EEUU sanciona a presidenta de GAESA. Canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba
El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones el jueves a la general que dirige el mayor conglomerado militar de Cuba, así como a una compañía cubana involucrada en una empresa mixta con el gigante minero canadiense Sherritt International, en la primera ronda de sanciones derivada de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump la semana pasada.
Más temprano ese mismo día, Sherritt anunció que suspendía sus operaciones en Cuba —donde extrae níquel y cobalto— debido a dicha orden ejecutiva, la cual amenaza con imponer sanciones a las empresas, tanto cubanas como extranjeras, que realicen negocios en sectores clave de la economía de la isla, incluida la minería.
Estas designaciones, sumadas a la probable salida de Sherritt de Cuba, están intensificando la presión sobre el gobierno cubano para que llegue a un acuerdo con el gobierno de Trump, que ha estado instando a los líderes cubanos a implementar reformas económicas y políticas.
Rubio pone en la mira a GAESA
El Secretario de Estado Marco Rubio declaró en un comunicado que había añadido a GAESA —siglas de Grupo de Administración Empresarial S.A.— y a su presidenta, la general Ania Guillermina Lastres Morera, a la lista negra del Tesoro de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas”. GAESA y sus filiales gestionan una gran parte de la economía cubana, incluida la industria del turismo.
“GAESA, una empresa matriz bajo control militar cubano, es el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, afirmó en el comunicado. “Mientras el pueblo cubano padece hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas —como su red eléctrica—, gran parte de los beneficios de las actividades de GAESA son desviados hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero”.
“Según estimaciones públicas recientes, es probable que los ingresos de GAESA superen en más de tres veces el presupuesto estatal, y que el grupo controle hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos”, señaló, haciendo referencia a una investigación del Miami Herald que reveló que el conglomerado poseía 18.000 millones de dólares en activos corrientes en marzo de 2024.
Lastres, añadió, “es responsable de la gestión de los activos ilícitos de GAESA que se encuentran en el ámbito internacional”.
Rubio también incluyó en la lista a Moa Nickel S.A., una empresa mixta formada por Sherritt International Corp. y la empresa estatal cubana Compañía General de Níquel. Según Rubio, esta entidad “obtiene beneficios de activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y corporaciones estadounidenses”.
Estas sanciones implican que los ciudadanos y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con las entidades designadas, y que sus activos ubicados en Estados Unidos —o aquellos controlados por una empresa o persona estadounidense— quedan bloqueados. El comunicado también advierte a las instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones con entidades o personas sancionadas en virtud de la autoridad de dicha orden ejecutiva que deben proceder con “precaución”.
“Las acciones destinadas a restituir activos a una parte sancionada, o a transferirlos a otra jurisdicción para su posible uso por parte de la entidad sancionada, podrían exponer a personas no estadounidenses a un riesgo significativo de sanciones”, reza el comunicado. El comunicado también señala que “el objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento”.
Sherritt abandona Cuba
La reacción ante la orden ejecutiva de Trump ha sido inmediata.
Antes del anuncio de sanciones por parte del Departamento de Estado, Sherritt declaró en un comunicado que había suspendido su participación directa en las actividades de empresas conjuntas en Cuba, asestando otro golpe a la economía cubana. La compañía informó que estaba retirando del país a todos sus empleados extranjeros y solicitó a sus empleados cubanos que abandonaran Canadá.
La empresa indicó que Sherritt no ha sido designada formalmente en virtud de la orden ejecutiva del viernes, pero que dicha designación “podría ocurrir en cualquier momento”.
“En cualquier caso, la mera emisión de la propia orden ejecutiva crea condiciones que alteran sustancialmente la capacidad de la Corporación para operar en el curso ordinario de sus negocios, incluidas las actividades relacionadas con las operaciones de las empresas conjuntas de Sherritt en Cuba”, afirmó la compañía.
La decisión de Sherritt es significativa porque demuestra que las meras amenazas contenidas en la orden ejecutiva de Trump bastaron “para propiciar una desvinculación proactiva de sus operaciones en Cuba”, señaló John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Es poco probable que muchas empresas acudan a llenar ese vacío debido a la orden ejecutiva, añadió.
“Ahora habrá razones adicionales para que las empresas eviten Cuba y para que aquellas que mantienen vínculos con la isla se desvinculen”, afirmó. “Una consecuencia será una mayor presión sobre Cuba para que realice cambios comerciales, económicos y financieros a fin de satisfacer al presidente Trump. Así pues, hasta el momento: presidente Trump 3, presidente Miguel Díaz-Canel 0”
La empresa canadiense venía haciendo negocios con Cuba desde 1991 en Moa, en la provincia de Holguín, en instalaciones que el gobierno cubano había expropiado a una firma estadounidense —la Freeport Sulphur Company— poco después de que Fidel Castro asumiera el poder en 1959. La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos certificó una reclamación de propiedad relacionada con el emplazamiento de Moa, valorada en 88,3 millones de dólares. En la década de 1990, las visas estadounidenses de los ejecutivos de Sherritt fueron revocadas debido al uso que la empresa hacía de dichas instalaciones confiscadas.
En febrero, Sherritt anunció que reduciría sus operaciones en Cuba debido a la escasez de combustible en la isla.
Sherritt también posee intereses en Energas, una empresa mixta cubana.
“Estas sanciones forman parte de la campaña integral de la administración Trump para hacer frente a las apremiantes amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista de Cuba, así como para exigir responsabilidades al régimen y a aquellos que le brindan apoyo material o financiero”, declaró Rubio. “A tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado para convertirla en una plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas. Cabe esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas”.