¿Vuelven las multas por cámaras de autobuses escolares? Miami busca revivir el polémico programa
Seis meses después de que el Departamento de Policía del Condado Miami-Dade suspendiera el programa de seguridad para autobuses escolares —una colaboración entre el distrito escolar, la policía y BusPatrol—, la junta escolar sigue buscando una solución. Mientras tanto, el proveedor ha recurrido a dos cabilderos locales con buenos contactos.
El esfuerzo por rescatar el programa de cámaras de seguridad en los autobuses escolares de Miami-Dade —y resolver la acumulación de miles de multas impugnadas— fue el tema central de una conversación de varias horas en una reunión del comité celebrada el miércoles. Durante la sesión, el miembro de la junta escolar Danny Espino propuso contratar a la División de Audiencias Administrativas de Florida, con sede en Tallahassee, que utiliza jueces de derecho administrativo para atender virtualmente las impugnaciones de multas de tráfico. El Condado Hillsborough ya emplea este modelo.
El programa de seguridad en autobuses escolares fue aprobado por el distrito en agosto de 2023 como una solución integral ofrecida por BusPatrol, empresa que instalaría cámaras en los vehículos, trabajaría con la policía para emitir multas de $225 a los conductores infractores y garantizaría un proceso para que pudieran impugnarlas en los tribunales.
El objetivo era reforzar la seguridad de los niños que viajan en autobuses escolares públicos, sancionando a los conductores que ignoraran las señales de alto extendidas cuando los estudiantes suben o bajan. Además, el programa generaba ingresos, por lo que no requirió la aprobación formal de la junta escolar.
Sin embargo, a las pocas semanas de su implementación en mayo de 2024, surgieron problemas. El Miami Herald y Tributary informaron que los conductores multados no tenían un mecanismo claro para apelar. En abril, la policía reveló fallas adicionales, incluyendo números e importes incorrectos en las citaciones. El programa fue suspendido.
Conclusiones de auditoría
Una auditoría reciente del distrito escolar concluyó que el programa no fue examinado con el debido rigor ni existió una comunicación adecuada entre las agencias participantes. También señaló que el distrito no investigó los problemas reportados en los programas de BusPatrol en Nueva York y Pennsylvania, que estaban documentados públicamente antes de firmar el contrato en Miami-Dade. En la reunión, el director de operaciones, Luis Díaz, negó esta afirmación, pero la directora de auditoría, Elvira Sánchez, insistió en que la información estaba disponible antes del acuerdo de 2023.
Dado que el convenio con BusPatrol generaba ingresos, no pasó por el proceso habitual de licitación. Según el contrato, el 70% de lo recaudado por multas iba a BusPatrol y el 30% al distrito. Aunque no se violó ninguna política, los auditores recomendaron controles más estrictos para los contratos que generan ingresos, ya que suelen escapar al escrutinio.
Tras la suspensión del programa, BusPatrol contrató a dos cabilderos con estrechos vínculos políticos: David Custin, quien trabajó como consultor en las campañas de Espino y de la miembro de la junta escolar Mary Blanco en 2024, y Tania Giselle Cruz-Giménez, que colaboró en la exitosa campaña de la jefa de policía Rosie Cordero-Stutz.
Los registros de financiamiento de campañas muestran que Espino pagó al menos $56,411 a la firma de Custin, mientras que Blanco desembolsó $106,220.
En un comunicado, BusPatrol reiteró su compromiso de colaborar con el distrito y la policía para garantizar el debido proceso a los conductores.
La propuesta de Espino, que será sometida a votación el 8 de octubre, contempla establecer audiencias administrativas para procesar las 8,600 impugnaciones pendientes de multas, además de crear un fondo específico para dar seguimiento a los ingresos y costos del programa. No obstante, los miembros de la junta están divididos sobre cómo cubrir los costos y el futuro de la iniciativa.
El superintendente José Dotres advirtió a la junta que no se comprometiera a cubrir las tasas administrativas de las multas apeladas.
“Simplemente debemos ser muy cautelosos al decir que asumiremos el costo”, señaló.
Espino, principal impulsor del programa, expresó su confianza en que el nuevo proceso de audiencias administrativas “pueda brindarle a la policía la tranquilidad de que existe un mecanismo para impugnar” las multas. Sin la participación policial, subrayó, el programa no podrá reactivarse.
