Propuesta de Rubio y Curbelo eliminaría ayuda a inmigrantes cubanos

La propuesta de ley que el senador Marco Rubio y el representante Carlos Curbelo, ambos cubanoamericanos, han introducido recientemente en el Congreso podría poner fin a programas de ayuda que han contribuido a mitigar el impacto de la inmigración en las últimas décadas de cientos de miles de cubanos a los Estados Unidos y, en particular, al sur de la Florida.

Introducida en el Senado y la Cámara de Representantes, la Ley de Oportunidades de Empleo de los Inmigrantes Cubanos de 2015, eliminaría la categoría de “participante cubano” [Cuban entrant] de la Ley de Asistencia Educativa a los Refugiados de 1980 y otras leyes federales. De ese modo, se impediría que automáticamente todos “los cubanos accedan a los mismos beneficios federales que quienes obtienen estatus de asilo político o refugio, por ser perseguidos. Ellos quieren que los cubanos sean tratados del mismo modo que cualquier otro inmigrante”, explicó el abogado de inmigración Mario Urizar, quien estudió las dos versiones del anteproyecto de ley.

Urizar explicó a el Nuevo Herald que “estas no son enmiendas que afectan a la Ley de Ajuste Cubano”, como incorrectamente habían reportado otras agencias de prensa.

Urizar añade que la nueva ley no sería retroactiva, por lo que solo se afectarían quienes llegaran después de que comenzara a aplicarse, si se aprueba. Sin embargo, una de las implicaciones sería que la mayoría de los cubanos (si no arriban con visas de refugiados o solicitan asilo político) no podrían recibir los servicios del Programa Estadounidense para el Reasentamiento de Refugiados y en particular del “Cuban Haitian Entrant Program” (CHEP), un programa diseñado específicamente para los cubanos y haitianos, a partir de la creación de la categoría “participante”, tras los éxodos masivos a principios de los 80 del siglo pasado.

A partir de las modificaciones que introduciría la Ley de Oportunidades de Empleo de los Inmigrantes Cubanos de 2015, en caso de emergencias o crisis, por ejemplo con otra llegada masiva de inmigrantes, el gobierno federal aún podría autorizar asistencia y canalizarla a través de programas locales, pero claúsulas que permiten a agencias federales, bajo la dirección del Presidente, “brindar asistencia [ya sea brindando recursos materiales o servicios] para el procesamiento, el cuidado, el mantenimiento, la seguridad, el transporte, la recepción inicial y la ubicación de los cubanos que arriban” [Title V of the Refugee Education Assistance Act of 1980] serían eliminadas si el proyecto de ley es aprobado en el Congreso.

Ello significaría una reducción notable en los presupuestos que reciben agencias como el Servicio Mundial de Iglesias (CWS, por sus siglas en inglés) y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quienes tienen un contrato con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración para administrar el CHEP a nivel local.

“Es una red que ha sido establecida y que es muy efectiva, sobre todo en Miami”, explica el director ejecutivo de Catholic Charities Legal Services, Randolph McGrorty. “Mi estimado es que un 90 o 95 por ciento de todos los servicios sociales a refugiados en Miami están concentrados en los cubanos. Si el proyecto de ley fuera aprobado “muchas agencias desaparecerían”, opinó.

El proyecto de ley fue introducido casi al mismo tiempo en que autoridades locales de Miami están pidiendo más ayuda federal para enfrentar el posible arribo de miles de cubanos que llevan dos meses varados en Costa Rica. Más de 40 mil cubanos arribaron en el último año fiscal, pese a las esperanzas que generó el acercamiento entre los gobiernos de EEUU y Cuba.

McGrorty dijo estar “perplejo” ante la propuesta pues al tiempo que eliminaría el acceso automático a programas de ayuda a refugiados, “bajo la Ley de Ajuste Cubano los cubanos son tratados de facto como refugiados. No les preguntamos, es el punto de la ley, asumimos que todos lo son”.

“Preservar la Ley de Ajuste Cubano”

Rubio, sin embargo, ha argumentado que su interés es, precisamente, “preservar la intención original del Programa de Reasentamiento de Refugiados y la Ley de Ajuste Cubano, que es ofrecer refugio a los cubanos que huyen verdaderamente de la persecución”.

Según Rubio y Curbelo, la propuesta de ley intenta frenar los “abusos” cometidos por algunos inmigrantes cubanos y proteger los “dólares del contribuyente estadounidense”.

