American Airlines e Iberostar llegan a acuerdo tras demandas por confiscaciones en Cuba
American Airlines y la cadena hotelera española Iberostar llegaron a un acuerdo para poner fin a las demandas presentadas por cubanoamericanos que heredaron propiedades confiscadas por el gobierno cubano hace seis décadas, en lo que constituye otro revés para las empresas extranjeras que invierten o hacen negocios en la isla.
American Airlines fue la primera aerolínea en ser demandada, acusada de traficar con propiedades confiscadas en 2019, cuando el presidente Donald Trump, durante su primer mandato, puso en vigor una disposición de la Ley Helms-Burton de 1996 que había permanecido suspendida anteriormente.
La compañía fue demandada por José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, un empresario cercano al dictador cubano Fulgencio Batista, quien fuera propietario de lo que hoy es el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Según la demanda presentada por el bufete de abogados de Miami Rivero Mestre, López Vilaboy adquirió los terrenos del aeropuerto a su anterior propietario, Pan American Airways, en 1952 por 1,5 millones de dólares en efectivo. Posteriormente, el empresario cubano modernizó la pista de aterrizaje y construyó la terminal aeroportuaria, a la cual rebautizó como José Martí. El aeropuerto fue confiscado poco después de que Fidel Castro asumiera el poder en enero de 1959.
Iberostar, una empresa española que se ha asociado con Gaviota —la compañía de turismo de propiedad militar de Cuba— y con otras empresas estatales para gestionar varios hoteles en la isla, fue demandada por el heredero de Dolores Martí Mercade y Fernando Canto Bory, propietarios de un hotel llamado El Imperial en Santiago de Cuba, el cual fue posteriormente rebautizado como Iberostar Heritage Imperial. Un bufete de abogados de Coral Gables, Zampano Patricios, los representó ante los tribunales.
Iberostar llegó a un acuerdo el año pasado, y American Airlines a principios de este año. Dichos acuerdos no se habían hecho públicos y fueron reportados por primera vez este fin de semana por el Consejo Económico y Comercial EE. UU.-Cuba.
La noticia de estos acuerdos se suma a la creciente incertidumbre que enfrentan las empresas extranjeras en Cuba, después de que la administración Trump intensificara la presión sobre el gobierno cubano y amenazara con sanciones a las compañías y bancos extranjeros que se asocien con dicho gobierno. La empresa minera canadiense Sherritt ya anunció que suspendería sus operaciones en la isla.
Dos demandas similares —una contra cuatro compañías de cruceros que atracaron en el puerto de La Habana y otra contra Cimex, la mayor empresa matriz del conglomerado militar cubano conocido como GAESA— se encuentran ante la Corte Suprema, y se espera un fallo en breve.
Los expertos consideran que un fallo favorable para los estadounidenses que demandaron por propiedades confiscadas podría disuadir aún más a los inversores extranjeros de hacer negocios en Cuba, hasta que las reclamaciones se resuelvan mediante negociaciones entre ambos gobiernos. Hasta ese momento, las empresas que lleguen al aeropuerto internacional de La Habana, por ejemplo, podrían enfrentarse a demandas similares.
Delta Air Lines también debe defenderse en una demanda separada presentada por López Vilaboy en noviembre del año pasado.
La cuestión de las reclamaciones se debatió en una reunión celebrada el mes pasado en La Habana entre altos funcionarios del Departamento de Estado y representantes del gobierno cubano.
Los acuerdos se producen tras años de feroces y costosas batallas judiciales, las cuales pusieron de relieve las dificultades para interpretar una disposición legal que fue promulgada varios años después de haber sido incorporada a la legislación.
El presidente Bill Clinton promulgó la Ley Helms-Burton —también conocida como la Ley de la Libertad de Cuba— en 1996, pero posteriormente suspendió una parte de la misma: el Título III, el cual otorga a los ciudadanos estadounidenses el derecho a demandar a las empresas que se beneficien de propiedades confiscadas en Cuba. Todos los presidentes habían suspendido dicha parte de la ley hasta que Trump la puso en vigor en 2019.
La demanda contra American Airlines había sido desestimada por un tribunal federal de Miami en 2022, dado que López Vilaboy no era ciudadano estadounidense en el momento en que heredó la reclamación, y su padre tampoco lo era cuando se confiscó el aeropuerto. Sin embargo, la Ley Helms-Burton no establece esos requisitos de ciudadanía, por lo que la decisión del tribunal de primera instancia fue revocada por un tribunal de apelaciones.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de mayo de 2026, 0:58 p. m..