Torturas y abusos causaron muerte de preso en Florida

Un preso de 27 años murió en la Institución Correccional Franklin en el 2010 a consecuencia de las torturas, golpes y fumigación con gases que le propinaron agentes correccionales, de acuerdo con una demanda judicial de derechos civiles de 33 páginas presentada el lunes.

El preso, Randall Jordan-Aparo, sufría de una enfermedad genética de la sangre que se le había agravado en los meses que precedieron a su muerte. A medida que su condición empeoraba, según alega la demanda judicial, los agentes correccionales, médicos y enfermeros de la prisión le negaron atención médica, y, cuando se quejó, lo metieron a la fuerza en una celda de aislamiento y lo fumigaron con gases hasta que no pudo respirar más.

El preso, quien estaba cumpliendo una condena por fraude de tarjetas de crédito, fue encontrado muerto en su celda, solo vestido con calzoncillos estilo boxer, en marzo del 2010. Fotografías del cadáver lo muestran boca arriba junto a su Biblia. El cabello, las piernas, los dedos de los pies y la boca –así como las paredes de su celda– estaban cubiertos de un residuo anaranjado, traza del spray químico.

En total, se vio sujeto a 600 gramos de agentes químicos en un espacio confinado, una cantidad muy por encima de los niveles letales, de acuerdo con una investigación hecha por el Miami Herald en el 2014.

La demanda, presentada a nombre de la hija de 12 años de Jordan-Aparo, alega que los agentes correccionales asesinaron a Jordan-Aparo y que los enfermeros, los médicos y la alcaidesa –todos nombrados en la demanda– conspiraron para encubrir su muerte por medio de eliminar evidencia, falsificar informes y amenazar a los testigos.

La demanda judicial es la más reciente de una serie de medidas legales presentadas en contra del Departamento de Correccionales de la Florida (FDC) con relación a presos que murieron, supuestamente, como resultado de malos tratos a manos de agentes correccionales, personal médico, o ambos. Las demandas judiciales alegan que la agencia tiene un historial de corrupción relacionado con la destrucción y falsificación de pruebas para ocultar las muertes sospechosas de presos de la Florida.

Encubrimiento de muertes por violencia

Las circunstancias de la muerte de Jordan-Aparo son similares a las de las muertes de otros presos que fueron investigadas por el Miami Herald durante los últimos tres años. Entre ellos:

▪  Darren Rainey, preso de 50 años que sufría de padecimientos mentales, quien fue puesto en una ducha hirviente en la Institución Correccional de Dade en el 2012;

▪ Rommell Johnson, de 44 años, preso asmático con graves problemas respiratorios, quien fuera fumigado con gases en un espacio confinado en el 2010;

▪ Ricky Martin, de 24 años, muerto a golpes por otro preso mientras agentes pasaban junto a su celda en el 2012.

▪ Matthew Walker, de 47 años, muerto a golpes por agentes correccionales en la Institución Correccional de Charlotte en el 2014.

En el caso más reciente, una demanda judicial federal de derechos civiles fue presentada por la muerte de Frank Smith, de 44 años, quien resultó gravemente lesionado en el 2012 mientras era transportado de Shands Hospital en Gainesville a la Institución Correccional de Union. La demanda sostiene que Smith fue golpeado tan brutalmente por los agentes correccionales que quedó paralizado y murió varios meses más tarde a causa de graves traumas craneales.

En todos esos casos, el inspector general de la cárcel no encontró evidencia alguna de conducta criminal. Nadie ha sido encausado en ninguno de esos casos.

La muerte de Jordan-Aparo, que está aun siendo investigada por el FBI y el Departamento de Policía de la Florida (FDLE), es también objetivo de demandas judiciales adicionales presentadas por los investigadores del propio FDC, quienes alegan que la agencia conspiró para encubrir su muerte y luego tomó represalias contra ellos cuando trataron de investigar de nuevo lo ocurrido.

En junio, un panel estatal falló que la agencia de prisiones violó su propio reglamento al acumular alegaciones en contra de uno de los investigadores, Doug Glisson, y pasar más tiempo investigándolo a él por cargos inventados que el tiempo que pasaron investigando alegaciones de abuso a los presos por parte del personal, como en el caso de Jordan-Aparo.

Glisson y otros tres inspectores de prisiones –Aubrey Land, David Clark y John Ulm– están demandando a la agencia acusándola de encubrimiento, abuso a los presos e interferencia política. Como parte de una demanda judicial presentada en junio, Ulm y Glisson alegan que la oficina del gobernador Rick Scott ha ejercido influencia sobre las investigaciones de la agencia, acusando tanto al ex abogado principal del gobernador, Pete Antonacci, como a su inspector general en jefe, Melinda Miguel, de involucrarse.

Land dio detalles de pruebas de encubrimiento en el caso de Jordan-Aparo a Miguel en una entrevista grabada llevada a cabo en el 2013. Hasta el momento, nadie del Departamento de Policía de la Florida o el FBI se ha entrevistado con Land o con ningún otro testigo en relación con la muerte de Jordan-Aparo.

La demanda judicial por Jordan-Aparo fue presentada por Amanda Cimillo, la madre de su hija de 12 años.

“No debería demorar seis años presentar cargos en este caso. Esto no es una novela policial”, dijo Steven R. Andrews, abogado de Tallahassee que representa a la hija de Jordan-Aparo, a quien no se identificó en la demanda judicial.

