El oscuro secreto en campos agrícolas de Florida: trabajo forzoso de extranjeros
Un hombre se declaró culpable por su participación en una conspiración para explotar a trabajadores mexicanos traídos a Florida y a otros cuatro estados con visas agrícolas H-2A, obligándolos a laborar en condiciones de trabajo forzoso.
Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, también conocido como “Quichi”, se declaró culpable en un tribunal federal de Tampa de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), informó el Departamento de Justicia.
Un gran jurado federal del Distrito Medio de Florida había presentado previamente una acusación formal de seis cargos contra varios acusados por su participación en la conspiración, que victimizó a trabajadores mexicanos que, entre 2015 y 2017, trabajaron en Estados Unidos cosechando frutas, verduras y otros productos agrícolas.
Los acusados operaban y administraban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa contratista de mano de obra agrícola que funcionaba como una organización criminal que obligaba a las víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte, según documentos judiciales.
Villatoro Moreno y sus coacusados reclutaron fraudulentamente a mexicanos para que ingresaran a Estados Unidos con visas agrícolas de corto plazo y engañaron a EEUU para obtener el visado para las víctimas, de acuerdo con las autoridades.
Mentiras y coerción
Los acusados cobraron a los trabajadores tarifas exorbitantes de reclutamiento para trabajar para LVH y les mintieron sobre el salario, las horas, las condiciones laborales y el reembolso de las tarifas de reclutamiento y otros gastos.
Los trabajadores se vieron obligados a realizar largas jornadas de trabajo agrícola físicamente exigente, de seis a siete días a la semana, por un salario muy inferior al que les correspondía por ley.
Además de las condiciones laborales, Villatoro Moreno y sus coacusados emplearon diversos medios coercitivos para obligar a las víctimas a trabajar, incluyendo la imposición de deudas, la confiscación de sus pasaportes y el sometimiento de los trabajadores a condiciones de vida hacinadas, insalubres y degradantes.
También recurrieron al abuso verbal y a la humillación de los trabajadores, los amenazaron con arresto, cárcel y deportación, los aislaron impidiéndoles interactuar con cualquier persona que no fuera empleada de LVH y amenazaron con dañar físicamente a sus familiares en México si no cumplían con sus demandas.
Cuando las autoridades comenzaron la investigación, Villatoro Moreno obstruyó la pesquisa federal ayudando a preparar información falsa sobre nóminas para ocultar pagos insuficientes a los trabajadores y distribuyendo recibos de reembolso falsos a las víctimas para simular que LVH cumplía con la ley al reembolsarles los gastos de viaje.
Coacusados se declaran culpables
Los cuatro coacusados de Villatoro Moreno se declararon previamente culpables por su participación en el esquema. Bladimir Moreno, hermano de Alexander Villatoro Moreno y propietario de LVH, se declaró culpable en 2022 de conspiración para violar la Ley RICO y conspiración para cometer trabajo forzoso.
Efraín Cabrera Rodas y Christina Gámez, supervisores de LVH, se declararon culpables de conspiración para violar la Ley RICO, mientras que Guadalupe Méndez Mendoza, otra supervisora de LVH, se declaró culpable de conspiración para obstruir una investigación federal.
En 2022, Bladimir Moreno fue sentenciado a 118 meses de prisión y se le ordenó pagar más de $175,000 en restitución a las víctimas, mientras que Rodas y Gámez fueron sentenciados a 41 y 37 meses de prisión, respectivamente.
Mendoza también fue sentenciada en 2022 a cumplir ocho meses de arresto domiciliario y una multa de $5,500 a pagar durante 24 meses de libertad supervisada.
