¿Error o fraude? $16 millones en pagos de más a prisiones privadas salen del bolsillo del contribuyente en Florida

Durante los últimos años, los funcionarios de cárceles de la Florida han estado usando un sistema de precios poco claro que infló los pagos hechos a una compañía carcelaria privada que operaba el Centro Correccional de Lake City (Lake City Correctional Facility), lo cual costó millones de dólares a los contribuyentes en cargos excesivos en lugar de producir los ahorros prometidos, de acuerdo con una auditoría financiera independiente hecha por un legislador estatal de Miami Beach.

El representante David Richardson, demócrata y auditor forense retirado, investigó siete años de pagos estatales a la empresa Corrections Corporations of America (CCA), conocida ahora como CoreCivic de Tennessee, y concluyó que el sistema de precios aprobado por el Departamento de Correccionales de la Florida tuvo como resultado cargos en exceso por un valor de al menos $16 millones durante los últimos siete años, lo cual fue o bien el resultado de una escandalosa ineptitud por parte del gobierno o bien de un fraude calculado en contra de los contribuyentes.

“La concesión de este contrato de acuerdo con los términos y condiciones propuestos fue un fracaso colosal por parte del gobierno”, escribió Richardson en un resumen de nueve páginas de sus conclusiones, las cuales puso a disposición del Herald/Times. “...Esto no representa nada más que derroche y abuso del gobierno. Resulta sorprendente que tantos empleados y tantas entidades del gobierno hayan podido estar involucradas en este asunto y que los engaños en la estimación de los precios no hayan sido detectados”.

Richardson, quien ha llevado a cabo una cruzada en solitario con la intención de pedir cuentas al problemático sistema de cárceles de la Florida, hizo entrega de una copia de su informe, de dos pulgadas de grueso, y de su resumen del informe a la inspectora general en jefe de la Florida, Melinda Miguel. Él pidió a Miguel que lleve a cabo una investigación sobre posibles violaciones de tipo criminal en relación con el contrato del Centro Correccional de Lake City, así como las otras seis prisiones de la Florida operadas por otros contratistas. Esta es la única cárcel que CoreCivic opera en la actualidad.

“Me parece que ciertos individuos fueron extremadamente incompetentes”, escribió Richardson en una carta dirigida a Miguel. “Si sus actos fueron intencionales, entonces ellos han participado en una conspiración para estafar al gobierno estatal”.

La revista pasada a los contratos, estados de cuentas y pagos realizados a la cárcel de Lake City, la cual alberga a 894 delincuentes juveniles, concluyó que el contrato, el cual se suponía que debería ahorrar dinero al estado, resultó en el pago de millones en fondos estatales por el aire condicionado del centro, el cual fue construido por el estado y luego arrendado a CCA. Además, el contrato parece haber creado cargos fantasmas por personal que fueron reembolsados, dio a CCA cuatro veces más para programas de educación y de educación sobre abuso de sustancias de lo que el estado mismo gasta para administrar los mismos programas en las cárceles administradas por el estado, e infló las tasas de ocupación para aumentar los reembolsos, de acuerdo con Richardson.

“Claramente, el contrato costó más dinero al gobierno estatal que si simplemente hubiera hecho el trabajo por sí mismo”, dijo Richardson. Los “crasos errores cometidos en la fijación de los precios de los contratos tuvieron como resultado que se hicieran pagos en exceso significativos al contratista. Estos pagos eran legales porque habían sido negociados en el contrato, de modo que no he detectado conducta impropia de ningún tipo por parte del contratista, pero ciertamente me parece que ha habido algún tipo de conducta impropia por parte de los funcionarios del gobierno estatal”.

Miguel no quiso comentar si hará investigaciones o no. Richardson dijo que él la urgió a “que considerara la posibilidad de bloquear de inmediato ciertas cuentas de correos electrónicos”.

Richardson dijo que él informó oficialmente al cabildero de CoreCivic de sus conclusiones. A ellos se les pagó en base a estimaciones de fijación de precios compiladas por el Departamento de Correccionales de la Florida e incluidas en un contrato que fuera negociado por el Departamento de Servicios Administrativos (DMS), el cual se encarga de la supervisión de las cárceles privadas. El DMS ha renovado ese contrato tres veces, la más reciente de las cuales fue en junio del año pasado. Al ser contactadas por el Herald/Times, todas las partes involucradas afirmaron que no estaban preparadas para comentar al respecto.

