Reunión en el Miami Herald sobre las ‘Víctimas inocentes’
Por pura casualidad, la publicación de la serie “Víctimas inocentes” del Miami Herald llegó en un momento de abundancia en Tallahassee, con los ingresos al presupuesto estatal en su punto más alto en siete años.
Ese superávit de dinero, combinado con la indignación pública a causa de las conclusiones del estudio del Miami Herald, ha creado un fuerte impulso para reestructurar la manera en que la Florida protege a sus niños más vulnerables.
¿Será este el momento en que por fin la Florida haga las cosas bien?
El jueves, un grupo de legisladores estatales, activistas defensores de los niños y altos funcionarios del Departamento de Niños y Familias se reunieron en la oficinas del Miami Herald en el Doral para hablar de soluciones posibles, problemas persistentes, y el asunto esencial del financiamiento. En la mente de todos estaban los 477 niños que figuraron en “Víctimas inocentes”, niños que perecieron luego de pasar por la red de seguridad del estado.
La reunión estuvo abierta al público, y asistieron aproximadamente unas 300 personas.
“No queremos sólo poner en evidencia el problema, sino además ayudar a guiar la conversación sobre cuál es la solución para sacarlo adelante”, dijo la directora ejecutiva del Miami Herald Aminda Marqués González a los presentes cuando comenzó el foro.
Entre las primeras personas que hablaron estuvieron varios administradores de alto nivel del DCF quienes, en lugar de tratar de refutar las conclusiones del periódico, elogiaron la investigación como un importante servicio al público.
“Lo que ustedes hicieron fue mostrar nombres y rostros al público”, dijo Peter Digre, subsecretario del DCF. “Tengo muchas esperanzas de que esto conduzca a medidas muy, pero muy concretas este año”.
Grainne O’Sullivan, directora de servicios legales para niños del DCF, dijo: “Este artículo ha hecho un bien inmenso”.
El gobernador Rick Scott ha hecho un llamado a los legisladores a aumentar los fondos de protección infantil en alrededor de $39 millones, fondos que se dedicarían a contratar más personal y reducir la carga de casos por cada trabajador social. Es posible que la Legislatura decida aumentar los fondos para el DCF y otras agencias en más de $39 millones.