Propuesta para reducir impuestos a la propiedad en Florida deja muchas dudas | Opinión

Al menos podemos afirmar que los recortes en el impuesto a la propiedad aprobados el martes por la Legislatura de Florida representan una mejora respecto a la propuesta inicial del gobernador Ron DeSantis, presentada hace menos de una semana. La legislación exime a la educación pública de los recortes masivos de fondos que habrían podido devastar a los distritos escolares.

Sin embargo, los legisladores fallaron a los votantes al no precisar los efectos reales que tendrá la propuesta. Esta enmienda a la constitución fue aprobada el martes y será sometida a un referéndum en noviembre.

¿Cuánto perderán los floridanos en servicios públicos —como seguridad ciudadana, parques y bibliotecas— si los votantes aprueban la medida con al menos el 60% de los votos?

Algunos grupos externos estiman que los gobiernos locales perderían miles de millones, pero los legisladores que impulsaron la iniciativa no tienen una cifra exacta. ¿Y cómo podrían tenerla? Florida dispuso de más de un año para analizar el impacto fiscal de aumentar de $50,000 a $250,000 la exención fiscal por vivienda principal (homestead exemption); sin embargo, no se realizó ningún estudio al respecto.

Lo que hicieron los legisladores el martes fue, en esencia, trasladar estas interrogantes a los votantes. Ahora son ellos quienes deben abrirse paso entre un mar de información financiera para responder estas preguntas complejas.

El martes, los republicanos señalaron al Condado Miami-Dade como ejemplo del gasto excesivo de los gobiernos locales. Y no les falta razón. El déficit presupuestario de $400 millones que afrontó el condado el año pasado terminó por resolverse, pero las dificultades financieras previstas para los próximos años seguirán presionando a Miami-Dade y sacando a la luz las decisiones de gasto desacertadas tomadas desde la pandemia.

Los habitantes de Florida necesitan alivio ante los costos exorbitantes de la vivienda y deberían exigir prudencia financiera a sus representantes electos. Sin embargo, DeSantis y los legisladores proponen que los votantes consagren en la Constitución de Florida una solución improvisada y mal planteada; revertirla más adelante sería prácticamente imposible.

“Se le pide a Florida que rediseñe fundamentalmente las finanzas de los gobiernos locales antes de que alguien pueda decirnos cuál será el impacto fiscal completo. Eso no es una reforma. Es un acto de fe”, publicó el martes en X el exsenador estatal republicano Jeff Brandes.

Cabe esperar que los legisladores se hubieran tomado esto más en serio. Que hubieran dedicado más de apenas 24 horas a debatir cómo equilibrar el alivio fiscal con la responsabilidad de garantizar que las comunidades dispongan de fondos suficientes para una seguridad pública sólida y servicios básicos. Que hubieran presentado un enfoque más mesurado.

Por ejemplo, los demócratas propusieron establecer una fecha de caducidad para los recortes fiscales al cabo de unos años, a fin de que los legisladores pudieran reevaluar su impacto, pero la propuesta no prosperó.

El texto de la boleta electoral que verán los votantes en noviembre especifica que se busca “garantizar la financiación de servicios esenciales” y que los gobiernos locales destinen los ingresos restantes del impuesto sobre la propiedad exclusivamente a necesidades públicas fundamentales, tales como la seguridad pública, la educación y las escuelas, la infraestructura y los recursos naturales.

Lo que no menciona es que los fondos disponibles para cubrir dichos gastos se reducirán; la magnitud de esta reducción dependerá de la composición específica de cada condado y ciudad. Las comunidades residenciales de Miami-Dade que cuentan con pocas zonas comerciales y cuya base impositiva depende en gran medida de las viviendas con exención por residencia principal (homestead) serán las más afectadas.

La semana pasada, DeSantis habló sobre la creación de un fondo fiduciario para ayudar a los condados con dificultades financieras, principalmente a los pequeños y rurales. El lunes, afirmó que compensar a esas comunidades representaría una cifra insignificante —comparable a “polvo presupuestario”— frente a las arcas de Florida, que superan los $110,000 millones.

Sin embargo, los legisladores han enfriado esa propuesta. El lunes, tanto la Cámara de Representantes como el Senado modificaron sus proyectos de ley para eliminar del texto de la boleta electoral el requisito de crear dicho fondo fiduciario.

Si bien la Legislatura aún podría brindar ayuda financiera a las comunidades locales, el próximo presidente de la Cámara, Sam Garrison —republicano de Fleming Island—, ha manifestado que no respalda la idea de utilizar fondos estatales para cubrir el déficit presupuestario local que generarían los recortes fiscales.

Los republicanos han reconocido que la Legislatura deberá definir los pormenores de lo que suceda si los votantes aprueban la enmienda constitucional en noviembre. En esencia, piden a los ciudadanos que confíen en que actuarán de manera correcta y justa, sin favorecer a comunidades por sus vínculos políticos al solicitar fondos estatales.

Resulta irónico que los legisladores pretendan que los floridanos confíen en el gobierno estatal después de haber pedido a los votantes que socaven a sus gobiernos locales: aquellos que están más cerca de la gente.

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Esta historia fue publicada originalmente el 4 de junio de 2026, 6:34 p. m..