Suspenden cláusula que permitiría a cubanoamericanos demandar por propiedades confiscadas en Cuba

El secretario de Estado, Rex Tillerson, suspendió por otros seis meses un acápite de la Ley Helms-Burton que permitiría a más estadounidenses, incluidos cubanos nacionalizados, demandar a aquellos que estuvieran “traficando” en la isla con sus propiedades, confiscadas hace décadas por el gobierno cubano.

Tillerson, no el presidente Donald Trump, habría notificado al Congreso el 12 de enero su decisión de suspender a partir del 1ro de febrero el derecho a demandar bajo el Título III de la ley. El Departamento de Estado ha tenido la autoridad para hacer esta determinación y suspender el Título III de la ley desde enero del 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama delegó este asunto al secretario de Estado.

La primera vez que el gobierno de Trump suspendió este acápite, Tillerson, a su vez, delegó su autoridad en el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien finalmente hizo la determinación.

Desde la entrada en vigor de la ley (también conocida como Ley Libertad) en 1996, todas los gobiernos de EEUU han suspendido el controversial título III, considerado extraterritorial por importantes socios comerciales como la Unión Europea y Canadá, que tienen inversiones en Cuba.

Bajo el gobierno de Barack Obama, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba se sentaron a discutir cómo resolver las reclamaciones pendientes sobre propiedades confiscadas a estadounidenses y valoradas ahora en $8,000 millones. Pero las negociaciones no llegaron a nada.

La idea de mantener en vigor el Título III comenzó a aflorar nuevamente a partir de la elección de Trump, quien prometió asumir una postura más dura con el gobierno de La Habana. El acápite permitiría ampliar el grupo de personas que pudieran demandar en los tribunales estadounidenses a compañías y ciudadanos de cualquier país —incluido EEUU— cuyas inversiones estuvieran en terrenos o propiedades confiscadas por el gobierno cubano después de 1959. Hasta ahora, el gobierno ha certificado cerca de 6,000 reclamaciones de personas que eran ciudadanos estadounidenses en el momento de la confiscación.

Pero el riesgo de alienar a aliados cercanos, sentar precedentes legales que contradicen otros principios de leyes estadounidenses o internacionales y abrir la puerta a una potencial avalancha de reclamaciones, ha llevado a cada administración a optar por la suspensión.

Políticos cubanoamericanos han pedido a Trump que haga más para resolver el espinoso tema de las propiedades de estadounidenses confiscadas en Cuba. Una audiencia del Congreso la semana pasada en Miami —en la estuvieron presentes los congresistas republicanos por la Florida Marco Rubio, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen— tuvo como uno de sus testigos a Javier García-Bengochea, quien posee una reclamación certificada y dice ser el verdadero dueño del puerto de Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia en el país.

“La dictadura de Castro todavía nos debe a nosotros, los propietarios de los puertos, muchos cientos de millones... y se ha beneficiado de nuestras propiedades durante este período sin ninguna compensación o consideración por nosotros. Las entidades extranjeras han traficado de manera similar en nuestras propiedades robadas durante décadas”, dijo García-Bengochea.

“Terminaré como el Presidente comenzó [su discurso] el 16 de junio de 2017 aquí en Miami, explicando su política hacia Cuba y el cambio obvio que debe ocurrir: ‘vamos a hacer cumplir la ley existente’ ”, añadió.

Esta historia fue publicada originalmente el 24 de enero de 2018, 4:42 p. m. with the headline "Suspenden cláusula que permitiría a cubanoamericanos demandar por propiedades confiscadas en Cuba."