“Es particularmente indignante”, agrega Rubio, “cuando a los individuos que dicen estar huyendo de la represión en Cuba, se les da la bienvenida y se les permite acogerse a la asistencia federal por su difícil situación, sólo para verlos a menudo regresar al mismo lugar del que decían estar huyendo. Las debilidades en nuestra ley actual no sólo permiten el flujo de dinero de los contribuyentes estadounidenses a las arcas del régimen de Castro, sino que también socava la causa legítima de aquellos cubanos que están verdaderamente huyendo de la represión y persecución política”.

El anteproyecto también requiere que la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social investigue por qué las regulaciones que prohíben que personas que vivan en el extranjero puedan continuar recibiendo beneficios de la Seguridad Social, no están siendo implementadas. Varios casos de cubanos que aún viviendo en la isla continuaban cobrando esta ayuda, fueron reportados por el diario Sun Sentinel.

“El problema es que ha habido una serie de historias de abuso de los beneficios públicos y defortunadamente eso es inherente a los seres humanos, pero lo que hay que mirar es cuán generalizado es y contrastarlo con el bien que hace el programa gubernamental y no creo que esto se haya hecho en este caso”, opinó McGrorty.

La aprobación de la ley significaría el fin de la ayuda que reciben los llamados “balseros” y quienes cruzan la frontera cuando arriban al país, si no pudieran probar que sufrieron persecución política.

En el caso de los “balseros”, las agencias usualmente los recogen de donde fueron procesados por los Servicios de Inmigración y, si no tienen familia, los alojan temporalmente en moteles, les proveen ropa y comida y les ofrecen reubicarlos en otros estados. Otros servicios que desaparecerían serían las clases de inglés gratuitas, la ayuda para obtener empleo y los seminarios sobre el sistema laboral y financiero de Estados Unidos.

La duración de los servicios para quienes tienen familiares en Estados Unidos va desde un mes hasta 6 meses para quienes no tengan ese apoyo.

Impacto negativo en el sur de Florida

El director de la oficina de CWS en Miami, Oscar Rivera, consideró que la iniciativa “tendría en enorme impacto negativo en nuestra comunidad porque los cubanos seguirán viniendo mientras las cosas no cambien en la isla. Ello pondría tremenda presión en las escuelas, los hospitales. El programa para participantes cubanos ha funcionado por muchos años y si no ha habido un impacto mayor en nuestra comunidad, es por lo que hemos podido hacer, en términos de la ayuda, de las reubicaciones”.

Asimismo destacó que el programa tiene como fin que los recién llegados cubanos puedan sostenerse económicamente lo más pronto posible, “no ponerlos en el sistema de welfare”.

“No es un plan bien pensado”, opinó, refiriéndose a la propuesta de los congresistas cubanoamericanos.

Por su parte, el profesor y experto en migración, Jorge Duany, destacó que “históricamente, los programas de ayuda del gobierno federal a los refugiados cubanos fueron clave para su éxito económico en Estados Unidos”.

“Durante las décadas de 1960 y 1970, el Programa de Refugiados Cubanos facilitó la rápida incorporación de los exiliados, proveyendo fondos federales para comida, ropa, cuidado de salud y educación y ayudando a su relocalización fuera del área de Miami. Una vez terminado ese programa, los cubanos que llegaban a Estados Unidos –incluyendo a los llamados “entrantes” a partir del éxodo del Mariel de 1980– recibieron ayudas gubernamentales especiales en áreas como la educación y la salud”, señala el director del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida.

Según las modificaciones que Curbelo y Rubio quieren introducir, los cubanos que arriben a Estados Unidos después de aprobada la ley, tampoco podrían recibir beneficios federales durante cinco años tras hacerse residentes permanentes (Medicaid, sellos de comida o ayuda financiera), si no obtienen el estatus de refugiados o asilados políticos, como sucede con el resto de los inmigrantes.

Estarían exentos los menores de 18 años pero no así las personas mayores de 65 años, quienes también tendrían que esperar ese tiempo para recibir beneficios de cobertura de salud (Medicaid) u obtener la ciudadanía para acceder al programa de ingreso suplementario de la Seguridad Social (Suplemental Social Security Income), si califican. El anteproyecto no afecta la eligibilidad para el programa de Medicare, que no incluye reglas especiales para los cubanos o los refugiados, según aclararon las oficinas de ambos congresistas.

En general, los inmigrantes cubanos continuarían siendo elegibles para asistencia médica en caso de emergencias, algunas vacunas y para tratamiento relacionado con el embarazo.

Esta historia fue publicada originalmente el 16 de enero de 2016, 6:10 p. m. with the headline "Propuesta de Rubio y Curbelo eliminaría ayuda a inmigrantes cubanos."