El alto costo de pagar por la defensa de los condenados a muerte
Casi una década después de que cinco notorios miembros de una pandilla callejera conocida como los Terrorist Boyz fueran encausados con relación a nueve asesinatos y docenas de tiroteos, el primer acusado se declaró culpable en una odisea legal que cuenta con una distinción única:
A los contribuyentes se les ha facturado $4.2 millones para ayudar a defender a esos hombres, lo cual hace de este caso el caso más costoso de pena de muerte en la historia reciente en la Florida. Y falta mucho para que se acabe.
La lentitud con que el caso avanza a través del sistema legal pone de manifiesto que los casos de defensa contra pena de muerte son mucho más caros en el condado Miami-Dade que en cualquier otra parte del estado.
Miami-Dade representa el 38 por ciento del total de facturaciones en la Florida, pero sólo el 18 por ciento de los casos del estado.
Y a los contribuyentes se les ha facturado $50 millones por abogados defensores designados por el tribunal, investigadores, expertos y otros en Miami-Dade en 352 casos de asesinato de primer grado que se remontan a fines de la década de 1990, de acuerdo con un análisis de archivos estatales hecho por el Miami Herald. Eso es más del triple de lo gastado en el condado que le sigue en costos, Broward, donde se gastaron $13.8 millones, aunque en 131 casos menos.
De los $50 millones facturados a lo largo de esos años, se pagaron $47.4 millones y el resto del dinero espera ser procesado en casos pendientes.
El abogado litigante de pena capital mejor pagado de la Florida, Terry Lenamon de Miami, ha ganado $5 millones en el curso de 59 casos de pena capital desde el 2000. El no le hace ascos a esa distinción, y señala que ha impedido la ejecución de todos sus clientes menos dos, y la sentencia de uno de esos dos fue derogada tras la apelación.
“Es dinero bien gastado. En muchos lugares de la Florida se gasta muy poco en casos de pena de muerte, y hay mucho apuro en completar los casos”, dijo Lenamon, quien fundó un grupo sin ánimo de lucro llamado Florida Capital Resource Center (Centro de Recursos para la pena Capital en la Florida) que asiste a los abogados en casos de pena de muerte. “Tengo la responsabilidad de asegurar que no se deje piedra por mover. Es una proposición muy costosa, pero hay una solución muy sencilla: acabar con la pena de muerte”.
¿Por qué es Miami mucho más caro? La respuesta reside en el complicado proceso de cómo se llevan los casos de pena de muerte después de un encausamiento de gran jurado.
En Miami-Dade, un grupo pequeño pero experimentado de abogados defensores son designados por los tribunales para ocuparse de casos de pena de muerte. su tarea es convencer a un comité de fiscales para que recomienden eliminar la pena de muerte como castigo para alguien acusado de asesinato de primer grado.
Pero el proceso puede demorar años, y las facturas se van acumulando. Por ejemplo, pasaron ocho años antes de que la fiscalía renunciara en diciembre a la pena de muerte contra Robert St. Germain, de 34 años, el primero de los supuestos Terrorist Boyz en cerrar su caso. El se declaró finalmente culpable el viernes de dos asesinatos, media docena de intentos de asesinato y un atentado con bomba incendiaria.
La factura de la defensa de St. Germain fue de $1.03 millones, de acuerdo con archivos estatales. Su sentencia: 12 años de cárcel, de los cuales ya ha cumplido nueve. Los otros cuatro continúan en espera de juicio y todavía enfrentan pena de muerte.
Cada uno de los dos lados culpa al otro de demorar el proceso legal.
Los abogados defensores insisten que la fiscalía demora demasiado en renunciar a la opción de la pena de muerte, tal vez con la esperanza de usar el castigo potencial para forzar un acuerdo extrajudicial. Pero la fiscalía alega que los abogados defensores demoran demasiado en brindar “mitigación”: una exhaustiva investigación de antecedentes del acusado que se necesita para renunciar a la pena de muerte.
“La mitigación lo es todo. Es importante tener esa información lo antes posible”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade Katherine Fernández Rundle. “La mitigación nos puede ayudar a resolver estos casos más rápido y de modo más justo, no sólo para los acusados sino además para los familiares sufrientes de las víctimas”.
Ambos lados afirman que, a pesar de los altos costos y las demoras, el sistema funciona para limitar la aplicación de la pena máxima por parte del Condado.
La fiscalía señala que, en un condado tan grande como Miami-Dade, relativamente pocos enfrentan ejecución, sólo lo peor de lo peor. Solamente cinco presos de Miami-Dade de la última década esperan ejecución actualmente, en comparación con 26 del área de Jacksonville en el mismo período de tiempo.
Y los abogados defensores de Miami insisten que su labor sirve para salvar vidas, y la mayoría de ellos tienen éxito en conseguir que se renuncie a la pena de muerte antes del juicio.
David S. Markus, el segundo abogado mejor pagado, quien ha facturado por $3.1 millones por casos de pena capital en los últimos años: “Nosotros recibimos un pago fijo de $100 por hora. Eso está muy por debajo del valor de mercado. Nuestro trabajo vale entre $300 y $400 por hora debido a la pericia y experiencia que tienen los abogados. Tenemos muchos más casos de pena de muerte en Miami, y contamos con un colegio de abogados defensores mucho más agresivo”.
