General colombiano vinculado a ejecuciones trabaja en embajada en EEUU

Un alto oficial del ejército colombiano relevado de sus deberes tras un informe deletéreo sobre la ejecución sumaria de casi 3,000 campesinos lleva los últimos 18 meses trabajando en la embajada de su nación en Estados Unidos, para la indignación de los grupos defensores de derechos humanos.

El mayor general del ejército de Colombia Jaime Lasprilla Villamizar ha estado sirviendo como agregado de defensa de Colombia en Washington desde poco después de que él y otros altos oficiales del comando militar fueran sacados de sus puestos luego de un informe condenatorio de Human Rights Watch en junio del 2015. El gobierno colombiano convocó en ese momento a una reorganización de sus fuerzas armadas.

El Departamento de Estado estaba al tanto de su transferencia a la embajada en noviembre del 2015, pero no hizo mención alguna de que él estuviera trabajando en la capital de Estados Unidos cuando hizo referencia a las alegaciones de asesinato en una carta anual de certificación de derechos humanos enviada al Congreso en septiembre el año pasado.

Los grupos de derechos humanos y sus partidarios en el Congreso dijeron estar sorprendidos de enterarse a mediados de marzo de que Lasprilla llevaba meses en Washington, aun cuando no parece haberse hecho muchos esfuerzos por ocultar su paradero: su nombre, correo electrónico y número telefónico están listados en el website de la embajada. Casi un año antes, en abril del 2016, él compareció junto al embajador de su país en una ceremonia en la Catedral de St. Matthews en honor a las víctimas del conflicto.

“No estábamos al tanto de que el general Lasprilla hubiera sido asignado aquí, pero la verdadera pregunta es si oficiales como él, y no sólo los soldados rasos, serán castigados por actos que, de acuerdo con toda medida objetiva, fueron crímenes de guerra”, dijo un asistente congresual que se dedica a asuntos de América Latina. El asistente exigió conservar el anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente.

El Departamento de Estado dijo que Colombia le había asegurado que Lasprilla no enfrentaba alegaciones criminales en su país.

Eso no sorprende a nadie, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch; Colombia ha llevado a juicio a pocos militares de alto rango por abusos de derechos humanos en la guerra civil que se ha prolongado allí durante décadas.

Pero Vivanco dijo que le sorprendía que el Departamento de Estado de Obama no hubiera hecho más ruido con respecto a la asignación de Lasprilla a Washington. Alrededor de una quinta parte de la ayuda militar que Estados Unidos envía a Colombia se hace bajo la condición del cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Colombia recibirá más de $390 millones en ayuda militar de EEUU y asistencia extranjera en el año fiscal actual, el cual termina el 30 de septiembre.

“El gobierno colombiano parece haber ido un paso más allá en el caso del general Lasprilla Villamizar al asumir que a las autoridades de EEUU no les preocupará tener a un oficial que estuvo al mando de una brigada involucrada en docenas de asesinatos pasándola bien en Washington en lugar de ser investigado en Colombia”, dijo Vivanco.

El que Estados Unidos sirva de refugio a ex dignatarios militares latinoamericanos obligados a renunciar a sus cargos por cuestionamientos relacionados con los derechos humanos no carece de precedentes ni muchísimo menos.

El caso de Lasprilla incluye muchas de las mismas ambigüedades que el de uno en 2015 en el cual el Pentágono admitió, luego de una investigación de McClatchy, que un militar chileno acusado de ser un torturador, y cuya visa estadounidense había sido revocada, seguía autorizado a dar clases en la Universidad Nacional de Defensa. En los últimos años, Estados Unidos ha tomado medidas para revocar el permiso de residencia de varias ex figuras militares salvadoreñas por violaciones de los derechos humanes durante la guerra civil de ese país.

Sin duda Lasprilla se sintió en terreno familiar en la embajada. El embajador de Colombia en Estados Unidos es el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien asumió su puesto el 20 de mayo del 2015, seis meses antes de la llegada de Lasprilla. Pinzón había servido como viceministro de Defensa del presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa del 2006 al 2009, cuando la matanza llegó a su apogeo. El es considerado uno de los favoritos para suceder a Santos en la presidencia el año que viene.

En una declaración a McClatchy después de una prolongada entrevista, Lasprilla dijo que él no había hecho nada malo y que no estaba escondiéndose, y criticó duramente al grupo de derechos humanos.

“Le recuerdo que la ONG Human Rights Watch no es el sistema de justicia colombiano”, dijo Lasprilla, señalando que el gobierno de EEUU estaba al tanto de su presencia en Washington. “Yo he sido una figura pública y no tengo que esconderme”.

“Durante el curso de mi carrera, nunca he dado una orden que vaya en contra de la población o del sistema judicial”, dijo Lasprilla. “Mi conciencia está tranquila de que durante toda mi vida he vivido con transparencia”.

El informe de Human Rights Watch, titulado “Bajo su mando”, detalló el cómo, entre el 2002 y el 2008, las fuerzas armadas mataron a casi 3,000 campesinos colombianos, describiéndolos como guerrilleros muertos en acción, un fenómeno que acabó siendo llamado muertes de falsos positivos.

Fue una práctica generalizada, y los grupos de derechos humanos han alegado que eso fue parte de una estrategia para aumentar la cuenta interna de cadáveres y hacer ver que las fuerzas armadas, respaldadas por Estados Unidos, estaban teniendo más éxito en combatir a los grupos guerrilleros del que tenían en realidad.

Human Rights Watch concluyó que, en casi todos los casos de muertos falsos positivos, los jefes de brigada y/o unidad táctica habían enviado documentos oficiales que autorizaban las operaciones en las que murieron los campesinos. Esto sugiere que todos, en todos los niveles, estaban al tanto de lo que estaba pasando.

Los líderes de esos batallones y brigadas fueron promovidos más tarde, y, en el caso de Lasprilla, alcanzaron los niveles más altos de unas fuerzas armadas que han recibido cientos de millones de dólares del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Lasprilla no fue acusado directamente de ordenar matanzas extrajudiciales, pero el grupo de derechos humanos y otros en Colombia han identificado al menos 55 muertes de falsos positivos durante el tiempo en que él estuvo al frente de la Novena Brigada del Ejército en el departamento de Huila, en el área del suroeste de Colombia.

Más de 800 soldados de bajo rango han sido hallados culpables de las muertes de falsos positivos. Pero pocos en los altos rangos han enfrentado acusaciones, y en noviembre del año pasado las fuerzas armadas colombianas promovieron a cinco oficiales, entre ellos dos generales, contra los cuales grupos de derechos humanos alegan que existen pruebas creíbles de participación en los hechos.

Funcionarios de la Embajada confirmaron que Lasprilla está llegando al fin de su asignación de dos años en Washington y que regresará pronto a su país.　　　

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de abril de 2017, 4:23 p. m. with the headline "General colombiano vinculado a ejecuciones trabaja en embajada en EEUU."