Saldré de la cárcel el año que viene. Pero según la ley de Florida, ¿cuándo podré votar? | Opinión
Soy un adicto en recuperación que cumple ocho años de prisión por delitos contra la propiedad no violentos que cometí para mantener mi hábito. Cuando me liberen el año que viene, saldré de la cárcel habiendo pagado mi deuda con la sociedad.
Pero según el estado de Florida, todavía no podré votar hasta que haya pagado todas mis multas, una tarea difícil, ya que también tendré que mantener a mis hijos, pagar las facturas y construir una nueva vida después de la cárcel.
En 2018, los votantes de Florida aprobaron por abrumadora mayoría una enmienda para restablecer el derecho al voto de los delincuentes condenados una vez que salgan de la cárcel. El cambio —que revierte una política de la era de Jim Crow que en gran medida apuntaba a los floridanos afroamericanos— fue elogiado como una de las mayores expansiones de los derechos de voto desde la Ley de Derechos de Voto de 1965.
Florida modifica la ley
Luego, el Partido Republicano decidió dar marcha atrás. Si bien el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, firmó la enmienda para convertirla en ley en 2019, lo hizo con una importante advertencia: los exdelincuentes no podrían votar en las elecciones a menos que hayan pagado las multas, los honorarios y los costos judiciales restantes.
El proyecto de ley de DeSantis sigue una tendencia más amplia de estados que, solo en 2021, han aprobado 33 leyes que dificultan el voto de los habitantes. En abril, DeSantis promulgó un amplio proyecto de ley que apuntaba al voto por correo y, al igual que Georgia, prohibía efectivamente dar a los votantes agua y bocadillos mientras esperaban en la fila.
Ninguna de estas disposiciones parece ser suficiente para DeSantis, quien, a principios de este mes, esbozó su plan para crear una oficina de “integridad electoral” para investigar el problema, en gran medida inexistente, del fraude electoral.
El problema con la advertencia de DeSantis es que muchos ex delincuentes que se reincorporan a la sociedad no tienen forma de hacer una restitución financiera. A menudo, durante los primeros años después de la liberación, los ex delincuentes luchan solo para pagar la comida, la vivienda y la ropa. Muchas empresas no contratan a alguien con antecedentes penales, y pagar para votar queda muy abajo en la lista de prioridades de los desempleados.
Según la oficina de Secretarios de Tribunales y la Contraloría de la Florida, los tribunales municipales emitieron más de mil millones de dólares en multas y cargos a los delincuentes entre 2013 y 2018. Estos cargos crean una carga financiera que impide a las personas cumplir con su deber cívico. El Miami Herald informó que, de los casi 1.4 millones de floridanos con condenas previas por delitos graves, solo 80,000 se registraron para votar en 2020.
El impuesto electoral moderno
En casi todos los estados, los condenados por delitos graves tienen prohibido votar durante el tiempo de su encarcelamiento, y a menudo durante la libertad condicional. Debido a estas restricciones, según el Sentencing Project, “uno de cada 16 afroamericanos en edad de votar está privado del derecho al voto, una tasa 3.7 veces mayor que la de los no afroamericanos”.
Al exigir a los ex delincuentes que paguen dinero antes de emitir un voto, Florida ha introducido un impuesto electoral moderno. Después de la Guerra Civil, los impuestos electorales fueron adoptados por los estados del Sur como una forma de eludir la Enmienda 15 de la Constitución de Estados Unidos, que garantizaba a los antiguos esclavos el derecho al voto.
Hasta 1964, cuando se ratificó la Enmienda 24, no se prohibieron definitivamente los impuestos electorales en las elecciones federales. Dos años más tarde, el Tribunal Supremo dictaminó que los impuestos electorales para las elecciones estatales también eran inconstitucionales.
En el centro de este tema se encuentra una cuestión fundamental: ¿Es el sufragio un privilegio o un derecho?
Quizá la Florida haya restablecido el derecho de voto de forma provisional, pero no es suficiente; 600,000 personas salen del sistema carcelario cada año, y 5.17 millones de estadounidenses han sido privados del derecho de voto debido a una condena por delito grave.
Esas personas merecen tener voz para ayudar a elegir a los funcionarios electos que tienen el poder de moldear —y reformar— el mismo sistema que los encerró.
Ryan M. Moser es un adicto en recuperación de Filadelfia que cumple condena en el Departamento Correccional de la Florida por delitos contra la propiedad. Nominado a un Premio Pushcart y a lo Mejor de la Red 2020, ha sido publicado en muchas revistas literarias y sitios de noticias. ©2021 Tribune Content Agency
