Nueva demanda en EEUU pone en jaque el proyecto estrella del régimen cubano
Una nueva demanda contra una compañía inversora en Pinar del Río, Cuba, pone contra las cuerdas al proyecto económico estrella de minería del gobierno de la isla. Se trata de un pleito de dos cubanoamericanas residentes en Miami-Dade, quienes interpusieron la demanda en Houston, Texas.
Hilda M. Castañedo Escalón y Emma Díaz heredaron de su padre la propiedad sobre unas importantes minas de metal en Pinar del Río, las Minas de Matahambre. Su familia también poseía almacenes, carreteras e instalaciones portuarias en Santa Lucía, entre otras propiedades. La revolución de Fidel Castro les incautó todas sus posesiones sin indemnización en 1961.
Castañedo y Díaz demandan a TRAFIGURA TRADING, una compañía de Singapur con subsidiarias en Estados Unidos. TRAFIGURA TRADING ha invertido en Cuba y creado una sociedad mixta con el gobierno de la isla. Según los documentos judiciales el valor de los negocios de esa empresa en Cuba rondan los $600 millones.
Los minerales extraídos de la mina son luego procesados a través del puerto de Santa Lucía y de allí enviados a Mariel, la principal apuesta del gobierno para desarrollar la economía cubana.
De acuerdo con el Título III de la Ley Helm-Burton, las demandantes pueden exigir hasta tres veces el valor de las ganancias obtenidas por la propiedad incautada por el régimen cubano. El Título IV de la Ley vigente también puede prohibir la entrada a EEUU de los responsables de la empresa que “trafica” con la propiedad decomisada en Cuba, como le ocurrió al gerente de la cadena de hoteles Meliá, Gabriel Escarrer.
La Ley Libertad de 1996, conocida popularmente como Ley Helms-Burton por los legisladores que la impulsaron, codifica el embargo a Cuba y establece las condiciones para el restablecimiento de relaciones económicas normales entre EEUU y la isla.
El Título III y IV, suspendido desde 1996 por administraciones demócratas y republicanas, fue activado por el ex presidente Donald Trump en 2019. Trump acusaba a la isla de estar detrás de la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro y buscaba presionar al gobierno de Miguel Díaz-Canel para que hiciese una apertura democrática.
El Título III permite a los cubanoamericanos demandar a quienes “trafiquen” con propiedades expropiadas lo que ha provocado un encontronazo diplomático con Europa, la principal inversionista en la isla. Legisladores demócratas y grupos favorables al acercamiento al gobierno cubano han pedido la suspensión de ambos títulos que han golpeado duramente las inversiones en la isla.
Las minas y terrenos en disputa de la familia Díaz fueron descubiertos por Alfredo Porta en 1913. Porta se asoció con Manuel Luciano Díaz, un prominente hombre de negocios dueño del puerto de Santa Lucía, de acuerdo a los documentos de la demanda.
Tras el giro marxista de la revolución cubana en 1961 sólo quedaba vivo uno de los sucesores varones de la familia, Waldo P. Díaz. Murió en 1962 tras la desamortización de la Compañía, quedando siete hijos de dos matrimonios.
Sus primeros cinco niños, entre ellos las demandantes, dejaron Cuba con sus familias y se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en las décadas de 1960 y 1970. Los dos hijos de su segundo matrimonio permanecieron en la isla, de acuerdo a la demanda.
Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, reiteró la posición oficial de la isla ante la Ley Libertad, a la cual considera “extraterritorial” y “violatoria del derecho internacional”.
Hasta el momento se han presentado más de una treintena de demandas, tres de ellas directamente vinculadas con el puerto de Mariel, que el gobierno cubano en colaboración con Brasil intentó convertir en un centro de inversiones sin mucho éxito.
Crowley Maritime Corporation y Seabord Marine, ambas con sede en Florida e ingresos de varios miles de millones de dólares son otras dos empresas demandadas por sus negocios en el occidente cubano. Hasta ahora ninguna demanda ha obtenido un fallo favorable a los demandantes cubanoamericanos.
Un total de 5,913 reclamaciones certificadas por el Departamento de Justicia de EEUU y otras 200,000 no certificadas pueden interponer demandas de indemnización al gobierno cubano y a inversionistas que utilicen las propiedades confiscadas, de acuerdo con la ley Helms-Burton.
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Esta historia fue publicada originalmente el 5 de marzo de 2021, 1:43 p. m. with the headline "Nueva demanda en EEUU pone en jaque el proyecto estrella del régimen cubano."
