Juicio contra agente de ICE: ¿Corrupto o víctima de narcos?
En el juicio por corrupción contra Juan Felipe Martínez, la fiscalía federal intenta convencer al jurado que el agente de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) pertenecía a un grupo de conspiradores que extorsionaban a personas inocentes así como a narcotraficantes colombianos y a sus aliados para enriquecerse.
Por su parte, los abogados de Martínez buscan dar al jurado una versión alternativa de los hechos: que fueron los narcotraficantes y sus aliados los que se confabularon para acusar a un agente inocente de corrupción con el objetivo de congraciarse con el gobierno federal, reducir sus sentencias y, de paso, llenarse los bolsillos de dinero proveniente de los sobornos.
Cuando les llegue el turno para deliberar, los 12 miembros del jurado tendrán que decidir cual es la versión veridica: la del gobierno, de que Martínez es un agente corrupto o la de la defensa, de que este es un policía honesto del que se han aprovechado una sarta de hampones que han mentido en su testimonio.
Martínez, de 49 años, fue encausado por un gran jurado federal y arrestado en diciembre del 2013, acusado de extorsión y soborno.
La hoja de cargos contiene 12 acusaciones, pero entre estas, tres son las principales.
Que entre finales del 2009 y marzo del 2010, Martínez obtuvo más de $150,000 en efectivo y regalos de un colombiano que había estado involucrado en el narcotráfico y lavado de dinero y que se había convertido en informante del gobierno federal para obtener recompensas y evitar ser deportado.
Que en el 2010, Martínez y aliados obtuvieron $140,000 de un narcotraficante colombiano, Gilberto Garavito Ayala, alias Ceviche, a cambio de traer a su mujer, pequeña hija y abogada desde Bogotá con permisos especiales del gobierno estadounidense que fueron autorizados luego que los visitantes fueron identificados falsamente por el agente de ICE como miembros de alto rango de una organización de narcotráfico.
Que entre julio del 2010 y marzo del 2011, Martínez y cómplices conspiraron para extorsionar aproximadamente $1.9 millones de parte de ejecutivos de una compañía colombiana de construcción a cambio de que esta no apareciera en una lista que el gobierno federal utiliza para identificar personas o entidades involucradas en narcotráfico o terrorismo.
El primer testigo fue el agente John Clayton de la Agencia de Lucha Contra las Drogas (DEA), quien describió cómo miembros de la agencia, que seguían a un colombiano presuntamente vinculado al lavado de dinero, descubrieron las actividades de Martínez.
Clayton relató cómo el sospechoso que estaba bajo vigilancia, José Miguel Aguirre Pinzón, dejó dentro del auto de Martínez, durante un encuentro el 29 de marzo del 2011, una bolsa con unos $110,000.
Al bajarse Aguirre del auto, los agentes de la DEA siguieron a Martínez, quien manejó hasta el estacionamiento de su oficina junto al Río Miami, en el distrito financiero de Brickell en el downtown de Miami.
Allí, Martínez se bajó de su auto y se acercó a los agentes de la DEA identificándose de inmediato como agente de ICE. Estos le preguntaron si tenía la bolsa con el dinero, a lo que Martínez respondió que si. Pero cuando los agentes de la DEA le preguntaron por qué tenía el dinero, Martinez no supo dar una explicación. Según Clayton solo dijo que no sabía por qué Aguirre había dejado la bolsa con el dinero en el auto.
Martínez fue detenido y transportado a la oficina de la DEA en Weston, donde fue interrogado más extensamente. Dijo Clayton que ahí explicó Martínez que Aguirre era un informante colombiano con el que trabajaba casos y que este le había solicitado que le guardara el dinero por una noche porque no quería tenerlo consigo en su habitación del hotel donde se hospedaba.
Luego del testimonio de Clayton, la fiscalía trajo a su testigo principal para sustentar la acusación de que Martínez recibió más de $150,000 en pagos en efectivo y regalos entre el 2009 y el 2010.
Camilo Gómez, colombiano residente en Orlando, que previamente participó en narcotráfico y lavado de dinero, dijo que personalmente y a través de intermediarios le entregó a Martínez unos $150,000 además de regalos tales como un rifle, una sortija de diamantes, un reloj y botellas de coñac Remy Martin que costaron miles de dólares.
Las botellas, en estuches rojos, y el rifle han sido mostrados a los miembros del jurado. La fiscal a cargo del caso, Karen Gilbert, sacó el rifle de una caja negra un día de la semana pasada y lo enarboló en medio del juzgado haciendo que los jurados se rieran nerviosamente.
El rifle fue encontrado en el maletero del auto de Martínez el día que agentes de la DEA lo detuvieron después que Aguirre dejó la bolsa con $110,000 en el vehículo del agente de ICE.
Aguirre figuró de nuevo cuando el jueves pasado la fiscalía presentó a tres ejecutivos de Gerenciar, una empresa colombiana de construcción, que detallaron la acusación principal contra Martínez: la extorsión de $1.9 millones.
Uno de los ejecutivos, Andrés Uribe Mejía, declaró que a mediados del 2010 conoció a Aguirre en Colombia y que este se presentó como agente de ICE. Le dijo también que Gerenciar estaba siendo investigada por agentes estadounidenses como preludio a poner a la empresa en la lista de narcotraficantes y terroristas.
Uribe dijo que los dueños de la empresa en última instancia aceptaron pagar el monto exigido porque uno de los socios de firma –Alvaro Jiménez– es primo lejano de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un narcotraficante y paramilitar colombiano extraditado a los Estados Unidos en el 2008.
Aunque Alvaro Jiménez declaró que nunca tuvo vinculos con el narcotráfico, fue obligado a viajar a Miami en agosto del 2010 para ser interrogado por un funcionario estadounidense en una sala del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) sobre sus nexos con Macaco.
Alvaro Jiménez dijo no recordar el nombre del funcionario, pero otro agente de ICE que presenció la entrevista declaró el viernes que fue Martínez el que entrevistó al ejecutivo colombiano.
En sus interrogatorios de los testigos de la fiscalía, los abogados de Martínez buscan desacreditar la credibilidad de su testimonio para crear dudas entre los miembros del jurado sobre la afirmación del gobierno de que el agente es culpable de extorsión.
Por ejemplo, cuando atestiguó Gómez –el ex narcotraficante colombiano que vive en Orlando– los abogados de Martínez mostraron cómo el testigo había mentido sobre su pasado y que por ende sus acusaciones contra el agente de ICE no son creíbles.
La misma situación ocurrió con el testimonio de Garavito. Silvia Piñera Vázquez, abogada principal de Martínez, logró en su interrogatorio que Ceviche admitiera mentiras.
Por otra parte, los abogados de Martínez también buscan convencer al jurado que Martínez no es el villano de la historia, sino una victima más de la conspiración que, en forma global, achacan a Aguirre, el informante del gobierno que aparece en por lo menos dos de las acusaciones.
Fue Aguirre el que dejo la bolsa con $110,000 en el auto de Martínez el día que fue detenido por la DEA. Y fue Aguirre el que ayudó a convencer a los ejecutivos de Gerenciar en Pereira a pagar los $1.9 millones para no aparecer en la lista de narcotraficantes y terroristas.
Esta historia fue publicada originalmente el 6 de diciembre de 2014, 10:11 p. m. with the headline "Juicio contra agente de ICE: ¿Corrupto o víctima de narcos?."