‘La pesadilla terminó’: Celebran liberación de venezolanos detenidos en El Salvador
Dos familias que aseguran que sus seres queridos fueron acusados injustamente de pertenecer a pandillas violentas y permanecieron detenidos durante más de cuatro meses en la megacárcel de El Salvador celebran ahora que estos hombres estén entre las 252 personas intercambiadas el viernes por el gobierno estadounidense, a cambio de presos políticos y ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.
Las lágrimas corrían por el rostro de Daniela Palma al enterarse de que su novio —quien había recibido en 2023 el estatus de refugiado por parte del gobierno de EEUU en Colombia, junto con ella— había sido finalmente liberado tras meses de lo que ella califica como una “detención injusta”. Por motivos de seguridad, el Miami Herald lo identifica únicamente por sus iniciales, E.M., ante el riesgo de represalias por parte de las autoridades venezolanas.
“La pesadilla terminó”, declaró Palma al Herald.
Muchos de los venezolanos enviados al Centro de Internamiento para el Terrorismo (CECOT) de El Salvador tenían solicitudes de asilo pendientes. Pero sus familiares y abogados aseguraron al Herald que nunca tuvieron la oportunidad de presentar sus reclamos ante un tribunal antes de ser deportados. Hoy, su futuro en Venezuela sigue siendo incierto.
“Sabía que solo Dios podía obrar este milagro, y lo hizo”, añadió Palma.
De sobrevivir en Colombia a una amarga experiencia en EEUU
Palma, de 30 años, y su pareja, de 29, llegaron el 8 de enero al Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, tras vivir dos años en Bogotá. Luego de huir del régimen de Maduro, el gobierno de EEUU les otorgó estatus de refugiados en Colombia en 2023, con la esperanza de reconstruir sus vidas en un entorno seguro. En Bogotá, subsistieron con trabajos informales: vendiendo comida en las calles, haciendo repartos… cualquier cosa que fuera necesaria para sobrevivir.
Pero al llegar a Texas, sus esperanzas se desvanecieron en cuestión de segundos.
Un agente de inmigración le hizo a E.M. una pregunta aparentemente rutinaria: “¿Tiene tatuajes?”. Era la misma pregunta que ya había respondido en Colombia durante un riguroso proceso de selección. Respondió con sinceridad, levantándose la camisa y los pantalones para mostrar tatuajes en el pecho, brazos y piernas: una corona, un balón de fútbol y una palmera.
Ese momento lo cambió todo.
A pesar de no tener antecedentes penales y contar con estatus legal de refugiado, E.M. fue detenido y trasladado a tres centros migratorios distintos en Texas. Las autoridades de inmigración de EEEU interpretaron sus tatuajes como posibles señales de afiliación a pandillas, específicamente al Tren de Aragua, una violenta organización criminal venezolana con presencia en toda América Latina. Finalmente, fue enviado al CECOT como parte de una ofensiva contra presuntos pandilleros.
Palma, quien enfrentaba el riesgo de una detención prolongada, accedió a ser deportada a Colombia. La pareja ha estado separada desde enero. Recibió la noticia de su liberación en Bogotá, adonde había regresado desconsolada.
‘No más lágrimas’
E.M. y la mayoría de los venezolanos enviados a El Salvador fueron deportados por la administración Trump mediante poderes presidenciales en tiempos de guerra, amparados en una ley de 1798 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros. El gobierno los trasladó al Centro de Reclusión Antiterrorista de El Salvador, alegando que pertenecían a la notoria pandilla Tren de Aragua.
El intercambio del viernes también incluyó a siete menores no acompañados, de entre uno y 12 años, que habían sido separados de sus padres venezolanos en deportaciones anteriores, según informó el dirigente venezolano Diosdado Cabello a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, Venezuela ha recibido a más de 7,000 deportados.
Otra familia que celebra es la de Frengel Reyes Mota, un solicitante de asilo venezolano que debía continuar con su trámite para permanecer en EE.UU., pero que terminó encerrado a miles de kilómetros en la megaprisión.
Este padre de 25 años no tiene antecedentes penales en Venezuela. Sus registros de detención migratoria en EE.UU. contienen múltiples errores, lo que plantea serias dudas sobre su fiabilidad. No tiene tatuajes y su familia niega cualquier vínculo con pandillas.
El gobierno estadounidense alegó en el formulario I-213 de Reyes Mota —un documento que el Departamento de Seguridad Nacional utiliza para respaldar la deportación de una persona— que él “podría estar asociado al Tren de Aragua”. Sin embargo, en ese mismo documento, se señala que Reyes Mota no tiene antecedentes penales ni historial migratorio en EEUU. Además, el gobierno utiliza el apellido de otra persona en partes del documento, lo identifica con pronombres femeninos y emplea dos números de identificación migratoria distintos, lo que pone en duda la credibilidad de las acusaciones de los funcionarios de Trump en su contra.
En documentos judiciales federales, el gobierno de Trump reconoció que “muchos” venezolanos acusados de pertenecer a pandillas peligrosas —y deportados bajo poderes presidenciales— no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Argumentó que esto se debía a que llevaban poco tiempo en el país.
Desde joven, Reyes Mota formó una familia con Liyanara Sánchez, quien ya tenía un hijo. Para Daniel, hoy de 10 años, Reyes Mota no era solo su padrastro, sino su verdadero padre.
Cuando supo de su liberación, Daniel envió un mensaje en video al Herald con la voz entrecortada por la emoción: “Ya no tendrán que sufrir más, basta de lágrimas”, dijo. “Lo extraño mucho. Solo quiero decirle que se mantenga fuerte”.
Sánchez también expresó su alegría: “Anhelo escuchar su voz y abrazarlo”, dijo.
Traducción de Jorge Posada
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de julio de 2025, 3:46 p. m..