Los datos de finanzas fueron suministrados por la Comisión Administrativa de Justicia de la Florida, la cual se ocupa de la facturación para los clientes que no pueden permitirse contratar a sus propios abogados defensores. Las estadísticas no dan un cuadro completo de los costos previos al juicio en los casos de pena de muerte en la Florida; las mismas no toman en cuenta a los acusados representados por la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade o de la Oficina de Abogacía para Conflictos Regionales (Regional Conflict Counsel Office), financiada por los contribuyentes, la cual emplea a abogados a sueldo que no facturan por hora.
La comisión no empezó a manejar la facturación de litigación de pena de muerte hasta el 2004, aunque algunos de esos casos por lo criminal comenzaron años antes.
El ex fiscal de Miami-Dade Abe Laeser dijo que él considera que los abogados defensores demoran intencionalmente los casos debido a que cobran por hora. “La solución más simple es no hacer esto algo tan lucrativo”, dijo Laeser.
Hay pocas probabilidades de que el proceso sea acelerado en los próximos tiempos. En el futuro cercano, los juicios de pena de muerte de la Florida se mantienen por su mayor parte en el limbo.
La razón es que el Tribunal Supremo de la Florida está analizando si los jurados tienen que ser unánimes en caso de castigar con pena de muerte, como se exige en casi todos los estados que todavía mantienen la pena capital. Asimismo, el Supremo estatal está considerando si una decisión reciente del Tribunal Supremo federal de acuerdo con la cual el proceso de sentencia de la Florida es inconstitucional significaría nuevas sentencias para cientos de presos condenados a muerte.
Pero en el juzgado por lo criminal de Miami, muchos casos nuevos de pena capital continúan siendo procesados, detectives sobrecargados de trabajo se esfuerzan por terminan sus informes, la fiscalía estudia pruebas y los abogados defensores consultan a expertos y fijan deposiciones. Los jueces son parte del proceso también, pues ellos tienen que aprobar gran parte de las facturas de la defensa.
La jueza de circuito de Miami-Dade Nushin Sayfie, quien dirige la administración de la división de lo criminal, admitió que el sistema está a menudo sobrecargado, y que eso puede conducir a demorar y a costos más altos. Y los jueces están al tanto de que cada caso de la litigación de los casos de pena de muerte está bajo el escrutinio de los tribunales superiores que pueden revertir un veredicto de culpabilidad, afirmó.
“Aquí los jueces, cuando hacemos juicios, queremos hacer las cosas bien la primera vez”, dijo Sayfie.
Eso significa que los jueces no dudan en aprobar fondos para expertos o testigos adicionales, y para las facturas de los abogados, dijo el juez de circuito retirado de Miami-Dade Stanford Blake, quien además supervisó la administración en el juzgado de lo criminal.
“Puedo decirles que, como juez que supervisaba los pagos, yo revisé cada factura, y hubo momentos en que recortamos un poco aquí y allá. Pero lo que ellos cobran es más que razonable por el trabajo que hacen”, dijo Blake. “¿Dan resultados? Por supuesto. ¿Me siento cómodo si tengo que imponer la pena de muerte a alguien que estuvo bien representado? Por supuesto”.
En la Florida, solamente las personas encausadas por un gran jurado por cargos de asesinato de primer grado son elegibles para la pena de muerte.
Por ley, la fiscalía tiene que presentar una notificación de pedir la pena de muerte dentro de un plazo de 45 días. Con un plazo tan breve, ellos lo presentan en todos los encausamientos por asesinato de primer grado para no perder más tarde la posibilidad de pedir la ejecución.
Luego de que alguien es encausado, normalmente se designa para que los representen o bien la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade o la de Abogacía para Conflictos Regionales.
Pero, en caso de que haya un conflicto, el juez tiene que designar a un abogado privado. Desde principios de los años ‘90, los abogados privados designados en Miami han sido escogidos de un grupo de abogados certificados para manejar casos de pena de muerte. Sólo hay 26 calificados para manejar casos de pena de muerte, aunque el sistema judicial local está considerando modificar las reglas para expandir el número de abogados que pueden manejar casos de pena capital.
En cada caso de pena de muerte son designados automáticamente dos abogados, uno de los cuales está a cargo de ocuparse de la mitigación con objeto de persuadir a la fiscalía — o al jurado en el juicio — a no optar por la ejecución.
La eliminación de la pena de muerte se hace a veces con relativa rapidez. A los 21 años, y con un historial de enfermedades mentales, Matthew Guzmán fue encausado por dos asesinatos en el 2011. En un plazo de tres meses, sus abogados — que no eran privados, sino de Oficina del Defensor Público — empezaron a presentar pruebas para la mitigación. En marzo del 2012, la fiscalía eliminó la posibilidad de pena de muerte; él está todavía en espera de juicio.
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de octubre de 2016, 6:51 p. m. with the headline "El alto costo de pagar por la defensa de los condenados a muerte ."