‘Difícil de creer’

Richardson dijo que no está convencido de que los funcionarios estatales hubieran actuado por sí solos. Las irregularidades en la fijación de precios son demasiado flagrantes, dijo, y los costos en exceso suman más de lo que el gobierno estatal hubiera pagado si las cárceles hubieran sido administradas todavía a cargo del estado.

“Me resulta difícil de creer que tantas personas hayan estado involucradas en la concesión, administración y supervisión de este contrato, y que a pesar de eso nadie parezca haber identificado los que me parecen errores muy elementales en la determinación de precios de contrato justos y razonables que sean consistentes con las leyes estatales aplicables”, afirmó en la carta.

Legisladores autorizaron al Departamento de Correccionales a hacer contratos con contratistas carcelarios privados para que administraran las prisiones estatales, siempre y cuando el contrato demostrara un ahorro anual del 7 por ciento con respecto a la operación de un centro similar bajo administración estatal. Pero, al mismo tiempo, ellos pasaron la supervisión de los contratos de manos de la agencia que conoce las prisiones a las de la agencia que se ocupa de los contratos de arrendamiento estatales, el DMS.

Al mismo tiempo que eso pasaba, el sistema de precios que las agencias negociaron con CoreCivic compensó a la compañía por costos que excedían con mucho el costo de operaciones de una prisión estatal, concluyó Richardson.

“Decir que la concesión de este contrato y el uso de un contratista carcelario privado para operar este centro ahorró dinero a los contribuyentes de la Florida no es más que una farsa”, escribió en su informe.

Visitante frecuente

Desde agosto del 2015, Richardson ha visitado 70 centros correccionales estatales, aprovechando una ley que permite a los legisladores estatales entrar a cualquier cárcel en cualquier momento para pasar revista e inspección. Pocos legisladores antes que él habían hecho eso, e incluso cuando Richardson ha salido en los titulares con sus esfuerzos, nadie ha mostrado el mismo interés en inspeccionar las cárceles.

Richardson se concentró al principio en el historial de violencia en centros para delincuentes juveniles como Lake City. Después de pasar un año entero alertando a la agencia de los problemas existentes, tuvo éxito en persuadir a la secretaria del FDC, Julie Jones, de que dejara de permitir la entrada de delincuentes juveniles al Centro Correccional Lancaster y que los mudara a otros centros que pudieran reducir la violencia de los presos y el abuso del personal.

Él visitó por primera vez el Centro Correccional de Lake City el 22 de octubre del 2015, e hizo una visita de seguimiento no anunciada el 19 de enero del 2016. Es el único centro correccional juvenil operado por un contratista privado. Él pidió al DMS y al FDC que le informara de cómo se estaba pagando a CoreCivic, y ellos le entregaron una sola hoja de calculo titulada “Ajustes financieros para permitir que DC opere Lake City”.

A medida que revisaba las cifras, dijo, la evidente exageración de los precios “saltaba a la vista”, dijo.

Él pidió documentos adicionales, llevó a cabo revisiones adicionales y concluyó que las cifras usadas para fijar los precios pagados por el gobierno estatal “son inexactas y no pueden ser respaldadas por opinión razonable alguna de los hechos”. En lugar de ahorrar dinero, los contribuyentes estaban pagando sumas “que excedían con mucho el 7 por ciento de ahorros”, afirmó.

Richardson dijo que concluyó que la manera en que el FDC calculaba el índice diario por preso era comparando el costo de administrar el Centro Correccional Brevard, el cual también alojaba a delincuentes juveniles, y añadiendo luego el costo de programas adicionales, como por ejemplo programas de abuso de sustancias y de educación.

Pero Richardson dijo que la comparación no era exacta, ya que a CoreCivic se le permitía operar una cárcel nueva y más eficiente, y encima se le entregaba dinero adicional para aire acondicionado, personal y programas educativos además de un aumento anual del 3 por ciento.

“La mayoría de las instalaciones del FDC carecen de equipos de aire acondicionado, pero la de Lake City, que es más moderna, está toda equipada con aire acondicionado. Dado que el propósito de usar operadores privados de prisiones es ahorrar dinero a los contribuyentes, no parece aconsejable que se compense al contratista por comodidades que no existen en instalaciones públicas”, concluyó Richardson en su informe.

