Lucha por límites de donaciones de campaña en Miami-Dade ahora depende de un juez
Primero recolectaron miles de firmas de votantes. Luego presentaron una demanda contra el alcalde condal Carlos Giménez y la supervisora de elecciones Christina White para exigir que contaran las firmas. También presionaron a los comisionados de Miami-Dade a realizar una reunión extraordinaria para ordenar el conteo.
Ahora una coalición que busca cambiar las reglas de financiamiento de las campañas condales espera la decisión de un juez de la Corte Civil de Miami-Dade para saber si su petición será o no incluida en la boleta electoral de noviembre. Y el tiempo parece no estar de parte del grupo. Las boletas electorales se imprimen el 17 de septiembre y típicamente las preguntas a ser incluidas en el documento deben estar listas al menos dos semanas antes.
La respuesta está en manos del juez William Thomas, quien el jueves presidió una audiencia sobre la petición y cuestionó duramente al abogado condal Oren Rosenthal y a Joe Geller, abogado representante de la coalición de peticionarios.
Thomas deberá decidir si ordena que la pregunta sobre el cambio de reglamentos se incluya en la boleta electoral a pesar del rechazo de la mayoría de la Comisión condal, que el miércoles votó en contra de la medida. Los comisionados argumentaron que la propuesta contiene lenguaje confuso e impone injustamente los límites de donaciones. Al menos el comisionado José “Pepe” Díaz dijo que la propuesta, apoyada por sindicatos, carece de respaldo popular.
Los promotores de la petición entregaron el mes pasado 127,000 firmas para empezar el proceso de agregar la medida a la boleta electoral. Solo 52,000 firmas eran necesarias y el Departamento de Elecciones de Miami-Dade ya validó esa cantidad.
Pero la coalición enfrentó la oposición de cabilderos y de algunos comisionados, quienes critican que el proyecto de recolección de las firmas sea financiado por un grupo de Washington D.C. llamado Every Voice. Las regulaciones propuestas impondrían un amplio conjunto de restricciones a las donaciones a campañas y comités políticos por parte de cabilderos y contratistas del Condado, quienes son las principales fuentes de apoyo financiero para los políticos titulares.
“Mi primera pregunta es: por qué es que el condado ha elegido determinar la constitucionalidad de la petición al final, después de que todas las firmas han sido recolectadas?” dijo el juez Thomas al abogado condal Rosenthal en la audiencia del jueves. “Los dejan hacer todo el trabajo para que después ustedes, el condado, miren [la petición] y digan ‘oh no, esto es engañoso, es inconstitucional, esconde la verdadera intención. ¡Pero ya todo está hecho!”
Rosenthal respondió que simplemente se siguió el proceso estipulado en el acta constitutiva condal, el cual fue aprobado en las urnas por los votantes en el 2002. La responsabilidad de crear el lenguaje de una petición para incluir en la boleta electoral recae en los peticionarios, de acuerdo con esas reglas, dijo Rosenthal.
“Pero ustedes podrían haberles dejado saber cuál era el problema: no es constitucional porque implica esto, esto y esto”, rebatió el juez. “Ellos habrían tenido tiempo de arreglarlo. Pero ahora no lo tienen. Es casi como que les dijeran... ¡ajá, los atrapamos!”
Por otra parte, Thomas dijo que la pregunta que los peticionarios buscan incluir en la boleta “cubre demasiados” puntos. El juez la leyó en voz alta en la audiencia, haciendo énfasis en los seis puntos y comas que contiene la oración.
Geller dijo que la pregunta está limitada por el número de palabras que puede contener, y que la ordenanza, que va como documento adjunto, explica en detalle todos los puntos de la propuesta.
Aún así Thomas cuestionó el hecho de que los peticionarios hayan esperado ir al tribunal para abordar dudas sobre el lenguaje legal de la petición “que claramente ya habían sido expresadas”.
Rosenthal dijo que es mejor que el asunto se aclarara y que la medida sea incluida en la boleta de las elecciones de agosto del 2018. Pero Geller se opuso y sugirió que se permita a los votantes decidir sobre la medida y que luego se resuelva la polémica sobre el lenguaje en la corte.
“Eso no tiene sentido para mi”, dijo Thomas, quien agregó que dejar que la gente vote para luego retirar la medida si resulta inconstitucional es el tipo de comportamiento que genera “disturbios en las calles”.
Thomas finalizó diciendo que su decisión será publicada tan pronto pueda tenerla lista. “No me apresuren”, dijo el juez.
El reportero del Miami Herald Douglas Hanks contribuyó con esta información.
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Esta historia fue publicada originalmente el 8 de septiembre de 2016, 6:47 p. m. with the headline "Lucha por límites de donaciones de campaña en Miami-Dade ahora depende de un juez."