanzas de su campaña. De acuerdo con este documento público, Pérez Velis le reembolsó $250 por gastos de comida. Cabrera apuntó $500.
Cuando El Nuevo Herald le preguntó a Pérez Velis sobre estos apuntes el viernes, la abogada dijo que “no tengo tiempo para hablar en este momento” y no respondió a llamadas subsiguientes.
Mensajes telefónicos y personales dejados por El Nuevo Herald en las oficinas de García, Corona y Martínez-Scanziani no fueron respondidos.
Sin embargo, el abogado Millan dijo el domingo que recordaba que Cabrera había colaborado para su campaña pero no podía decir inmediatamente por qué su nombre no aparece en sus reportes financieros. Aseguró que la labor de Cabrera se limitaba a distribuir publicidad a los votantes y no a recoger boletas ausentes.
El reporte de finanzas de García indica un pago de $57 a una “Daisy Cabrera”, pero con una dirección distinta a la mujer acusada de fraude electoral. El Nuevo Herald no ha logrado contactar a la “Daisy Cabrera” en el reporte de García para determinar si existe un vínculo entre ambas mujeres, pese a repetidas visitas a su casa.
Las autoridades recién presentaron las libretas de Cabrera como evidencia en el caso, que está siendo procesado por la Oficina de la Fiscalía de Broward. Este material probatorio se mantuvo por casi nueve meses bajo la custodia de la policía de Miami-Dade pese a los reiterados pedidos de Broward.
“Ahora que tenemos toda la evidencia vamos a investigar cada pista”, dijo Adriana Alcalde, una fiscal de la Unidad de Corrupción Pública de Broward. “Desafortunadamente no puedo ofrecer mayores detalles porque se trata de una investigación abierta”.
El Nuevo Herald ha documentado cómo las contiendas judiciales se encuentran entre las más vulnerables a la influencia de boleteros en el Condado Miami-Dade, debido a que se suelen ser candidatos poco conocidos que no pueden promover plataformas políticas.
Varios candidatos judiciales, entre ellos la abogada Lourdes Cambó, han relatado cómo literalmente eran abordados por boleteros como si se tratara de aves de rapiña.
“Los boleteros son un insulto a la democracia y un peligro a la transparencia de una elección”, dijo Cambó, quien perdió su contienda contra el actual magistrado Don Cohn. “En una contienda judicial, el estándar debe ser de mayor integridad”.
Durante las elecciones de agosto pasado, cuatro candidatos judiciales que ganaron sus respectivas contiendas se beneficiaron de los servicios de otra presunta boletera, Anamary Pedrosa, y su madre.
Pedrosa, ex asistente del comisionado condal Esteban Bovo, acopió al menos 164 boletas ausentes en la oficina de su jefe, quien copatrocinó una ordenanza que prohíbe la recolección de boletas ajenas.
El 25 de julio, horas después de que las autoridades detuvieran a Cabrera con boletas ausentes en mano, Pedrosa depositó su lote de boletas en un buzón postal.
Mientras Cabrera fue arrestada, la fiscalía de Miami Dade le dio inmunidad a Pedrosa por cooperar con la investigación. Pedrosa identificó a otros boleteros de Hialeah, incluso Sergio Robaina, tío de un ex alcalde, que le habían entregado las boletas ausentes porque supuestamente confiaban en que ella las podía llevar a un correo.
De acuerdo con registros públicos, los jueces Cohn, Michelle Alvarez Barakat y Tanya Brinkley pagaron un total de $5,700 a la mamá de Pedrosa por servicios de campaña. Sin embargo, Pedrosa fue quien les organizó un evento político en el edificio donde vive su abuela, según varios testigos entrevistados por El Nuevo Herald.
Una cuarta jueza, Ivonne Cuesta, que atiende la corte de Hialeah, se benefició de los servicios de Pedrosa pero no aparecen pagos en sus reportes de campaña.
Esta historia fue publicada originalmente el 13 de mayo de 2013, 3:10 a. m. with the headline "Notas de boletera de Hialeah detallan pagos de candidatos a juez."