EN NUESTRA OPINIÓN: Contra la plaga de la violencia
El saldo es aterrador. Según la organización Violence Policy Center (VPC), en Estados Unidos, en un período de menos de diez años, casi mil personas han muerto a manos de personas que son dueñas legales de armas de fuego.
El VPC precisó que 921 personas han muerto en 40 estados y en Washington desde mayo del 2007, baleadas por personas que poseen armas legalmente, en incidentes que no fueron casos de defensa personal.
En ese período, las muertes en casos de legítima defensa personal, o que quedaron sin veredicto en el juicio, sumaron un número muy pequeño.
De las víctimas mencionadas en el estudio, 147 han muerto en 31 tiroteos masivos.
De estos casos, 295 fueron suicidios, y 30 fueron accidentes.
En general, las muertes por armas de fuego –tanto las causadas por personas que tienen armas legalmente, como por individuos que las han adquirido por medios ilegales– suman más de 30,000 anualmente en toda la nación.
Es una epidemia a la cual hay que buscar una cura urgente.
Kristen Rand, directora de VPC, dijo que “lamentablemente, ya no es sorprendente cuando un tirador masivo, como el supuesto tirador del aeropuerto de Fort Lauderdale [Esteban Santiago], tiene licencia legal para portar un arma de fuego”.
Rand se refería a la matanza cometida por el ex soldado Esteban Santiago en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood el pasado 6 de enero. Santiago, que llegó en un vuelo procedente de Alaska, traía en su equipaje una pistola de la que era portador legal, con la cual mató a cinco personas e hirió a otras seis en el aeropuerto.
Si hubiera medidas más estrictas para determinar quién puede adquirir un arma y quién no, es probable que Santiago no hubiera podido viajar con una pistola en la maleta. El ex soldado, veterano de la Guerra de Irak, recibía tratamiento por problemas mentales. Antes del fatídico viaje, había ido a una oficina del FBI para quejarse de que la CIA le hacía ver videos del Estado Islámico y que lo obligaba a unirse a la organización terrorista. Evidentemente, Santiago no era una persona apta para portar legalmente un arma. Pero la falta de un sistema que restrinja la venta de armas a personas que tengan problemas mentales crea el peligro de que esas personas puedan cometer matanzas.
La idea no es desarmar a la población. La Segunda Enmienda –aunque su interpretación puede ser debatida– otorga el derecho a los ciudadanos de tener armas. Pero, como hemos señalado anteriormente en este espacio, la enmienda no descarta la posibilidad de poner en práctica controles para evitar que personas que padezcan de tendencias homicidas o de problemas mentales, o que tengan un historial delictivo, adquieran un arma de fuego.
Según una encuesta de Gallup realizada en octubre del 2015, el 86 por ciento de los norteamericanos está a favor de promulgar una ley que requiera revisiones universales de antecedentes en todas las compras de armas en el país.
A esas medidas habría que sumar el control de las personas cuyos problemas mentales constituyan un riesgo letal para los demás, como ocurrió tristemente a principios de enero en el Aeropuerto de Fort Lauderdale.
El nuevo gobierno en la Casa Blanca, y el Congreso, controlado por los republicanos, no parecen inclinados a hacer algo al respecto. Pero ante la frecuencia y el penoso saldo de los tiroteos masivos, y de los incidentes con armas de fuego en general, el presidente Donald Trump y los legisladores deben buscar una solución a la plaga de la violencia con armas de fuego.
Trump ha prometido hacer que Estados Unidos sea un país más seguro. En sus manos tiene una oportunidad para tratar de cumplir su promesa.
Esta historia fue publicada originalmente el 22 de enero de 2017, 7:14 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Contra la plaga de la violencia."