Inmigración

Sin tiempo o derechos: Pánico por planes de deportaciones rápidas a terceros países

Camas dentro del centro de detención de migrantes, llamado “Alligator Alcatraz”, ubicado en el sitio del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collie.
Camas dentro del centro de detención de migrantes, llamado “Alligator Alcatraz”, ubicado en el sitio del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collie. AFP via Getty Images

Las comunidades inmigrantes del sur de Florida están en alerta tras la divulgación de un nuevo memorando de inmigración de la administración Trump, que confirma que ahora los migrantes podrían ser deportados a países que no son los suyos con tan solo seis horas de aviso, incluso en casos en los que esos países no ofrecen garantías de seguridad.

La política, expuesta en un memorando del 9 de julio firmado por Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), amplía el uso controversial de las llamadas “deportaciones a terceros países”. Abogados migratorios, defensores de derechos humanos y familias denuncian que esta medida representa una de las tácticas más extremas del enfoque migratorio de línea dura del presidente Donald Trump.

“Están creando un verdadero caos”, dijo Elizabeth Amaran, abogada de inmigración radicada en Miami. “En la práctica, es casi imposible notificar a alguien a tiempo. Seis horas no son suficientes para preparar ninguna defensa legal; es, en efecto, una negación total del debido proceso”.

Miami, hogar de grandes comunidades de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, se perfila como una de las más afectadas por la nueva política y también una de las más sensibles políticamente. Muchos inmigrantes en el sur de Florida viven actualmente en un limbo legal, con solicitudes de asilo pendientes o con órdenes finales de deportación que no se han ejecutado.

Según el memorando, reportado inicialmente por The Washington Post, ICE ahora está autorizado a deportar a personas no ciudadanas —incluidos residentes de largo plazo en Estados Unidos— a terceros países con solo 24 horas de aviso. En “circunstancias urgentes”, ese plazo puede reducirse a seis horas, siempre y cuando se le ofrezca al detenido la oportunidad de hablar con un abogado.

En los casos en que el país receptor haya ofrecido “garantías diplomáticas creíbles” de que la persona deportada no enfrentará tortura ni persecución, ICE puede ejecutar la deportación sin necesidad de notificar previamente al afectado. Expertos legales aseguran que esto constituye un poder de expulsión desmedido, con escasas salvaguardas y sin transparencia.

“Esta política está muy por debajo de los estándares legales y de debido proceso que exige la ley”, dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, a la agencia Reuters. Su organización lidera una demanda colectiva contra ICE en una corte federal, argumentando que estas deportaciones son inconstitucionales.

La administración Trump ha defendido la medida como una herramienta necesaria para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados —incluyendo a algunos con antecedentes penales—, especialmente cuando sus países de origen se niegan a recibirlos. “Tenemos que sacar a lo peor de lo peor de nuestro país”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el domingo en Fox News.

Pero los datos y testimonios de abogados migratorios pintan otra realidad.

Amaran afirma que la mayoría de los detenidos en riesgo bajo esta política no tienen antecedentes penales.

“De las 14 personas que conozco detenidas recientemente, solo tres tienen algún antecedente”, explicó. “Muchas tienen solicitudes de asilo pendientes u otras vías legales disponibles. Están siendo deportadas antes de que sus casos sean siquiera escuchados”.

Agregó que muchos están siendo enviados a zonas remotas de México, a pesar de no ser ciudadanos mexicanos —y sin recursos para sobrevivir.

“Según me cuentan las familias, los trasladan en autobús a zonas fronterizas apartadas, les dan un permiso temporal de 15 días y los dejan ahí. Sin dinero, sin refugio, sin plan”, dijo Amaran.

El nuevo memorando de ICE se publicó poco después de que la Corte Suprema, en junio, levantara una orden judicial que bloqueaba temporalmente las deportaciones a terceros países. En su opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor advirtió que esta política pondría “miles de vidas en riesgo de persecución y tortura”, y acusó al gobierno de abandonar toda cautela en asuntos de vida o muerte.

Desde el fallo, la administración Trump ha reanudado las expulsiones más polémicas. La semana pasada, ocho migrantes procedentes de países como Cuba, Sudán y Vietnam fueron deportados a Sudán del Sur, una nación sumida en un conflicto civil. Según informes, funcionarios estadounidenses presionaron a cinco países africanos —Liberia, Senegal, Guinea-Bisáu, Mauritania y Gabón— para que aceptaran deportados provenientes de otras regiones, como América Latina y el sudeste asiático.

Uno de los casos más notorios es el de Kilmar Abrego García, un residente de Maryland deportado erróneamente a El Salvador pese a una orden judicial que prohibía su salida. Tras semanas de presión legal, la Corte Suprema ordenó su retorno a EE.UU., solo para que la administración Trump amenazara con deportarlo nuevamente —esta vez a un tercer país no identificado.

Aunque las deportaciones a terceros países no son nuevas, históricamente han sido raras y limitadas. Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos deportó a un número reducido de salvadoreños y hondureños a Guatemala. La administración Biden, si bien también recibió críticas por su manejo migratorio, buscó acuerdos regionales para gestionar los flujos migratorios, incluyendo pactos con México para aceptar miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos bajo condiciones específicas.

Lo que ha cambiado ahora, advierten los defensores, es tanto la escala como la velocidad.

El memorando requiere que los agentes de ICE proporcionen “medios razonables y oportunidad” para que el detenido hable con un abogado, pero Amaran asegura que eso está lejos de cumplirse.

“Dicen que la persona puede hablar con un abogado, pero el sistema para que eso ocurra simplemente no funciona. ICE ignora las llamadas programadas constantemente. No se puede conseguir que un juez tome una decisión en seis horas”, afirmó. “Con este tiempo tan corto, el ahogado está básicamente obligado a quedarse con los brazos cruzados, y el efecto de esto es el mismo que si no les dieran absolutamente ningún derecho a estas personas”.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de julio de 2025, 7:22 p. m..

Antonio Maria Delgado
el Nuevo Herald
Galardonado periodista con más de 30 años de experiencia, especializado en la cobertura de temas sobre Venezuela. Amante de la historia y la literatura.
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