La Comisión de Miami-Dade se olvidó de las víctimas del puente de FIU | Opinión
Antes de que la Comisión del Condado Miami-Dade votara sobre si debería reanudar los provechosos contratos con MCM, el constructor políticamente bien conectado del puente peatonal de FIU que colapsó hizo una jugada inconcebible.
La compañía se puso en contacto con los abogados de las familias de quienes murieron cuando cayó el puente y les preguntó si los familiares hablarían a favor de MCM con los líderes del condado.
MCM quería que las personas que perdieron a sus seres queridos por el diseño deficiente y la supervisión negligente, y algunas que recibieron liquidaciones insignificantes debido a las limitaciones del estatuto de muerte por negligencia de la Florida, escribieran una carta en la que declararan que la compañía había actuado de buena fe al negociar con ellos.
“Se lo comuniqué a mis clientes”, dijo la abogada Yesenia Collazo, confirmando la solicitud de elogios de parte de las víctimas.
Una propuesta reprochable, pero esta es una empresa que está acostumbrada a gastar generosamente para participar en el mundo de la multimillonaria contratación pública. Hace donaciones de alto valor a los políticos. Emplea a sus hijos.
Entonces, ¿por qué no aprovechar también a las familias que aún están en duelo?
Pero Magnum Construction Management —ampliamente conocida como MCM antes de declararse en quiebra después del colapso del puente y llamada Munilla Construction Management— se dirigió a la persona equivocada.
Figura paterna perdida
Para Erik Rojas, sobrino de una de las seis personas que murieron cuando el puente les cayó encima el 15 de marzo de 2018, la idea de que la Comisión del Condado otorgara un contrato multimillonario a MCM “como si nada hubiera pasado” era demasiado.
Durante los últimos tres años, Rojas se ha mantenido en gran parte en silencio mientras “lucha fuertemente por la justicia”. Pero escuchar de parte de Collazo que la compañía solicitaba su respaldo lo lastimó de nuevo.
“Me motivó a actuar”, dijo Rojas, de 38 años. “Desde el principio, esto fue más que una pesadilla. Es tan trágico, tan difícil de asumir. Ha sido lucha tras lucha, decepción tras decepción”.
Rojas perdió a su tío materno, Osvaldo González, cuando el puente se derrumbó. González se había convertido en una figura paterna para Rojas después de que su propio padre fuera asesinado en Cuba en 1993 por dos hombres borrachos. Fue asesinado el Día de la Madres. Rojas tenía 9 años.
“Él fue quien me trajo a este país”, dijo Rojas recordando a González. “Él era más que un tío para mí. Era como mi papá. No recibió la justicia que se merecía”.
Rojas y su madre, Marisol, eran los únicos parientes consanguíneos que González tenía en Estados Unidos. En su testamento, les dejó la casa que compartía con su compañero de toda la vida, Alberto Arias, también muerto en el colapso del puente peatonal.
Esa fatídica mañana, cuando sus vidas terminaron abruptamente en Southwest Eighth Street, los dos hombres, que eran dueños de Classic Design Party Rental, acababan de salir del apartamento en Kendall de la madre de Arias, en su camioneta Chevy blanca.
Estaban haciendo recados y habían prometido regresar para compartir una sabrosa cena de picadillo. El cuidado de la familia era fundamental para la vida de los hombres.
Enterarse de la muerte de su tío por televisión, dijo Rojas, fue “horrible”.
Cuando la policía llegó con la confirmación de la terrible noticia, él ya lo sabía. González no contestaba a su celular; luego este se apagó. Sabiendo que los hombres transitaban por esa ruta, Rojas examinó imágenes del video y vio lo que pensó que era parte de la camioneta blanca de su tío.
A partir de la terrible experiencia, Rojas se dedicó a cuidar a su madre, inconsolable, y a sortear cada detalle con el mayor cuidado.
“¿Cómo podría explicarle a ella por qué el funeral tenía que tener un ataúd cerrado?”.
Asistió a una conferencia de prensa inicial con Collazo, abogada de las dos familias, pero dijo poco. Quería proteger a su madre de mayor sufrimiento, dijo, y se guardaron su dolor.
Ni siquiera pudieron soportar asistir a los homenajes de aniversario en FIU para los muertos y heridos.
“El proceso fue tan despiadado, tan brutal, tan ruin —es lo único que puedo decir— que no queríamos bregar con nada más”, dijo.
Estatuto de muerte por negligencia
El proceso al que se refiere fue la mediación judicial para distribuir una liquidación de $103 millones por reclamos por lesiones corporales entre las familias de las seis personas que murieron y las 15 que resultaron heridas en el colapso.
Según el estatuto de muerte por negligencia de la Florida, que, mediante una compleja ecuación matemática, clasifica lo que vale una persona muerta, la relación de sobrino a tío no se reconoce tan valiosa como una hija o un cónyuge. Un hermano o una hermana tampoco ocupa un lugar muy valioso.
A nadie le importó que González, de 57 años, quien llegó durante el éxodo del Mariel en 1980, había sostenido a Rojas cuando era niño en Cuba, lo había apoyado durante el año que vivió en Paraguay en 2003 y, después de que lo trajo a Miami, lo alojó, lo alimentó y se aseguró de que aprendiera inglés y obtuviera una educación universitaria.
“Era como si su vida no tuviera valor”, dijo Rojas. “Lo deberían haber respetado de la misma manera que se aprecia a los demás. Todos ellos [los muertos] deberían ser honrados de la misma manera”.
Un acuerdo de confidencialidad ordenado por el tribunal prohíbe a Rojas y a Collazo revelar el monto de la liquidación.
“El poco dinero para hacernos callar”, lo llama Rojas, que trabaja en recursos humanos. “No hay dinero que pueda comprar la vida, pero mientras otras personas obtuvieron millones, nosotros obtuvimos la propina de un camarero”.
Para MCM, un contrato de $70 millones
Para agravar el insulto, MCM, el contratista general del malhadado proyecto que mató a su tío, se acercó la semana pasada a un enorme contrato de parte de los comisionados de Miami-Dade.
La Comisión del Condado votó para que la administración de Daniella Levine Cava negociara con MCM un contrato de cinco años para supervisar a empresas constructoras más pequeñas en proyectos de renovación en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Y lo hicieron sin una sola mención del colapso del puente y la pérdida de familias.
“Honestamente, esta gente me desconcertó. Fue totalmente incomprensible para mí que no se mencionara a las familias de las víctimas”, dijo Rojas.
“Qué vergüenza la de estos funcionarios elegidos”, dijo su abogado Collazo.
Para la mayoría de la comisión, la política, y anular la recomendación de Levine Cava de rechazar todas las ofertas y hacer que MIA manejara las obras de construcción por sí misma, era más importante que los seres humanos perdidos y los que quedaron para recoger los pedazos por cuenta de la negligencia de MCM.
“Se declararon en quiebra inmediatamente después del accidente para salirse con la suya. ¿Por qué se les debería permitir volver a hacer negocios?”, pregunta Rojas. “Estoy tan enojado por eso. No pasa un día sin que dejemos de sentir el dolor. Tres años y todavía no he pasado por ese lugar. Es una intersección principal, pero la evito”.
Estaba haciendo una maestría en manejo de desastres en la Universidad Internacional de Florida en el momento del colapso del puente, pero no ha podido regresar al campus.
“Sucedió frente al edificio donde estudiaba”, dijo.
Mientras tanto, MCM puede hacer borrón y cuenta nueva con la quiebra, y eso es suficiente para los comisionados del condado.
No es necesario rendir cuentas, solo queda el rastro del dolor como testigo.
