‘Boleto a una mazmorra’: Venezolanos temen que decidirá la Corte Suprema sobre TPS
Docenas de venezolanos se reunieron en El Arepazo, un restaurante icónico en el corazón de la comunidad venezolana de Doral, para una vigilia la noche del jueves en apoyo a las protecciones contra la deportación que actualmente están bajo revisión de la Corte Suprema estadounidense.
El evento fue organizado por el Venezuelan American Caucus para mostrar respaldo a la comunidad venezolana en el último día para argumentar ante la Corte Suprema, en un caso que podría determinar si se mantiene o revoca el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos.
“Volver sería un boleto directo a una mazmorra o a la muerte”, dijo Liduzka Aguilera. “No podemos regresar. Simplemente no es seguro”.
Aguilera, de 54 años, es beneficiaria del TPS y vive en Doral con su familia conformada por cuatro personas. Abogada penalista en Venezuela, huyó de la persecución política y llegó a Estados Unidos en 2018, donde solicitó asilo. En 2021, ella y su familia obtuvieron el TPS. Ahora esperan una decisión crucial que podría determinar si permanecen seguros o si enfrentan la amenaza de ser enviados de regreso a un país que temen. Para ella, regresar a Venezuela no solo es impensable: es una cuestión de vida o muerte.
Más de 600.000 venezolanos tienen TPS, quienes representan el 66% de la comunidad venezolana en Estados Unidos, que supera las 900.000 personas. En las últimas dos décadas, el país ha experimentado un aumento dramático en su población venezolana, impulsado por un éxodo masivo desde una nación devastada por una crisis humanitaria y política.
Los venezolanos son significativamente menos propensos a convertirse en ciudadanos naturalizados que otros inmigrantes: en 2023, solo el 15% de los inmigrantes venezolanos tenían ciudadanía estadounidense, y apenas el 18% de los venezolanos en EEUU habían nacido en el país, según datos del Censo.
Una demanda presentada por siete venezolanos en riesgo de deportación y el grupo de defensa National TPS Alliance impugna el intento de la administración Trump de poner fin al TPS. Presentada en un tribunal federal de San Francisco en febrero, la demanda alega que la decisión fue ilegal, motivada políticamente y basada en discriminación racial, como parte de un patrón más amplio de ataques contra inmigrantes no europeos y no blancos.
La batalla legal se intensificó el 1 de mayo, cuando la administración solicitó formalmente a la Corte Suprema que revocara una decisión de marzo de un juez federal de San Francisco que bloqueó temporalmente el fin del TPS para los venezolanos. Esa decisión llegó pocos días antes de que expiraran las protecciones, lo que habría dejado sin estatus legal ni derecho al trabajo a cientos de miles.
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Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, dijo durante la vigilia que casos como el de Aguilera son comunes en la comunidad. Señaló que muchos de los beneficiarios del TPS fueron perseguidos políticamente, solicitaron asilo al llegar a EEUU hace años, y aún tienen casos pendientes. “Con el TPS, finalmente tienen un estatus legal. ¿Cómo podrían estas personas regresar a Venezuela?”, preguntó.
Ferro advirtió que los venezolanos con casos de asilo pendientes corren el riesgo de ser enviados de regreso para enfrentar prisión o incluso la muerte a manos del régimen de Nicolás Maduro. Subrayó el impacto devastador que tendrían las deportaciones masivas, no solo para las personas, sino para comunidades enteras.
“Acaban de rescatar a cinco venezolanos de una embajada en Caracas”, dijo Ferro, repitiendo palabras del secretario de Estado Marco Rubio, refiriéndose a la extracción de cinco líderes opositores que se habían refugiado en la embajada argentina en Venezuela. “Cinco rehenes de la dictadura criminal y usurpadora de Maduro”, añadió. “Y ahora quieren devolver a 600.000 venezolanos a ese mismo régimen, entre ellos, decenas de miles que son perseguidos políticos”.
“Si miles de venezolanos son obligados a abandonar el país, ciudades como Doral quedarían devastadas económicamente”, afirmó Ferro. “Esta ciudad fue construida por inmigrantes, especialmente inmigrantes venezolanos. Sin ellos, Doral ni siquiera existiría. El costo de perderlos es inmenso, no solo en términos humanos, que es lo más importante, sino también económicamente para las ciudades donde viven y contribuyen cada día”.
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En sus argumentos ante la Corte Suprema, los demandantes —representados por el Center for Immigration Law and Policy de la UCLA, la ACLU del Sur de California y el National Day Laborer Organizing Network— subrayaron que el tribunal inferior tenía jurisdicción para analizar los reclamos. Señalaron evidencia no refutada de que la decisión de la administración fue motivada por un sesgo discriminatorio.
Argumentaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la anulación del TPS con estereotipos falsos e inflamatorios, como la desacreditada afirmación de que Venezuela había “vaciado sus cárceles” para enviar criminales a EEUU. También la acusaron de asociar públicamente a los beneficiarios venezolanos del TPS con “pandilleros”, “escorias” y “criminales peligrosos”, a pesar de datos que muestran que tienen tasas de criminalidad más bajas y una participación laboral más alta que la población general del país
Vigilias en 15 ciudades
Marisol Silva, de 64 años, llegó a Estados Unidos en 2021 con su esposo. Ambos están jubilados ya no podían costear la vida en Venezuela, donde la economía colapsada hacía que incluso lo básico fuera inalcanzable. Vinieron a reunirse con su hija, una periodista que huyó del país ocho años antes tras ser perseguida por criticar al régimen.
Silva y su esposo obtuvieron el TPS en 2023, una protección que la administración Trump había decidido finalizar en abril. Sin embargo, un fallo del juez federal Edward Chen extendió el alivio, permitiéndoles quedarse. Sus permisos de trabajo fueron otorgados bajo su caso de asilo pendiente, pero la incertidumbre sobre su estatus migratorio, dijo Silva, es insoportable. En Venezuela, ambos estaban afiliados a uno de los partidos opositores más grandes, lo que hace que un posible regreso forzado sea aún más peligroso.
Ellos forman parte de los casi 350.000 venezolanos que recibieron TPS en 2023 y estaban en riesgo de perder la protección el mes pasado. Otros 257.000 venezolanos que obtuvieron TPS en 2021 enfrentan una amenaza similar, ya que sus protecciones están programadas para expirar en septiembre.
El jueves se llevaron a cabo vigilias en al menos 15 ciudades del país —desde Spokane, Washington, hasta San Juan, Nueva York y Chicago—, pero las mayores concentraciones ocurrieron en Florida, hogar de la mayor población venezolana de Estados Unidos. En Doral, Orlando y Jacksonville, las comunidades se unieron en muestras de solidaridad, instando a los tribunales a preservar las protecciones que les han permitido construir una vida en este país.
Venezolano-estadounidenses se reunieron para mostrar apoyo a su comunidad sin importar su estatus migratorio. Muchos tienen familiares que aún luchan por obtener protección, incluidos seres queridos sin estatus legal. Carol Quintero, de 70 años, es una de ellas. Su esposo, de 71 años, quien perdió su estatus migratorio décadas atrás, finalmente logró recuperar cierta estabilidad gracias al TPS. Pero ese alivio, dijo, es frágil.
“Siento ansiedad todo el tiempo”, dijo Quintero. “He tenido ataques de pánico solo de pensar en lo que pasaría si él pierde su protección. Podrían deportarlo en cualquier momento”.
Cecilia González Herrera, la única demandante del caso de San Francisco que reside en Florida, dijo desde Orlando que la concentración allí fue una expresión de resiliencia de la comunidad y un llamado a la justicia. “Sé que es crucial que nos unamos y mostremos tanto al gobierno como a la Corte Suprema que nuestras vidas están en juego”, afirmó.
“No estamos aquí solo como beneficiarios del TPS —somos madres, padres, trabajadores y miembros activos de nuestras comunidades que contribuyen al progreso de este país”, dijo González Herrera. “Estamos aquí hoy para enviar un mensaje claro: no renunciaremos a nuestra lucha por el derecho a vivir con dignidad y sin miedo”.
El impacto de este caso ante la Corte Suprema va más allá de la comunidad venezolana. Si el tribunal falla a favor de la administración, podría establecer un precedente que limite la supervisión judicial sobre las decisiones del TPS, afectando a cientos de miles de inmigrantes de países como Haití, El Salvador y Nicaragua, así como de zonas de conflicto como Ucrania y Afganistán.
“Si la Corte Suprema decide que un juez federal no tiene jurisdicción para suspender una orden del secretario de Seguridad Nacional, aunque sea temporalmente, eso sentaría un precedente terrible y definitorio para los 17 países con TPS y para otros procesos migratorios”, advirtió Ferro. “Sería devastador”.
En un documento de 41 páginas presentado ante la Corte Suprema, la administración argumentó que las decisiones de política migratoria —como extender o terminar el TPS— recaen exclusivamente en la autoridad del poder ejecutivo. El procurador general John Sauer afirmó que la intervención judicial podría socavar la naturaleza “flexible, ágil y discrecional” de la aplicación de las leyes migratorias.
A pesar de la afirmación del gobierno de que continuar con la protección del TPS para los venezolanos es “contraria al interés nacional”, los críticos sostienen que anulación de esa protección en medio de la actual crisis humanitaria en Venezuela es tanto inhumana como injustificada.
“Me siento desprotegida. Pero ya hablé con mi esposo. Si revocan el TPS, no nos iremos. Esperaremos nuestra audiencia de asilo”, dijo Silva. “Todavía tengo esperanza de que algún día veremos una Venezuela libre. Pero hasta que llegue ese día, simplemente no podemos regresar.”
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de mayo de 2025, 11:14 a. m..
