Venezuela

Fiscal venezolano exiliado en Estados Unidos no ceja en su batalla contra la corrupción

Pedro Lupera, fiscal venezolano exiliado en Estados Unidos, en su oficina en Washington DC. el 29 de julio de 2019. Lupera sostiene una foto de su protegido Luis Sánchez, quien fue arrestado el 11 de agosto de 2017 después que el régimen de Maduro obligó a Lupera a huir.
Pedro Lupera, fiscal venezolano exiliado en Estados Unidos, en su oficina en Washington DC. el 29 de julio de 2019. Lupera sostiene una foto de su protegido Luis Sánchez, quien fue arrestado el 11 de agosto de 2017 después que el régimen de Maduro obligó a Lupera a huir.

Uno no se daría cuenta por la oficina en que está sentado, sin nada colgado en la pared, pero Pedro Lupera es una amenaza a la cúpula del abrumado gobierno venezolano.

Lupera, un fiscal que investigaba por corrupción a dos grandes compañías en Venezuela, fue obligado a huir del país. Primero se fue a Colombia en julio de 2017, pero más recientemente se mudó a Estados Unidos, donde mantenía una presencia discreta.

Hasta ahora.

Técnicamente, Lupera, de 44 años todavía trabaja de fiscal, aunque de manera remota. Su jefe también huyó de Venezuela, al igual que sus subalternos, en momentos que la nación petrolera sudamericana tiene dos hombres que alegan ser el líder verdadero del país.

A solicitud de Lupera, McClatchy y el Miami Herald no revelan dónde trabaja, debido a preocupaciones de represalia. El fiscal se limita a decir que está trabajando con un cuerpo internacional en Estados Unidos y que ha compartido con varias agencias estadounidenses información que recopiló mientras investigaba pagos ilícitos del gigante brasileño de la ingeniería Odebrecht S.A. y la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

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Pedro Lupera, fiscal venezolano exiliado en Estados Unidos, en una imagen del 29 de julio de 2019, junto a la estatura del libertador Simón Bolívar en Washington DC. Kevin G. Hall

“Lo que uno puede hacer en su país, puede conseguirlo en otra parte. Lo que espero es que se haga justicia”, dijo Lupera en una entrevista que cubrió numerosos temas y que se hizo a lo largo de varios días en julio.

La cadena de hechos que lo llevó al exilio empezó con su investigación de Odebrecht, empresa que tenía una División de Sobornos. El gigante brasileño de ingeniería y construcción ha admitido desde entonces que usó un sistema paralelo de contabilidad para pagar sobornos, canalizar dinero no declarado a campañas políticas y otras transacciones no oficiales en Venezuela y muchos países más de América Latina.

El representante de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, era una persona muy cercana al entonces presidente Hugo Chávez. En casi todas las Américas se ha investigado a Odebrecht por corrupción, incluido un acuerdo récord con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2016, pero en Venezuela el gobierno no ha mostrado inclinación alguna por investigar a la empresa.

Una investigación publicada en junio por el Miami Herald, el Nuevo Herald y la empresa matriz de estos dos diarios, McClatchy, mostró que Odebrecht pagó sobornos de por lo menos $142 millones entre 2011 y 2014 para obtener contratos en Venezuela para proyectos que todavía no se han terminado.

La investigación de este tipo de pagos significó problemas para Lupera, investigador de carrera del nominalmente independiente Ministerio Público.

Lupera y sus colegas investigaban un contrato ganado por Odebrecht para construir un tercer puente grande sobre el río Orinoco. Un documento contractual de 61 páginas obtenido por McClatchy muestra que el proyecto fue aprobado y modificado por varios altos funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015.

Una de tales aprobaciones fue la firma el 4 de junio de 2009 de Diosdado Cabello, en ese momento ministro de Obras Públicas.

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Imagen de un contrato entre el gigante brasileño de ingenieria Odebrecht y el entonces ministro de Obras Públicas de Venezuela, Diosdado Cabello, a quien muchos consideran el segundo hombre más poderoso de Venezuela.

Cabello, a quien muchos consideran el segundo hombre más poderoso del país, es ahora el presidente de la Asamblea Constituyente, un cuerpo legislativo ampliamente condenado como ilegítimo y creado por Nicolás Maduro.

Por esa firma es que Lupera se convirtió en un objetivo, y la razón por la que ahora sale de las sombras para llamar la atención sobre Luis Sánchez, un subalterno ahora encarcelado en Venezuela.

Lupera huyó de Venezuela en medio de su investigación el 27 de julio de 2017. Cruzó por tierra a Colombia, perseguido por agentes de inteligencia. El 11 de agosto de ese año, Sánchez, su protegido, fue arrestado tras no seguir el consejo de Lupera de huir.

