Florida pagará $800,000 a soplones para poner fin a demandas
Años después de que tres investigadores de prisiones dieran el paso al frente para revelar evidencia de abuso a los presos y encubrimiento en el Departamento de Correcciones de la Florida (FDC), el estado ha acordado llegar a un acuerdo extrajudicial en una demanda de represalias, y pagarles $800,000.
El departamento acordó asimismo terminar con demandas presentadas por otros tres denunciantes internos del mismo, cerrando un capítulo en la que ha sido una de las épocas más tumultuosas de la historia de las cárceles del estado.
El acuerdo, presentado el martes ante el Tribunal del Circuito del Condado León, exonera a los investigadores de la oficina del inspector general del FDC — Doug Glisson, Aubrey Land y John Ulm — luego que estos hicieron pública evidencia de que, según creían ellos, Randall Jordan-Aparo, un reo interno en la Institución Correccional Franklin, había muerto por inhalación de gases a manos de sus carceleros. La familia de Jordan-Aparo ha presentado una demanda federal de muerte por negligencia contra el estado de Florida.
El departamento reportó la muerte de Jordan-Aparo como ocurrida por “causas naturales” hasta que los investigadores empezaron a hacer indagaciones y descubrieron errores en la manera que se había llevado a cabo la investigación.
Sus cargos fueron ignorados no sólo por su jefe, el entonces inspector general Jeffery Beasley, sino que además la inspectora general de la oficina del gobernador Rick Scott, Melinda Miguel, se negó tanto a darles protección como denunciantes internos como a investigar el asunto.
Después de que ellos trataron de sacar sus preocupaciones a la luz por medio de testificar bajo juramento ante una comisión del Senado estatal de la Florida, ellos dijeron que Beasley hizo esfuerzos sistemáticos por desacreditarlos por medio de acusaciones inventadas, ordenando numerosas investigaciones internas y hasta falsificando firmas, creando una amenaza potencial a su estado ante la ley.
La agencia no está de acuerdo con las alegaciones, pero sí acordó pagar a Glisson, Land y Ulm $133,333 a cada uno y cerrar todas las investigaciones internas pendientes. Glisson y Ulm recibirán asimismo más de $4,100 en sueldo perdido por una democión reciente a cambio de que acepten dejar la agencia.
El acuerdo extrajudicial termina asimismo con la represalia alegada por los empleados James Padgett, David Clark y Christina Bullins, quienes recibirán $50,000 cada uno. Los abogados que se ocuparon del caso, Steven R. Andrews y su hijo Ryan Andrews, recibirán $250,001.
“Ellos no nos ofrecieron este acuerdo extrajudicial porque les caemos bien”, dijo Glisson, supervisor cuyo último día en la agencia en la que ha trabajado por más de 20 años será el miércoles. “Ellos de verdad no querían que esto llegara a un juicio por jurado”.
Para Aubrey Land, cuyo último día será asimismo el miércoles luego de 33 años de trabajo policial, “fueron los tres peores años de mi vida”, dijo.
Él, Glisson y Ulm fueron sacados de sus oficinas y colocados bajo investigaciones internas por alegaciones inventadas a las que el acuerdo extrajudicial pone ahora fin.
El acuerdo extrajudicial sirve asimismo de desmentida a Julie Jones, secretaria del FDC, quien declaró el año pasado ante una comisión del Senado que no habría represalia alguna contra denunciantes internos, pero los llamó también “un grupo de empleados descontentos que no tienen en consideración los intereses del departamento”.
“¿Cómo concilia ella haber dicho que no se tomarían represalias contra nadie, que no se tomarían represalias contra los denunciantes internos, y que sin embargo el estado acabe de pagar $800,000 por reclamaciones de represalia?”, dijo Ryan Andrews, uno de los abogados.
En una demanda presentada en mayo, los inspectores alegaron que la oficina del gobernador había ejercido influencia sobre las investigaciones de la agencia, y nombraron no sólo a Miguel, la principal investigadora del gobernador, sino además su ex secretario de Justicia, Pete Antonacci, quien funge ahora como director ejecutivo del Distrito de Administración Hidráulica del Sur de la Florida.
Glisson y Ulm alegaron además que Beasley ordenó a Ulm que cerrara una investigación sobre el antiguo abastecedor de comidas del departamento, U.S. Foods, luego que la compañía fuera acusada de servir a los presos carne descompuesta y de hacer facturación adulterada.
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Esta historia fue publicada originalmente el 4 de diciembre de 2016, 7:55 p. m. with the headline "Florida pagará $800,000 a soplones para poner fin a demandas."