Cancelación de contrato con Catholic Charities desata críticas entre líderes políticos y religiosos
La decisión de la administración Trump de cancelar abruptamente un contrato de 11 millones de dólares con Catholic Charities de la Arquidiócesis de Miami —destinado a albergar y brindar atención a niños migrantes no acompañados— está generando una avalancha de críticas por parte de líderes políticos y religiosos del sur de la Florida, incluidos miembros del propio partido del presidente.
El arzobispo Thomas Wenski confirmó esta semana que la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados ha puesto fin a un acuerdo en virtud del cual la Iglesia gestionaba un programa federal de acogida para niños migrantes que ingresaron a Estados Unidos solos y sin documentación. Muchos de estos menores eran ubicados en hogares de acogida, residencias grupales y albergues hasta que lograban trasladarse a vivir con familiares aprobados, si es que esto llegaba a ocurrir.
Se trata del programa de su tipo con mayor trayectoria en el país.
“Nadie nos ha explicado por qué no se nos renovó la financiación. Pero creo que se trata, en cierta medida, de maniobra política”, declaró Wenski el jueves, haciendo alusión a la labor de defensa de los migrantes que ejerce la Iglesia Católica, en el contexto del debate nacional en torno a la seguridad fronteriza.
El gobierno federal notificó a la Arquidiócesis la terminación de esta colaboración —que existía desde hacía casi 70 años— el pasado 25 de marzo; esto ocurrió apenas unos días antes de que surgieran tensiones públicas entre el primer papa nacido en Estados Unidos —quien ha hecho de la compasión hacia los migrantes una piedra angular de su ministerio— y el presidente Donald Trump, quien, por el contrario, los ha convertido en objetivo de su ira.
Trump ha acusado al pontífice de mostrarse “débil” en la lucha contra la delincuencia. Por su parte, el papa León XIV ha criticado la campaña de bombardeos de Estados Unidos en Irán.
En un comunicado dirigido al Miami Herald, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que la cancelación del contrato no obedece a otra razón que a la drástica reducción de la migración no autorizada lograda por la administración: la población diaria actual es de 1,900 menores, en comparación con el pico de 22,000 niños registrado durante la administración Biden.
“Toda la administración Trump —incluido [el asesor de Seguridad Nacional] Stephen Miller— ha trabajado incansablemente para implementar la agenda del presidente, asegurar la frontera sur y poner fin a las desastrosas políticas de la administración Biden, las cuales ponían en riesgo a un sinnúmero de menores no acompañados”, escribió Jackson. Agregó: “Este extraño ataque no solo es totalmente falso, sino que pasa por alto el punto más amplio de que los menores no acompañados no están realizando el peligroso viaje a través de la frontera y que la Administración Trump ha resuelto otra crisis de Biden; cualquiera con un mínimo de sentido común sabría que eso es algo positivo”.
Dos miembros del Congreso por el Condado Miami-Dade, la representante María Elvira Salazar y el representante Carlos A. Giménez, escribieron a la Administración para Niños y Familias de EEUU y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, solicitando a sus líderes que restablezcan el contrato.
“El sur de la Florida siempre ha sido la primera línea de la migración humanitaria en nuestro hemisferio”, escribieron Salazar y Giménez, ambos republicanos. “La historia demuestra que, cuando una crisis golpea la región, llega primero a Miami”.
“Cuba enfrenta su crisis más severa en décadas, con apagones generalizados, escasez de alimentos y combustible, colapso económico y una creciente agitación civil. Históricamente, estas condiciones desencadenan repentinos repuntes migratorios, que a menudo incluyen a menores no acompañados”, escribieron los dos representantes. “Al mismo tiempo, Haití continúa sumiéndose en la inestabilidad, con una escalada de violencia de pandillas, el desmoronamiento de la autoridad gubernamental y una crisis humanitaria cada vez más grave que obliga a las familias a huir. La combinación de estas crisis genera una alta probabilidad de una afluencia a corto plazo hacia el sur de la Florida. Reducir la capacidad precisamente en la región con mayor probabilidad de recibir a estos recién llegados no es rentable, es un error estratégico”.
Y añadieron: “Catholic Charities proporciona aquello que no puede reemplazarse rápidamente: personal capacitado, una infraestructura probada y décadas de experiencia”.
El programa de asistencia para jóvenes migrantes de Catholic Charities tiene sus raíces en la Operación Pedro Pan, la cual comenzó como una misión clandestina para reubicar a los hijos de disidentes cubanos al inicio de la revolución que llevó a Fidel Castro al poder en 1959. Este emblemático puente aéreo —que con el tiempo llegó a incluir a familias cubanas comunes en busca de libertad y una vida mejor— logró rescatar a 14,000 niños. Aproximadamente la mitad de ellos quedaron bajo el cuidado de la Iglesia Católica.
Los Pedro Pan —como se les suele llamar— se integraron profundamente en el tejido cultural de Miami. Muchos de aquellos niños llegaron a formar parte de las élites empresariales, políticas, académicas, profesionales y religiosas de la ciudad. El ex senador estadounidense Mel Martínez, republicano por Miami, ingresó a Estados Unidos a través de uno de los vuelos de la Operación Pedro Pan.
“La asistencia que recibimos siempre será recordada”, afirmó Pedro Pan Group Inc. —la organización benéfica nacional fundada en 1991 por exniños cubanos no acompañados— en una carta dirigida a la administración Trump el 8 de abril. El grupo calificó la supresión de los fondos como “impactante y profundamente preocupante”.
“Le solicitamos respetuosamente que reconsidere su decisión”, escribió el grupo.
Otra miembro del Congreso que forma parte del comité que dirige el gasto público, la representante Debbie Wasserman Schultz, declaró el jueves al Herald que trabajará con sus colegas para lograr que se restablezcan los fondos.
“Resulta incomprensiblemente vil que Trump castigue a los niños inmigrantes no acompañados, arrebatándoles recursos vitales gestionados por Catholic Charities, solo porque el papa León se negó a halagar su ego”, afirmó Wasserman Schultz, demócrata del condado de Broward. “Tengo previsto presentar una enmienda en el Comité de Asignaciones Presupuestarias y presionar a mis colegas republicanos para que estos fondos se restablezcan de inmediato”.
En respuesta a un artículo publicado el martes en el Herald sobre el contrato en cuestión, la senadora estatal Ileana García —republicana de Miami que ejerció como secretaria de prensa adjunta del Departamento de Seguridad Nacional durante la primera administración de Trump— atribuyó el conflicto a Miller, quien se desempeña como jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca para asuntos de política y asesor de seguridad nacional.
Miller es considerado por muchos como el arquitecto de la política migratoria de Trump, la cual consiste en hacer que la vida de los migrantes en Estados Unidos resulte tan insoportable que estos decidan regresar voluntariamente a sus países de origen.
En una publicación de tono mordaz en la red social X, García afirmó que Miller ha estado obsesionado con la expulsión de niños migrantes desde el primer mandato de Trump. Miller, señaló ella, “lleva mucho tiempo obsesionado con la cuestión de los menores no acompañados. Esta situación representó una oportunidad ideal para él”.
“Su motivación no radica en determinar si estos niños son víctimas de trata o no”, añadió. “Simplemente no los quiere en Estados Unidos”.
“Miller cree que está moldeando al estadounidense ideal”, escribió García. “Su desprecio hacia las personas no blancas revela su verdadera naturaleza”.