“Yo sabía algunas cosas antes, y le dije: ‘Luis, van a tratar de arrestarte’ … pero era muy confiado”, dijo Lupera.

Seis días después, Cabello celebró una conferencia de prensa en que acusó a Lupera y a Sánchez de operar un esquema de extorsión. Los investigadores se convirtieron en acusados.

Cabello incluso mostró documentos bancarios con los que alegó que los dos fiscales habían abierto cuentas bancarias en las Bahamas para depositar un total de $7 millones.

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Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, alega en esta presentación que fiscales del gobierno que investigaban supuestos actos de corrupción en realidad estaban extorsionando a funcionarios del gobierno, en una una captura de pantalla de la televisión venezolana el 17 de agosto de 2017.

Pero la alegación resultó tener lagunas, como las supuestas cartas bancarias mostradas por Cabello que tenían el membrete del banco UBS de las Bahamas, pero el texto era de documentos de Euro Pacific Bank. Todo parece indicar que se limitaron a copiar y pegar el texto.

Y la filial de UBS en las Bahamas había perdido en 2014 la autorización normativa para manejar cuentas bancarias, y en 2017 se limitaba a manejar solamente fideicomisos. Lupera, un funcionario civil de carrera, mantiene que nunca salió en su vida de Venezuela hasta que escapó a la vecina Colombia en 2017.

María Gabriela Lucena, otra fiscal que trabajaba con Lupera y Sánchez, huyó de Venezuela el 11 de octubre de 2017 tras enterarse que Cabello la había nombrado como parte del supuesto esquema de extorsión. Entrevistada en Lima, Perú, donde se ha asentado desde entonces con la esperanza de empezar de nuevo, Lucena dijo que Sánchez es un abogado joven y dinámico.

“No es una persona corrupta. Estaba dedicado a su trabajo y a buscar justicia”, dijo Lucena, al tiempo que describía sus propios problemas al tratar de empezar su vida desde cero, como vender comida en las calles, antes de conseguir un puesto de secretaria legal. Ahora está tratando de conseguir la certificación para trabajar de abogada en Perú.

Sánchez cumple este mes dos años tras las rejas, sin señal alguna que su caso avance en los tribunales. Sánchez se ha convertido más en un rehén oficial que en un acusado.

“Es algo muy raro”, dijo Michael Prado, el abogado de Sánchez en Venezuela, especialmente porque la primera audiencia por lo general se celebre dentro de un período de 60 días, no dos años.

Sánchez ha perdido peso, no le permiten tomar mucha luz del sol y batalla por mantenerse positivo, dijo Prado.

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Pedro Lupera, fiscal venezolano exiliado en Estados Unidos, frente a una estatua del libertador Simón Bolívar, el 29 de julio de 2019 en Washington DC. Kevin G. Hall

Por eso que Lupera sigue adelante con su propia investigación. Fiscales suizos ya han compartido información sobre las cuentas venezolanas y Lupera piensa que todavía queda mucho más por saberse sobre cómo Odebrecht y PDVSA apoyaron a Hugo Chávez, y más recientemente a Maduro.

“[Lupera] es alguien que puede ofrecernos un vistazo a la corrupción en Venezuela desde una perspectiva diferente”, dijo un funcionario policial federal que conoce a Lupera. “Los fiscales venezolanos no pueden llevar casos a juicio por la corrupción. Los policías no pueden investigar por la corrupción. Los jueces no pueden hacer su trabajo por la corrupción. Lupera conoce el sistema por dentro y los conoce a todos”.

Estados Unidos tiene un interés extra en la investigación de Lupera sobre Cabello. Cuando lo sancionó en marzo de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Cabello de facilitar actividades de narcotráfico, de robar de fondos del gobierno y de participar en actos de corrupción.

Esas acusaciones fueron repetidas por Hugo Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia y actual legislador venezolano, cuando fue arrestado en abril de 2019 en España a pedido de Estados Unidos, bajo cargos de drogas. Carvajal no se opone a que lo extraditen a Estados Unidos.

Lupera insiste en que es apolítico y que su único interés es poner fin a dos decenios de gobierno socialista autoritario.

“Espero poder regresar a una Venezuela libre. Ellos han hecho mucho daño, han robado millones y millones de dólares, y nos han convertido en un estado delincuente”, dijo. “Hay narcotráfico, corrupción, la vida humana ya no vale nada. Ellos son la causa y tienen toda la responsabilidad en esta tragedia”.

Jay Weaver, redactor del Miami Herald, contribuyó a esta información.
Kevin G. Hall: 202-383-6038, @KevinGHall
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