En manos de los votantes el poder de demandar a la Ciudad
Los votantes de Miami tendrán que tomar una decisión inusual cuando acudan a las urnas en noviembre: ¿deberán darse a sí mismos el derecho de demandar al gobierno de su ciudad?
A continuación de una series de demandas causadas por controvertidos acuerdos inmobiliarios que han sentado precedente judicial, los comisionados de Miami han puesto en la boleta de la elección presidencial una pregunta que, de ser aprobada por una mayoría simple, podría dar a los ciudadanos el derecho explícito de acusar ante los tribunales al gobierno de su ciudad de violar sus propios estatutos.
En los tribunales, eso se llama posición de derecho. Y, sin el mismo, los autores de la propuesta afirman que los residentes de Miami tendrán menos herramientas para pedir cuentas a su gobierno.
“Lo que esto hace en realidad es permitir a los residentes de esta ciudad ponerle un límite a su gobierno”, dijo Justin Wales, abogado de la Primera Enmienda que ayudó en la campaña para llevar la pregunta a la boleta. “Esto permite a la Ciudad recuperar la confianza de sus residentes y obligará a sus funcionarios a usar los procedimientos debidos”.
Wales, quien ha presentado resúmenes legales en demandas con respecto a SkyRise Miami, Flagstone Island Gardens y el Miami Worldcenter, está entre los abogados locales que dicen que, hasta el año pasado, la Florida concedía implícitamente a sus residentes la capacidad de demandar a sus municipios cuando consideraran que sus estatutos han sido violados. Los estatutos, parecidos a la constitución estatal o federal, establecen las reglas según las cuales un municipio se debe operar y gobernar a sí mismo.
Pero en el 2015, tras una ola de demandas exitosas contra la Ciudad, un fallo del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito sobre varios casos dejó en claro que, para demandar por violaciones de los estatutos, los ciudadanos tienen que primero probar que han sufrido “daños especiales” o algún tipo de daños únicos que no puedan ser reclamados por el público en general.
El fallo –corroborado cuando el Tribunal Supremo de la Florida se negó a escuchar una apelación– fue una victoria importante para la abogada de la Ciudad de Miami, Victoria Méndez, y una derrota igualmente significativa para los litigantes que habían acusado a la administración de la Ciudad de hacer una serie de sospechosos contratos de arrendamiento y acuerdos de urbanización sin revelar documentos e información pública ni siquiera a funcionarios electos. No obstante, algunos de los demandantes y abogados perdedores usaron su papel en un comité de la Ciudad, cuya tarea es recomendar cambios a los estatutos de Miami para llevar el asunto ante la Comisión de la Ciudad, y en última instancia los votantes.
Wales, por ejemplo, es miembro del comité, conjuntamente con el urbanizador Martin Margulies, quien puso una demanda para protestar por los subsidios concedidos a los urbanizadores del Miami Worldcenter. Stephen Kneapler, hombre de confianza del alcalde Tomás Regalado, y quien puso una demanda para detener la reurbanización de la marina de Grove Key, también era miembro del comité.
Stephen Herbits, miembro fundador de la Coalición Contra el Caos en el Viaducto (Coalition Against Causeway Chaos), organización sin afán de lucro y exenta de impuestos que hace campaña a favor de la enmienda a los estatutos, afirma que aprobar el referéndum es de importancia crucial para asegurar que la Ciudad actúe de forma ética y legal. Herbits, quien conjuntamente con sus vecinos presentó una demanda contra el proyecto de Flagstone Island Gardens, está entre los que creen que el abogado de la Ciudad de Miami a menudo da consejo legal indebido o no revela información legal pertinente al caso a los comisionados de la Ciudad con objeto de influir en el resultado de votaciones importantes.
“Los ciudadanos tienen que restablecer este derecho”, dijo Herbits, quien puso una queja de ética contra uno de los abogados de Miami. “Una vez que sea aprobado, hay pocas probabilidades de que ellos violen las leyes en un futuro”.
Los detractores del cambio, sin embargo, opinan que el mismo podría abrir las puertas a litigaciones por parte de demandantes que usarían sus demandas como un modo de oponerse a proyectos y decisiones simplemente porque no están de acuerdo con ellos. Cuando los comisionados de Miami votaron 3 a 2 a favor de poner el asunto en la boleta, Méndez dijo a los comisionados que ellos estaban “básicamente atando mis manos y enviándome a los tribunales”.
El comisionado Keon Hardemon, quien votó en contra de la propuesta, la calificó de “irresponsable”. El año pasado, cuando el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito denegó a la Grace Solares apelación a la desestimación de su demanda contra el SkyRise, el panel señaló que los estatutos municipales no estaban al nivel de la Constitución de la Florida.
J.C. Planas, abogado que ha defendido a la Ciudad en casos relacionados con SkyRise y Grove Key, calificó la pregunta de la boleta de “imprudente” y negó alegaciones de que la jurisprudencia diera anteriormente a los residentes posición de derecho sobre temas relacionados con supuestas violaciones de estatutos. Dijo asimismo que otorgará a todos los ciudadanos posición de derecho invitaría a “litigantes inescrupulosos a demandar a la Ciudad aun cuando nadie haya sufrido daños ni perjuicios”.
“No puedo entender cómo pudo la Ciudad poner esto en la boleta”, dijo Planas. “Esto invitará a la litigación y causará grandes problemas a la Ciudad”.
Pero el Condado Miami-Dade cuenta con una cláusula similar ya incluida en sus estatutos, la cual no ha tenido como resultado quejas sobre litigaciones frívolas. Y, para cubrir su preocupación de que el asunto podría crear una industria local de demandas antigubernamentales, los comisionados trabajaron el lenguaje de la pregunta de la boleta para dejar en claro que las demandas victoriosas pagarán los gastos de corte de los demandantes pero no sus costos de abogado.
La propuesta cuenta asimismo con el apoyo de la comisión de la Ciudad y del alcalde Regalado, y hasta el momento no parecer contar con una oposición organizada. El comisionado Francis Suárez, presidente del comité de revisión de los estatutos de la Ciudad, dijo que cambiar la ley asegurará que los tribunales puedan distinguir la verdad de la ficción cuando los críticos de la Ciudad tomen acción legal.
“La integridad de nuestro gobierno no tiene precio”, dijo. “Nuestros residentes tienen derecho a sentir que pueden hacer cumplir la ley incluso contra su propio gobierno, y no verse obstaculizados por estratagemas de procedimiento”.
Esta historia fue publicada originalmente el 22 de octubre de 2016, 1:37 p. m. with the headline "En manos de los votantes el poder de demandar a la Ciudad."