La gran laguna legal que podría complicar la biblioteca presidencial de Trump en Miami
Los legisladores republicanos de Florida le extendieron la alfombra roja a Donald Trump cuando aprobaron el año pasado una ley que prohíbe a las ciudades aplicar normas locales contra las bibliotecas presidenciales. Sin embargo, existe un detalle que podría dar a los funcionarios de Miami mucho más poder sobre los planes de Trump de lo que pretendía el gobernador Ron DeSantis.
La ley estatal que DeSantis promulgó el verano pasado impide que los gobiernos locales hagan cumplir regulaciones que obstaculicen la construcción u operación de una biblioteca presidencial, tal como la define la Ley Federal de Bibliotecas Presidenciales.
Pero los planes de Trump para construir un rascacielos con un museo presidencial y un posible hotel en Miami no parecen cumplir con esa definición.
Actualmente ya existe una biblioteca presidencial formal de Trump administrada por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés), que conserva documentos de su primera administración. Se trata de un almacén de documentos ubicado en College Park, Maryland.
El proyecto que Trump planea levantar en el centro de Miami —con una réplica del jardín de rosas y el salón de baile de la Casa Blanca, financiado con $1,000 millones en donaciones exentas de impuestos— solo sería considerado una biblioteca presidencial administrada federalmente si la fundación privada de Trump aceptara asociarse con NARA.
La Fundación Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, que no respondió a una solicitud de comentarios, no ha indicado que tenga planes de hacerlo.
Los requisitos de NARA incluyen crear un fondo patrimonial para la agencia federal equivalente al 60% del costo total de construcción. Eso obligaría a la fundación de Trump a entregar más de $600 millones al gobierno federal para mantener sus archivos presidenciales, dependiendo del costo de construcción del rascacielos proyectado.
Benjamin Hufbauer, profesor de la Universidad de Louisville y estudioso de las bibliotecas presidenciales, afirmó que esto “parece una falla o laguna legal” en una ley estatal diseñada para obligar a los funcionarios locales a respaldar los planes de Trump.
Según Hufbauer, los planes de Trump se asemejan más a un museo o centro presidencial que a una biblioteca presidencial bajo las leyes estatales y federales. “Sin el fondo del 60% ni la construcción del archivo, no sería una biblioteca de NARA”, explicó Hufbauer. “Por lo que sabemos, no será una biblioteca presidencial de NARA, al igual que la de Obama”. Barack Obama fue el primer presidente en rechazar una alianza formal con el gobierno federal. Su proyecto lleva el nombre de Obama Presidential Center, después de que su fundación optara por no construir una biblioteca presidencial tradicional.
A diferencia de las alianzas público-privadas que otras fundaciones presidenciales mantienen con la agencia federal para administrar bibliotecas presidenciales, Obama firmó un acuerdo alternativo para digitalizar y exhibir parte de sus archivos presidenciales. El gobierno federal conserva físicamente esos documentos fuera del sitio.
La estructura adoptada por Obama sentó un precedente para que Trump hiciera lo mismo y evitara también el elevado costo del fondo patrimonial exigido por NARA.
La diferencia entre una biblioteca presidencial oficial de NARA y un museo presidencial privado es mínima para los visitantes. Sin embargo, podría tener enormes implicaciones legales sobre cómo Miami puede regular, negociar o restringir los planes de Trump para el horizonte del centro de la ciudad.
“Los documentos probablemente seguirán almacenados en el campus de los Archivos Nacionales, probablemente en College Park, Maryland”, explicó el historiador presidencial Luke Nichter sobre los planes de Trump. “Lo que habrá en Florida será un negocio inmobiliario, algo en lo que creo que el presidente Trump tiene experiencia”.
NARA no respondió preguntas sobre si existen negociaciones en curso con la fundación presidencial de Trump.
Negociaciones inmobiliarias
Los funcionarios locales de Miami han evitado en gran medida pronunciarse sobre el proyecto del rascacielos de Trump.
El terreno que Miami Dade College y el estado de Florida cedieron a la fundación de Trump ya cuenta con zonificación favorable para el desarrollo y probablemente requeriría pocos cambios o aprobaciones adicionales para construir un rascacielos en el sitio.
Pero si la ley estatal que limita las facultades de los funcionarios locales no aplica al proyecto, los gobiernos municipal y del condado podrían tener más herramientas para imponer nuevos obstáculos. Las oficinas de los alcaldes de Miami y Miami-Dade no comentaron sobre los planes de Trump en respuesta a preguntas del Miami Herald.
El representante estatal Alex Andrade afirmó que redactó la ley sobre bibliotecas presidenciales teniendo en mente esa posibilidad. Según explicó, la legislación surgió de conversaciones en tono de broma sobre el posible “rechinar de dientes y protestas” en juntas de zonificación contra una biblioteca presidencial de Trump. Inicialmente imaginaba que esas disputas se desarrollarían en el condado Palm Beach, de tendencia demócrata.
Tanto Andrade como el senador estatal Jason Brodeur, patrocinador del proyecto en el Senado, dijeron al Herald que nunca discutieron la posibilidad de que el proyecto de Trump no encajara dentro de la definición de biblioteca “administrada” bajo la Ley de Bibliotecas Presidenciales.
Andrade señaló que cualquier intento de funcionarios locales de aprovechar esa laguna legal podría enfrentar desafíos judiciales.
“La palabra ‘administrada’ no está definida en la ley, así que habría una disputa sobre la interpretación del término”, dijo. Agregó que también existe la posibilidad de que la legislatura modifique la ley para eliminar la definición legal limitada de biblioteca presidencial.
Posibles desafíos legales
El centro presidencial de Trump también podría enfrentar otros desafíos legales.
Trump dijo a periodistas a finales de marzo que los pisos superiores del rascacielos podrían convertirse en un hotel comercial, después de que su fundación divulgara imágenes del proyecto.
La fundación de Trump califica el proyecto como una biblioteca presidencial, sin haber firmado un acuerdo público con NARA, y obtuvo estatus de organización sin fines de lucro ante el IRS, al igual que otras fundaciones presidenciales privadas.
Pero un hotel comercial en el lugar no tiene precedentes y podría poner en riesgo el estatus exento de impuestos de la fundación si representa una parte sustancial de sus ingresos.
Las posibles consecuencias de usar fondos exentos de impuestos para construir una entidad con fines de lucro podrían incluir la pérdida del estatus de organización sin fines de lucro o la obligación de pagar impuestos retroactivos sobre el dinero utilizado para construir el edificio comercial.
“Uno asumiría que, si esto avanza en esa dirección, habría suficiente atención mediática como para que alguien en el IRS despierte y revise el caso”, dijo Ben Tesdahl, abogado especializado en organizaciones sin fines de lucro. “Es algo muy inusual”.
Tesdahl también señaló que la fundación de Trump ya recibió un trato especial del IRS cuando la agencia aceleró y aprobó mucho más rápido de lo habitual su solicitud de exención fiscal durante un cierre parcial del gobierno federal.
“Y además obtuvieron ese terreno a precio de ganga, así que ha habido muchos favores de por medio. Pero la ley es la ley y, si hubo algo impropio, espero que alguien lo investigue”, agregó. “Tal vez ocurra durante la próxima administración”.
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de mayo de 2026, 11:05 a. m. with the headline "La gran laguna legal que podría complicar la biblioteca presidencial de Trump en Miami."
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