La Corte Suprema da luz verde a Trump para eliminar el parole para cubanos, venezolanos y otros
La Corte Suprema de Estados Unidos cortó el viernes un salvavidas a más de 500,000 inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros dos países, al anular la orden de un juez federal que había detenido el plan de la administración Trump para revocar su parole humanitario.
La Corte concedió la solicitud de emergencia de la administración para levantar la suspensión dictada por el juez, que protegía a los inmigrantes con parole humanitario de ser potencialmente deportados mientras llevan adelante una demanda en un tribunal federal en Boston.
La breve orden, sin firmar, del tribunal marcó una victoria significativa para la administración Trump, que ha apuntado a la inmigración ilegal como su prioridad número uno, y un revés sustancial para los inmigrantes en libertad condicional de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La orden de la Corte Suprema indicó que los jueces Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon de la decisión.
El fallo no fue diferente a la decisión de los jueces del 19 de mayo que permitió al gobierno revocar las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo para cientos de millones de venezolanos que viven en Florida y otros estados con Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado durante la presidencia de Biden.
A principios de mayo, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que permitiera a los funcionarios de inmigración fin al programa de libertad condicional humanitaria temporal que adoptó la administración Biden para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.
En una presentación de emergencia, el procurador general John Sauer solicitó que el tribunal suspendiera la orden del juez federal que impedía al Departamento de Seguridad Nacional revocar el estado de libertad condicional.
El programa, presentado por el ex secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, permitió a los migrantes de los cuatro países venir a Estados Unidos por hasta dos años como parte de un esfuerzo por reducir los cruces fronterizos ilegales.
En marzo, su sucesora, Kristi Noem, puso fin al programa de libertad condicional temporal, conocido como CHNV por las iniciales de los países involucrados , citando riesgos para la seguridad nacional, crecientes retrasos en la inmigración y cambiantes. preocupaciones en materia de política exterior.
Pero tras la presentación del caso en el tribunal federal de Boston, la jueza federal de distrito Indira Talwani dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional no podía cancelar el programa de forma generalizada. En su lugar, ordenó a la agencia que realizara revisiones individuales de los casos de los 532,00 migrantes antes de revocarles la libertad condicional. El grupo está compuesto por 210,000 haitianos, 120,000 venezolanos, 110,000 cubanos y 90,000 nicaragüenses.
Talwani dictaminó que la administración Trump malinterpretó la ley de inmigración al considerar a los inmigrantes con parole humanitario, como personas que cruzan la frontera ilegalmente, en lugar de personas a las que se les había concedido entrada legal a los Estados Unidos.
El 28 de mayo, la jueza modificó su decisión anterior, que certificaba al grupo en libertad condicional para una demanda colectiva debido a su estatus migratorio similar. También suspendió la suspensión de las solicitudes de ciertos beneficios, como el asilo, de los inmigrantes en libertad condicional, un tema que no había abordado en su decisión inicial de abril.
“Si se permite que caduque su libertad condicional, [los inmigrantes en libertad condicional] se enfrentarán a dos opciones desfavorables: seguir cumpliendo la ley y salir del país por su cuenta, o esperar el proceso de deportación”, escribió Talwani en abril. “Si salen del país por su cuenta, se enfrentarán a peligros en sus países de origen”.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito también denegó la solicitud de la administración de pausar su fallo original, lo que provocó la apelación ante la Corte Suprema.
La administración Trump argumentó que la decisión de Talwani excedió la autoridad del tribunal e interfirió con las facultades que el Congreso otorgó al Departamento de Seguridad Nacional. Sauer señaló que la ley federal otorga al secretario del departamento amplia discreción sobre las decisiones de libertad condicional, incluida la facultad de revocarlas, y limita la revisión judicial de dichas acciones.
Sauer criticó lo que llamó un “trinquete unidireccional”, afirmando que Mayorkas podía aprobar la libertad condicional para grupos grandes, pero ahora exige a Noem que la revoque caso por caso. Advirtió que esto podría saturar el ya sobrecargado sistema migratorio.
La administración enfatizó que los migrantes sabían que su libertad condicional era temporal y podía ser revocada en cualquier momento. Advirtió que la orden judicial podría perturbar la aplicación de la ley migratoria y las gestiones diplomáticas.
El presidente Joe Biden inició el programa de “permisos de libertad condicional humanitarios” CHNV en enero de 2023 para frenar el flujo de inmigración indocumentada a la frontera entre Estados Unidos y México. Permitió a personas de los cuatro países venir a Estados Unidos durante dos años si contaban con un patrocinador en el país, aprobaban una verificación de antecedentes y compraban un boleto de avión. El programa permitiría la entrada de un máximo de 30,000 personas al mes a Estados Unidos. Más de 500.000 personas se acogieron al programa.
Los abogados que representan a los cuatro grupos argumentaron que poner fin al programa CHNV no solo es jurídicamente defectuoso sino también inhumano, ya que efectivamente corta las vías de acceso al asilo y la residencia permanente para millones de personas vulnerables.
La congelación del statu quo impidió que la administración Trump cancelara inminentemente su libertad condicional a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aun así, los inmigrantes en libertad condicional, dependiendo de cuándo llegaron a Estados Unidos, enfrentan un plazo de dos años que afecta a cada uno de forma diferente: podrían vencer el próximo mes, este verano o incluso en 2026 para quienes llegaron tan recientemente como en diciembre pasado.
Los abogados de inmigración destacaron los desafíos que enfrentan los inmigrantes con libertad condicional que buscan asilo, TPS o residencia permanente. Los defensores esperaban que quienes tuvieran solicitudes pendientes pudieran permanecer en Estados Unidos incluso después de que venciera su libertad condicional, una cortesía que la administración Trump probablemente no extendería, argumentando que su orden de terminación no estaba sujeta a revisión judicial.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de mayo de 2025 a las 11:20 a. m. con el titular "La Corte Suprema da luz verde a Trump para eliminar el parole para cubanos, venezolanos y otros."