Señaló que el FDC le dijo que, en contratos subsiguientes con otros contratistas carcelarios, la agencia no había incluido la adición del aire acondicionado, pero en ningún momento dio marcha atrás y ajustó el contrato de CoreCivic para excluirlo.

Otros cambios

FDC pagó asimismo a CoreCivic 45 centavos por día por cada preso por “puestos de apoyo adicionales”, concluyó Richardson. Se le dijo que el departamento tendría “que contratar personal adicional para supervisar a este operador privado de prisiones”, pero en opinión de Richardson eso no explicó por qué el estado debería estar pagando más al operador privado.

“Por supuesto que esa explicación no tiene ningún sentido”, dijo. El propósito de la estimación de costos era “identificar los costos del contratista, no los del Departamento de Correccionales. Ellos no estaban planeando pagar al contratista por esos puestos en absoluto, de modo que la lógica del argumento era imperfecta”.

El contrato daba por sentado además que el 60 por ciento de los presos en Lake City recibirían algún tipo de programa educativo, mucho más de lo que recibe como promedio el 10 por ciento de los presos en los centros administrados por el estado. Mientras que el estado pagaba $3.62 por preso por día en el Centro Correccional Brevard, el contrato exigía pagar a CoreCivic $9.85 por preso cada día, o sea, unos $3.2 millones en el primer año para cubrir esos costos, de acuerdo con el informe de Richardson.

El costo de educación se basaba en cálculos hechos por un Grupo de Trabajo de Gastos Diarios de las Cárceles compuesto por miembros del personal de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, y del auditor general. Pero la agencia fue más allá de las conclusiones del grupo y añadió un aumento anual del 3 por ciento a dichos costos, lo cual resultó en un aumento de los gastos diarios en un 335 por ciento más de lo que el estado estaba pagando a cárceles comparables, concluyó Richardson en su informe.

Richardson alertó entonces a la Comisión de Asignaciones de la Cámara antes de que se finalizara el presupuesto en la primavera del año pasado. El pidió reunirse con el auditor general de la Florida, quien le dijo que su personal no creía tener la autoridad para cuestionar los precios base establecidos por el contrato. Ninguna de las partes trató de hacer cambios al contrato existente, y el mismo fue renovado por tercera vez en junio.

Jim DeBeaugrine, veterano analista de presupuesto legislativo que prestó servicio como presidente del grupo de trabajo de gastos diarios de la cárcel al cual se asignó para que fijara los precios de operar las cárceles para que sirviera como guía a la contratación, dijo que hubo frecuentes disputas sobre si la agencia estaba sobreestimando o subestimando los verdaderos costos de las operaciones de las cárceles.

“El hecho de que un contador forense tenga preguntas no me sorprende en absoluto”, dijo. El grupo de trabajo fue disuelto más tarde, pero él afirmó que el mismo sirvió un buen propósito.

“No sería una mala idea añadir algún tipo de proceso de revista independiente desde afuera para que periódicamente eche un vistazo al modo en que se cuentan las cosas”, dijo DeBeaugrine. “Mucho de eso es cuestión de criterio. Mucho de eso es desacuerdo. No se trata de nada siniestro. Personas honorables pueden no estar de acuerdo”.

La Florida ha tenido una historia de relaciones tumultuosas con la industria de las cárceles privadas.

A diferencia de las cárceles administradas por el estado, los contratos con las compañías privadas garantizan un nivel de ocupación del 90 por ciento, les pagan por cada preso cada día, y les permiten cobrar más por servicios y programas adicionales. Los partidarios de la idea afirman que las cárceles privadas ahorran dinero porque son más eficientes y están mejor administradas. Sus opositores afirman que sus motivaciones de ganancias les brindan un incentivo para no dar a los presos reducciones de condena, lo cual aumenta sus costos, y lo bajo de sus sueldos y beneficios conllevan una pobre retención laboral.

En el 2012, el entonces presidente de presupuesto del Senado, Joe Negron, quien es en la actualidad presidente del Senado de la Florida, presentó una enmienda al presupuesto para “privatizar la administración y las operaciones de todos los centros correccionales”. La propuesta perdió en el Senado por pocos votos.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de enero de 2017, 4:56 p. m. with the headline "¿Error o fraude? $16 millones en pagos de más a prisiones privadas salen del bolsillo del contribuyente en Florida."