EXCLUSIVA - Trampas en licitación de millonario contrato de condominio en Miami

Cira y José Rodríguez se han resignado a perder el apartamento que compraron hace siete años.

La pareja de jubilados no tiene cómo cumplir con el pago de una cuota especial impuesta por la Junta Directiva del condominio donde residen, The Beach Club at Fontainebleau, al noroeste de Miami-Dade.

“Podemos perder nuestro apartamento [...] justo ahora que voy a cumplir 78 años, y me parece increíble que me pase esto”, dijo José poco antes de quebrarse en lágrimas.

Seis meses antes de ser reelectos en una elección en la que se evidenció la falsificación de votos, los representantes de la Junta Directiva de ese condominio aprobaron el pago de una cuota especial para otorgar un contrato de $5.2 millones, mediante una sospechosa licitación, a una compañía de reparación de techos que tenía solo un año de creada.

Cira le extiende la mano a su esposo para consolarlo y explica: “Es difícil cuando usted ha trabajado toda la vida para tener una vejez tranquila y lleguemos a esta situación”.

La pareja ya paga $240 mensual por mantenimiento y la cuota especial representa $260 más, que deben abonar mensualmente.

“Tendríamos que pagar más de lo que nosotros recibimos de [la pensión de] retiro y eso es totalmente imposible”, dijo Cira. “El abogado [de la asociación] nos informó que si no pagamos el special assessment [la cuota especial] nos pueden embargar el apartamento”.

El repentino aumento de las mensualidades en ese complejo provocó que los vecinos empezaran a solicitar registros contables a la Junta Directiva de la asociación y a la compañía que administra el condominio, Sunshine Management Services, LLC.

“Lamentablemente, los procesos de licitación en los condominios son fácilmente manipulables y eso es algo común en Miami”, dijo José Pazos, propietario de la firma de administración de condominio Pazos Robaina Association Management. “Si no se siguen las mejores prácticas estipuladas por la industria, que es llevar a cabo un proceso de licitación con propuestas selladas, que sean recibidas por la oficina del abogado y abiertas delante de los propietarios, se presta a que el acuerdo esté arreglado de antemano y no sea transparente”.

El Nuevo Herald y Univisión 23 analizaron los 81 casos de Miami-Dade que aún se encuentran bajo investigación del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR), la entidad estatal que supervisa los condominios. De estas quejas del 2015, nueve denuncias son por malos manejos financieros, y varios de esos demandantes han presentado algún tipo de documentación para respaldar sus quejas.

Pero en la mayoría de los casos, 31 quejas, los vecinos alegan que no les permiten acceder a los registros financieros de sus condominios a los que tienen derecho, de acuerdo con la ley estatal. Esa limitación dificulta la posibilidad de que los casos sean investigados y los propietarios encuentren una solución, ya que el DBPR solo inicia una pesquisa si los querellantes pueden entregar alguna prueba que avale la acusación.

Una de las quejas por el presunto mal uso de fondos de la asociación ha enfrentado a propietarios del condominio Commodore Club South, en Key Biscayne. Allí se cuestiona el pago de $17,200 por los servicios de teléfono celular del ex presidente y dos de sus familiares durante poco más de cuatro años.

No todos los casos de irregularidades han sido reportados al DBPR, ya que algunos propietarios desconocen a que autoridad acudir o, según el testimonio de algunos, sienten que las autoridades realmente no investigan los casos. Por ejemplo, el condominio The Greens, en Fontainebleau no cuenta aún con la obligatoria certificación de seguridad estructural que requiere el Condado, a pesar de que los propietarios se encuentran pagando una deuda de $728,000 desde hace más de dos años.

SIN COMPETENCIA

Los propietarios de The Beach Club ya han pagado unos $400,000 a D&T General Contracting, Inc., la compañía escogida para reparar los techos de ese complejo de 12 edificios con 712 apartamentos. El dinero empezó a ser recolectado en julio del 2015 y a inicios de febrero de este año comenzaron las obras.

La Junta Directiva de The Beach Club escogió a D&T General Contracting, una compañía de Fort Lauderdale que el empresario David Taylor había creado hacía poco más de un año, de acuerdo con registros corporativos de la Florida.

La investigación de el Nuevo Herald y Univisión 23 ha documentado que las otras dos empresas que presentaron cotizaciones para competir con D&T son compañías fantasmas que solo existen en papel vinculadas a empleadas de Taylor. Esas otras dos supuestas empresas son Tri-County Inc. y Northeast Contracting Corp., con sedes en Weston y Plantation, respectivamente.

Cuando un equipo de periodistas visitó las direcciones incluidas en las propuestas del costo de los arreglos proveídas por las compañías, se encontró con que las supuestas sedes de las empresas eran inmuebles residenciales y los actuales ocupantes aseguraron que allí no operaba ningún negocio.

De acuerdo con la cotización supuestamente presentada por Tri-County, la sede está localizada en el 16703 Golfview Drive, en un reparto residencial de Weston. El actual dueño de la vivienda, Joseph Isabella, dijo que junto con su esposa adquirió esa casa hace cinco años y aseguró que allí no funciona ninguna compañía de reparación de techos.

