Miles de extranjeros con antecedentes penales no fueron deportados de EEUU

Todos los años las autoridades de inmigración liberan a cientos de extranjeros condenados por delitos, entre ellos homicidios, porque la Corte Suprema ha prohibido la detención indefinida o porque sus países de origen se niegan a aceptar su deportación después que jueces de inmigración han ordenado devolverlos.

Aunque la liberación de extranjeros con antecedentes penales ha sido práctica común desde que la Corte Suprema emitió su histórico fallo hace 15 años, esa práctica es ahora foco de atención nacional debido a que el presidente Donald Trump ha insistido en deportar a delincuentes extranjeros tan pronto como sea posible porque son un peligro para la comunidad.

Investigadores de la Comisión Judicial del Senado han recopilado evidencia que parece respaldar la afirmación de Trump. Un documento de la Comisión, que no ha recibido mucha publicidad, contiene información del Departamento de Seguridad Interna (DHS) sobre el número de extranjeros con antecedentes penales, la razón por la que fueron liberados, si las autoridades de inmigración han logrado deportarlos o si han cometido delitos adicionales tras ser liberados.

Una carta de la Comisión en que pide más información del Departamento de Justicia y los departamentos de Estado y Seguridad Interna dice que al menos 121 homicidios “podrían haberse evitado” entre el 2010 y el 2014 si la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) no hubiera liberado a 121 criminales extranjeros, lo que les permitió cometer más delitos.

“Este hecho inquietante viene del reconocimiento por parte del ICE de que de los 36,007 delincuentes extranjeros liberados por el ICE en el año fiscal 2013, 1,000 han sido condenados por delitos adicionales después de ser liberados”, según la misiva enviada en el 2015. También revela que 121 reos extranjeros fueron acusados ​​de homicidio tras su liberación entre el 2010 y el 2014.

Una portavoz de la Comisión no proporcionó información adicional cuando fue contactada por el Nuevo Herald la semana pasada.

Pero una carta de la entonces directora del ICE, Sarah Saldaña, dice que de los 121 extranjeros acusados de homicidio después de ser liberados, 33 obtuvieron fianza de jueces de inmigración y 24 fueron dejados en libertad por el ICE debido a la orden de la Corte Suprema. Saldaña no explicó las razones de la liberación de los otros 64.

Defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan estudios sobre el tema no sustentan el culpar a los extranjeros de un aumento de la delincuencia. El grupo American Immigration Council (AIC) publicó en el 2015 un informe sobre los puntos sobresalientes de esos estudios.

“Durante más de un siglo, innumerables estudios han confirmado dos verdades simples pero poderosas sobre la relación entre la inmigración y la delincuencia”, expresa un análisis del AIC. “Los inmigrantes son menos propensos a cometer delitos graves o caer presos que los nacidos en Estados Unidos”.

Una herramienta que Trump ha sugerido para obligar a países reacios a aceptar la devolución de sus ciudadanos es la cancelación de visados a visitantes e inmigrantes de esas naciones. Esto no ha sucedido, pero Trump ha demostrado su disposición a actuar con fuerza a través de órdenes ejecutivas, como su decisión de prohibir temporalmente la entrada de refugiados e inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana. Un tribunal federal de apelaciones rechazó el domingo por la madrugada la petición del Departamento de Justicia para restablecer de inmediato la orden presidencial que restringe la entrada al país de esas personas.

El gobierno había apelado el sábado por la noche la orden temporal que suspendió el decreto de Trump, alegando que el juez federal en Seattle se extralimitó al cuestionar al presidente en un asunto de seguridad nacional.

En un discurso en Phoenix, durante la campaña, Trump prometió deportar a los extranjeros con antecedentes penales sin importar si sus países están de acuerdo en aceptarlos.

La carta de la Comisión Judicial del Senado también señaló que en el 2014 el ICE liberó a 2,457 extranjeros con antecedentes penales debido a la decisión de la Corte Suprema. La mayoría son de 23 países descritos por el ICE como “recalcitrantes” porque rechazan la devolución de sus ciudadanos. Según la carta, 1,183 de éstos son cubanos. El resto son ciudadanos de Afganistán, Argelia, China, Irán. Irak, Libia, Somalia y Zimbabwe, según el ICE.

Aunque Trump no ha amenazado con negar visas a ciudadanos de esos países, sí ha dado a entender que podría tomar esa decisión.

La orden ejecutiva de Trump que suspende el programa de refugiados y la entrada de ciudadanos de los siete países indica que si esas naciones no proporcionan información solicitada por Estados Unidos, el presidente prohibirá su entrada.

Si los países en cuestión se niegan a entregar la información que Washington requiere, entonces el secretario de Estado deberá entregar al presidente una lista de países “para su inclusión en una proclama presidencial que prohíba la entrada de extranjeros ... de países que no suministren la información solicitada”, según el texto de la orden ejecutiva.

Negar la visa a ciudadanos de países que se resisten a aceptar la devolución de sus nacionales ha sido citada previamente como posible arma para presionar que se cumpla la orden de deportación, pero nunca ha sido usada ampliamente.

Jeh Johnson, ex secretario del DHS, declaró a la Comisión Judicial del Senado en abril del 2015 que no creía que suspender las visas como arma de presión contra países recalcitrantes fuera una política adecuada.

La carta de la Comisión señala que Estados Unidos puede ayudar a acelerar el proceso de deportación negando visas diplomáticas o cualquier otro tipo a ciudadanos de “países recalcitrantes que niegan o demoran la aceptación del regreso de sus nacionales con ordenes de expulsión”.

La carta también señaló que Cuba ha estado “en perpetuidad en la lista de países recalcitrantes porque se niega a aceptar” a cubanos con ordenes de deportación que no estén entre los 2,746 en una lista acordada entre Washington y La Habana en 1984.

El 12 de enero, cuando el entonces presidente Barack Obama revocó la política del pies secos-pies mojados, funcionarios estadounidenses indicaron que la nueva política permitía el retorno a la isla de cubanos indocumentados que llegaron después que la medida entró en vigor.

Pero los funcionarios no fueron precisos en cuanto a si la nueva política se aplicará a los más de 35,000 cubanos con antecedentes penales y ordenes de deportación.

Sobre la cuestión general de extranjeros con antecedentes penales, la carta de la Comisión se centró en los 121 reos liberados entre el 2010 y el 2014 porque fueron acusados ​​de homicidio después de ser liberados.

Esta es una cuestión importante porque es uno de los pilares de la posición de Trump sobre los inmigrantes con antecedentes penales, a quienes ve como peligro para la sociedad.

El 31 de agosto, Trump habló en Phoenix, Arizona, sobre el caso de Kate Steinle, asesinada en San Francisco presuntamente por un mexicano indocumentado, Juan Francisco López Sánchez, quien había sido deportado cinco veces pero que había logrado cruzar la frontera de nuevo sin ser detectado.

Durante una audiencia de una comisión de la Cámara de Representantes, funcionarios del ICE revelaron que trataron de evitar que López Sánchez saliera bajo fianza de la cárcel por otro delito, pero que las autoridades de San Francisco decidieron ignorar la solicitud de retención porque la ciudad es un santuario para indocumentados.

Como resultado de estos casos, Trump prometió construir un muro a lo largo de la frontera con México, deportar inmediatamente a entre 2 y 3 millones de indocumentados con antecedentes penales y negar fondos federales a ciudades santuario.

Esta historia fue publicada originalmente el 5 de febrero de 2017, 1:39 p. m. with the headline "Miles de extranjeros con antecedentes penales no fueron deportados de EEUU."