Escándalo por cheque de $25,000: Pam Bondi y las demandas contra Trump
La aceptación de un cheque por $25,000 que Donald Trump le entregó a Pam Bondi, procuradora general de la Florida, ha provocado en los últimos tres años un sinfín de alegaciones relacionadas con los seminarios de bienes raíces que ofrece la Universidad Trump.
Sin embargo, una ironía que se pasado por alto es que Bondi no necesita la contribución.
En su cómoda victoria del 2014 por la reelección, Bondi recaudó dos veces más dinero que su rival demócrata. El balance del comité político que recibió el cheque es de $157,000.
De cualquier modo, esta superflua contribución ha significado un costo enorme, dominando la campaña presidencial durante semanas, al tiempo que ha dañado la reputación de Bondi y desatado peticiones para que se lleven a cabo investigaciones penales.
¿Cómo todo esto se ha convertido en una de las más polémicas contribuciones de campaña de la historia de la Florida?
Más de 9,000 páginas de correos electrónicos internos y quejas del consumidor revisadas por el Times/Herald dibujan una historia de usuarios frustrados de la Universidad Trump que abarca un período de ocho años y dos procuradores generales.
Lo que muestran estos documentos es que la chispa de lo que se ha vuelto un serio problema político a nivel nacional se encendió antes de que Bondi ocupara su cargo.
Bondi trabajaba como asistente de la Fiscalía Estatal en Tampa y todavía no había expresado públicamente su interés en ningún cargo cuando casi dos docenas de personas presentaron demandas en la Procuraduría General de la Florida sobre dos empresas relacionadas con Trump.
Las demandas comenzaron en el 2008, presentadas por usuarios enfurecidos que gastaron grandes sumas de dinero en la Universidad y el Instituto Trump. Algunos incluso dijeron haber perdido los ahorros de toda una vida.
Belinda Swain, abuela que reside en Decatur, Georgia, calificó los seminarios de bienes raíces de Trump como una “gran mentira”.
“Me prometieron que tendría éxito como inversionista de bienes raíces”, dijo Swain, de 77 años y jubilada del servicio postal. Según indican ciertos documentos, empleados de los seminarios le pidieron a Swain que le solicitara dinero a su banco para poder seguir pagando el costo de los seminarios.
De acuerdo con documentos del 2008 y el 2009, el personal legal que trabajaba para el predecesor de Bondi, Bill McCollum, solía referir a las personas a otras agencias en busca de ayuda, entre ellas el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor (DACS), el Departamento de Negocios y Regulación Profesional y el Condado Palm Beach, sede del Instituto Trump, el acaudalado seminario.
En una declaración hecha en 2010 al New York Daily News, un portavoz de McCollum dijo que su oficina estaba “revisando las demandas recibidas”, pero insistió en que no había ninguna investigación estatal sobre el Instituto Trump, con sede en Boca Raton.
“No había muchas demandas”, le dijo McCollum el viernes al Times/Herald.
Cuando hace seis años, Bondi ocupó el cargo de procuradora general de la Florida, su unidad de delitos económicos se llenó de nuevas preguntas sobre un tema viejo: la Universidad Trump y sus muchas promesas incumplidas.
Los expertos legales que demostraron poco interés en los casos bajo el mando de McCollum empezaron a trabajar para Bondi.
“Recuerdo una ocasión tener una ligera discusión sobre el dedicar estos recursos adicionales a estos casos de seminarios”, escribió Liz Starr, empleada de Bondi, en un correo electrónico el 14 de abril del 2011, luego de que NBC News le preguntó cuál era el estatus de las demandas. “En cuanto a responder si estamos investigando el asunto, tengo que decir que no hay ninguna pesquisa en camino”.
Al mes siguiente, Bondi recibió su primera demanda sobre la Universidad Trump.
Charles Jacobson, de Bradenton, perdió más de $26,000 en los seminarios de bienes raíces y tuvo que declararse en bancarrota.
Bondi, al igual que McCollum antes que ella, refirió a Jacobson a la Procuraduría General de Nueva York, que entonces comenzaba a investigar la Universidad Trump. También se le aconsejó que buscara un abogado privado y buscara orientación en la internet.
Jacobson y las demás personas que presentaron demandas cuando McCollum estaba a cargo de la fiscalía, dependían de la oficina de Bondi para que tomara algún tipo de acción. Pero Bondi, al igual que McCollum, era una republicana “extremadamente a favor de los negocios” que prefería que las compañías solucionaran los problemas sin necesidad de acción legal.
Unas 1,200 millas al norte, otro procurador general, Eric Schneiderman, demócrata, tomaba una actitud diferente.
Schneiderman, de Nueva York, no sólo rastreó las quejas que recibió su oficina sobre la Universidad Trump y sus afiliados, sino que buscó demandas de otros estados.
Cuando Schneiderman presentó una demanda el 25 de agosto del 2013, argumentó que las empresas eran “una farsa de ganancias universitarias” que estafaron a 5,000 consumidores y buscaron $40 millones como restitución. En la demanda de Nueva York aparecen ocho quejas de la Florida.
