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¿Debe Florida eliminar el impuesto a la propiedad para los mayores de 65 años? | Opinión

MIAMI BEACH, FL - APRIL 05:  Condo buildings are seen April 5, 2016 in Miami Beach, Florida. A report by the International Consortium of Investigative Journalists referred to as the 'Panama Papers,' based on information anonymously leaked from the Panamanian law firm Mossack Fonesca, indicates possible connections between condo purchases in South Florida and money laundering.  (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
MIAMI BEACH, FL - APRIL 05: Condo buildings are seen April 5, 2016 in Miami Beach, Florida. A report by the International Consortium of Investigative Journalists referred to as the 'Panama Papers,' based on information anonymously leaked from the Panamanian law firm Mossack Fonesca, indicates possible connections between condo purchases in South Florida and money laundering. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) Getty Images

Florida se encuentra en el centro de uno de los debates fiscales más relevantes de su historia reciente: la posibilidad de eliminar los property taxes (impuestos a la propiedad) o de reducirlos significativamente para determinados grupos de residentes.

Según el Censo 2024, Florida cuenta con 23.3 millones de habitantes, y para 2026 se estima que 4.2 millones tendrán 65 años o más. Este sector de la población, por su tamaño y por su particular situación económica, está en el centro de muchas de las discusiones legislativas actuales. Un dato clave es que, dentro de este grupo de adultos mayores, el 29.7% ya ha pagado completamente sus hipotecas. Es decir, son personas que han logrado liquidar su deuda de vivienda y que dependen principalmente de sus ingresos de retiro para subsistir.

La propuesta que muchos consideran más lógica —y que ha cobrado fuerza en el debate público— es la eliminación de los property taxes para los propietarios de vivienda principal mayores de 65 años que ya hayan pagado sus casas. Para estas personas, que no cuentan con ingresos laborales y que enfrentan un costo de vida cada vez más alto, continuar pagando un impuesto promedio de $2,338 anuales representa una carga significativa. Desde esta perspectiva, eliminarlos sería un gesto de justicia económica y un alivio directo a un sector vulnerable.

Actualmente, la estructura impositiva de Florida revela un dato fundamental: el 64% de los property taxes proviene de segundas residencias e inversiones, mientras que solo el 36% proviene de viviendas principales. Esto sugiere que un alivio fiscal focalizado en propietarios mayores de 65 años tendría un impacto manejable en la recaudación global, especialmente si el resto del sistema permanece intacto.

El gobernador Ron DeSantis ha expresado que pagar impuestos a la propiedad es, en cierta forma, como pagar renta al gobierno, incluso después de haber terminado de pagar la casa. En un contexto donde el costo de la vivienda continúa escalando, aliviar esta carga parece una propuesta con fuerte atractivo político y social.

Sin embargo, el panorama legislativo presenta complejidades. Actualmente existen cinco propuestas distintas en la legislatura estatal que irán a la boleta electoral en noviembre de 2026. Para DeSantis, este mosaico de iniciativas es un intento de generar confusión y dispersar el voto, cuando lo ideal sería una sola propuesta clara, directa y comprensible para los votantes. Su argumento es que el electorado debe tener una opción sencilla que no se diluya entre múltiples alternativas.

Por otro lado, algunos analistas señalan que la mayoría de los estados abastecen sus presupuestos mediante tres fuentes principales de ingresos: impuesto estatal sobre la renta, impuesto a las ventas y property taxes. Florida, al no tener impuesto estatal sobre la renta, depende únicamente del impuesto a las ventas (6%) y de los impuestos a la propiedad. Según esta visión, eliminar todos los property taxes podría dejar al estado excesivamente dependiente del consumo, comprometiendo la estabilidad fiscal a largo plazo.

Otros expertos añaden que, si los impuestos se trasladan exclusivamente a propietarios de segundas viviendas, estos podrían transferir el aumento de costos a sus huéspedes —tanto privados como comerciales—, generando incrementos en las rentas vacacionales y afectando al sector turístico y a los alquileres temporales.

Entre las propuestas que actualmente analiza la legislatura estatal, una de las más comentadas contempla eliminar todos los property taxes excepto los relacionados con los distritos escolares. Sin embargo, esta medida tendría un impacto presupuestario aproximado de $14,100 millones anuales. Para dimensionar la magnitud del sistema fiscal, se espera que en Florida, entre 2024 y 2026, la recaudación total de property taxes supere $55,000 millones: $21,480 millones destinados a los distritos escolares, $19,260 millones a los condados, $8,670 millones a las ciudades y $5,770 millones a otros distritos especiales. Estas cifras explican por qué cualquier propuesta legislativa enfrenta un análisis minucioso sobre su viabilidad financiera.

Aun con estos desafíos, hay consenso en que la eliminación de los property taxes para personas mayores de 65 años que hayan pagado sus hipotecas debería ser una prioridad. Es un grupo claramente identificable, vulnerable y que ya cumplió sus obligaciones financieras. No obstante, preocupa que la única propuesta visible en la legislatura de Florida sobre este tema sea la que elimina únicamente los impuestos asociados a los distritos escolares, en lugar de eliminarlos todos para dicho grupo. Esto crea una medida incompleta que no resuelve plenamente el problema que afecta a los adultos mayores propietarios.

En conclusión, el debate sobre eliminar los property taxes en Florida enfrenta una tensión entre responsabilidad fiscal, protección a los propietarios mayores, sostenibilidad presupuestaria y claridad política. Aunque la situación es compleja, la evidencia demográfica y económica sugiere que la prioridad debería centrarse en quienes ya pagaron sus viviendas y viven exclusivamente de sus retiros.

Una propuesta clara, bien diseñada y socialmente justa podría representar no solo un alivio inmediato, sino también un paso hacia una Florida más equilibrada y sensible a las necesidades de sus ciudadanos mayores.

Benjamin DeYurre es un economista, periodista y concejal comunitario del Country Club de Miami. X: @DeYURRE.

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