La demanda alega que los agentes que fumigaron con gases a Jordan-Aparo, así como los médicos y enfermeros de la cárcel, mintieron en sus reportes, y que la alcaidesa, Diane Andrews, impidieron que los investigadores entrevistaran a los testigos. Ella dio además la autorización de fumigar a Jordan-Aparo, a pesar de que su expediente médico estipulaba que sufría de una discapacidad que le hacía difícil respirar, de acuerdo con la demanda judicial.

Una portavoz del FDC, Michelle Glady, dijo que la agencia no comentaría sobre litigaciones pendientes. Dijo que ella estaba “asistiendo” en la pesquisa conjunta FDLE/FBI sobre la muerte de Jordan-Aparo.

Amy Alexander, vocera de Christopher P. Canova, fiscal federal del Distrito Norte de la Florida, respondió con esta declaración sobre el caso de Jordan-Aparo: “No tenemos información pública alguna con relación a esta pesquisa”.

“¿Qué se supone que esté haciendo aquí el FBI?’’, dijo Andrews. “Esta gente cometieron asesinato, y debería ser una vergüenza para el FBI que ellos no han hecho nada”.

Jordan-Aparo dijo a funcionarios de la prisión que sus padres se habían suicidado cuando él era pequeño. A los 5 y 7 años respectivamente, él y su hermano comenzaron una vida nómada que los llevó a 28 hogares diferentes bajo custodia estatal, dijo al Miami Herald en el 2014 el hermano de Jordan-Aparo, Shawn.

Ellos acabaron en un orfanato en Tampa, donde el director de recreación, Thomas Aparo, los tomó bajo su protección y acabó adoptándolos. Para entonces, eran adolescentes y empezaban a meterse en problemas. Randall tiene un largo historial de cargos de robo y fraude pero no tenía crímenes violentos en su expediente. Él estaba cumpliendo una sentencia de 19 meses en el momento de su muerte.

Shawn y Thomas Aparo dijeron que la agencia de prisiones les contó historias contradictorias sobre cómo había muerto Randall. Más tarde, ellos recibieron noticias a través de la madre de un preso, quien les dijo que su hijo le había escrito desde Franklin diciéndole que se pusiera en contacto con la familia de Randall porque él había sido asesinado por agentes correccionales.

La demanda judicial incluye declaraciones de varios presos en la unidad de confinamiento de Franklin –donde los presos se albergan en celdas individuales en lugar de dormitorios comunes– quienes alegan que Randall había estado pidiendo con ruegos y gritos que le dieran tratamiento médico el día que murió, y que los agentes habían tomado represalias contra él por quejarse rociándolo con sustancias químicas.

Mientras más se quejaba, más lo gaseaban

La autopsia, llevada a cabo por la doctora Lisa Flanagan, no atribuyó su muerte al uso de gases. Ella falló que la causa habían sido complicaciones de “múltiples abscesos cardiacos y pulmonares”. No obstante, ella señaló que él no habría muerto si los agentes, médicos y enfermeros se hubieran asegurado de que recibiera la atención médica debida.

Andrews señaló que Flanagan no le revisó evidencia alguna de la celda, incluyendo fotografías de cómo había sido encontrado el cadáver de Jordan-Aparo.

Expedientes médicos obtenidos por el Herald hace dos años muestran que, en los días que precedieron a su muerte, Jordan-Aparo empezó a experimentar problemas de sangramiento, se quejaba de dolores de espalda agudos y tenía una fiebre de 102 grados Fahrenheit. Le dolían los pulmones y el corazón, y tenía dificultades para respirar, indica su expediente médico.

Tanto Jordan-Aparo como su hermano sufrían de síndrome de Osler-Weber-Rendu (HHT), una enfermedad tratable aunque poco común que causa la formación de vasos sanguíneos anormales en los pulmones, el hígado, la piel y el cerebro. La misma lleva a menudo a sangramientos nasales crónicos y a lesiones en la piel y alrededor de la boca. Su expediente del FDC hace referencia repetidas veces a su discapacidad, pero los enfermeros indicaron que creían que Jordan-Aparo fingía sentirse mal y lo enviaron de regreso a su dormitorio.

Jordan-Aparo empezó a alterarse y amenazó con demandar a los enfermeros, exigiéndoles que lo llevaran al hospital. Fue puesto de inmediato en una celda de aislamiento por causar “disturbios”, según los archivos de la prisión.

Mientras más se quejaba Jordan-Aparo, más lo fumigaban, según muestran los archivos. En total, fue sujeto a 600 gramos de agentes químicos en un espacio confinado, mostró la investigación del Miami Herald.

Expertos entrevistados por el Herald dijeron que los efectos del spray de pimienta y los gases lacrimógenos –después de sólo 10 minutos de exposición en un espacio confinado– habrían sido letales.

El Herald pasó revista a cientos de documentos en el caso, incluyendo correos electrónicos y cartas, que mostraron que a la entonces alcaidesa de la cárcel –Andrews– y a Miguel se les había dicho desde al menos el 2011 que persistían cuestionamientos sobre la forma en que había muerto Jordan-Aparo.

Esta historia fue publicada originalmente el 23 de septiembre de 2016, 5:20 p. m. with the headline "Torturas y abusos causaron muerte de preso en Florida."