Fue aproximadamente por esta época que Bondi solicitó y recibió la contribución de Trump. Ni Bondi ni Trump han especificado cuándo hablaron, pero ambos estuvieron de acuerdo en decir que fue Bondi la que pidió el dinero.
Trump firmó el cheque, con fecha 9 de septiembre del 2013.
Cuando Bondi aceptó el cheque, un reportero del Orlando Sentinel ya le había preguntado a su personal acerca de la demanda de Schneiderman y si a su oficina le interesaba sumarse a la demanda. El artículo del 14 de septiembre mencionaba a un portavoz de Bondi, que dijo que la oficina estaba estudiando las alegaciones.
Tres días más tarde, el cheque de Trump se depositó en la cuenta de la campaña de reelección de Bondi.
El 27 de septiembre, la oficina de Bondi recibió su segunda demanda.
Harold Stevens, de 52 años, de Interlachen, Florida, escribió de su puño y letra una queja donde decía que todos los meses la Universidad Trump seguía sacando $50 de su cuenta de banco sin su aprobación, y que sus cheques habían comenzado a rebotar.
En una respuesta fechada el 10 de octubre, la oficina de Bondi dijo que le enviaría la queja de Stevens al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Si esa gestión no funcionaba, entonces Stevens debía buscar un abogado privado.
Como regla, la oficina de Bondi acostumbra a mandar las demandas a la DACS, dijo Whitney Ray, portavoz de Bondi.
La oficina de Bondi dijo que la procuradora general no tuvo nada que ver con la decisión de no investigar la Universidad Trump y que las demandas en contra de la institución fueron brevemente revisadas por su personal.
Sin embargo, entre los miles de correos electrónicos internos que dio a conocer la oficina de Bondi se encuentran conversaciones sobre la Universidad Trump y sus principales asesores, entre ellos el entonces jefe de despacho Carlos Muñiz y la subprocuradora general Trish Conners, en las semanas siguientes de recibir el cheque de Trump por $25,000.
“Necesitamos saber más sobre la escuela y por qué mantenemos todavía todas esas investigaciones”, escribió Conners el 14 de octubre del 2013.
Cinco meses después que Conners le dijo a Stevens que buscara ayuda en cualquier otra parte, Trump celebró un evento de recaudación de fondos para Bondi en un centro turístico Mar-a-Lago en Palm Beach, donde según estimados de su campaña, Bondi recaudó unos $150,000.
A pesar de varias llamadas telefónicas y dos visitas a su casa cerca de Palatka, Stevens no pudo ser localizado.
Jacobson, que en el 2011 envió su demanda la oficina de Bondi, no pudo tampoco ser localizado. En el 2013, sin embargo, le dijo al Times/Herald que la contribución de Trump no le pareció correcta.
El cabildero de Tallahassee Brian Ballard, aliado de Bondi y Trump, dijo que la controversia se ha sacado de contexto.
“Le gusta apoyar a personas cuando sabe en qué creen”, dijo Ballard, que representa los intereses de Trump en el Capitolio y organiza eventos de recaudación de fondos para Trump . “Los demócratas están manipulando los hechos. Esta historia es fabricada, y no va a ninguna parte”.
Sin embargo, la polémica continúa, y ahora ha cobrado un segundo aire bajo el brillo de la batalla presidencial, donde Hillary Clinton y Trump en la actualidad están virtualmente empatados en varias encuestas nacionales.
A principios de año, la contribución era un punto candente. Bondi, de 50 años, era una partidaria entusiasta de Jeb Bush. Pero Bush se retiró de la contienda en febrero.
El 14 de marzo, Bondi respaldó a Trump, lo que provocó nuevas preguntas sobre la contribución. Dos semanas después del haber hecho público su apoyo a Trump, Bondi fue presionada a revelar detalles sobre los $25,000 tras una reunión del Gabinete.
Cuatro veces se negó a responder preguntas sobre el particular.
“Voy a dejar que sean los contadores los que manejen todo esto”, dijo Bondi.
La Associated Press reveló posteriormente que, en efecto, Bondi pidió la contribución. El asunto recibió aún más atención cuando a principios de este mes, el Washington Post reportó que Trump le pagó una multa de $2,500 al Servicio de Rentas Internas (IRS). Luego se supo que el cheque lo hizo una organización sin fines de lucro de Trump, que legalmente no puede contribuir a causas políticas.
Activistas de los derechos de los consumidores dijeron que en el drama político se pierde el daño que pueden ocasionar las universidades con fines de lucro.
“Me hubiera gustado ver un poco más de mano dura en la procuradora, en todas partes, no sólo en la Universidad Trump”, dijo Alice Vickers de la organización sin fines de lucro Florida Alliance for Consumer Protection. “Ellos son todos un gran problema”.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de septiembre de 2016, 4:02 p. m. with the headline "Escándalo por cheque de $25,000: Pam Bondi y las demandas contra Trump."