Según el Registro de Propiedades de Broward, esa misma vivienda perteneció entre el 2004 y el 2011 a Gary y Anne Tepper. Ambos son familiares de Patricia y Erin Tepper, de acuerdo con registros obtenidos por el Nuevo Herald. Patricia Tepper exhibe en su hoja de vida haberse desempeñado como directora de Operaciones de Taylor Contracting & Roofing, otra de las compañías de Taylor.

La otra empresa, Northeast Contracting Corp, está localizada en un barrio residencial de Plantation. Cuando un reportero de el Nuevo Herald acudió a esa vivienda la mañana del lunes 25 de enero, Erin Tepper rehusó comentar si allí funcionaba esa empresa.

A mediados de febrero, Erin Tepper fue localizada por dos reporteros de Univisión 23 trabajando en la oficina de Taylor, en Dania Beach. Una vez más, rehusó comentar sobre el tema y los echó de la oficina.

La administradora de Sunshine Property Management, Juliet Siglier, dijo que la contratación de D&T fue una decisión de la Junta Directiva de The Beach Club.

Al ser consultado, el vicepresidente de la asociación, Guillermo Merique, dijo que el abogado Héctor Martínez se encargó del proceso de selección y verificación de las empresas. El abogado de esa asociación, Martínez, rehusó en dos oportunidades hacer comentarios públicos sobre esa licitación.

Pero poco después, Martínez citó a Merique a su oficina en Miami Lakes y ambos se comunicaron con un reportero de el Nuevo Herald. En esa llamada Merique cambió su versión y dijo que el abogado no había participado en la selección de las compañías, y que el proceso había sido responsabilidad de los miembros de la junta directiva de la asociación.

“El interés nuestro estaba enfocado en encontrar una compañía que pudiera solucionar nuestro problema, el atraso que teníamos en reparar los [techos de los] edificios que corrían el riesgo de ser demolidos por el Condado”, dijo Merique a el Nuevo Herald.

Ante esa declaración, una reportera de Univisión 23 entrevistó nuevamente a Merique, quien frente a las cámaras responsabilizó una vez más a Martínez por el proceso de selección de las compañías.

 

“Las empresas las verificó el abogado”, dijo Merique a Univisión 23. “Me guío por lo que me ha dicho el abogado, la compañía legal, que me dijo: ‘Mire esas son las compañías que califican, son las mejores, este es el mejor precio, esto es lo que más conviene’ ”.

El Nuevo Herald intentó contactar a David Taylor, el dueño de la empresa, en su vivienda de Fort Lauderdale, el martes 1 de marzo. Un hombre que llegó a la casa con otras dos personas que inmediatamente entraron a la vivienda, dijo que no era un buen momento para hablar con Taylor, ya que se estaba preparando para viajar fuera del país. Agregó que le haría llegar el pedido de entrevista. El Nuevo Herald también envió un mensaje de correo electrónico pero no hubo respuesta a las solicitudes.

DEMANDAS POR ESTAFA

Una pesquisa en registros públicos, revela que Taylor ha creado al menos 15 empresas de reparación de techos sobre las cuales penden varias demandas legales. Dos de esas denuncias fueron entabladas por propietarios de condominios del condado de Broward.

Los propietarios de Eagle Nest Townhouses, una comunidad de Coral Springs, demandaron el año pasado a David Taylor, a su hermano Joseph y a su empresa ABC Roofing LLC, y también a la firma TriCoast Roofing LLC, y su dueño Barry Carter, por los malos trabajos realizados en ese condominio tras el huracán Wilma.

Los propietarios de Eagle Nest alegan en la demanda que las tejas de los techos de las casas se desprenden con facilidad, aunque la garantía de los trabajos es de 20 años.

Dos abogados de Taylor que acudieron a una corte de Broward el 11 de febrero para una audiencia del caso –que fue cancelada– declinaron hacer comentarios a reporteros de el Nuevo Herald y Univisión 23.

En otro caso, vecinos del condominio Fairway Views, en Margate, interpusieron una queja contra David Taylor ante DBPR por los malos trabajos de techo realizados en ese complejo de 176 casas. Los propietarios alegan que pagaron $3.7 millones por arreglos tras el huracán Wilma, pero el agua de lluvia se filtraba por los techos recién reparados.

“Desde el primer día empezaron a gotear”, dijo Sitra Friedman, presidenta de la asociación de propietarios del condominio y quien reside en Fairway Views desde hace una década. “Fue horrible... ellos cambiaron de nombre varias veces y no hablaban con nadie, solo con la antigua presidenta que no nos daba información. Todo fue instalado de mala manera. Ellos usaron los peores materiales”.

La empresa Taylor Contracting & Roofing INC, otra de las empresas de Taylor, también fue demandada en Georgia, en enero del 2014, por alegaciones de incumplir con la garantía de un arreglo de techos, según récords públicos de la corte civil del condado Cobb. En ese caso la propietaria de una vivienda contrató los servicios de la compañía para reparar los techos, tras los daños ocasionados por un huracán en el 2011. Pero los daños por filtración continuaron, y tras realizar varias reparaciones, la empresa se negó a continuar cumpliendo con la garantía de cinco años.

La última vez que la demandante contactó a Charles Taylor –entonces socio de David Taylor para exigirle que realizara las reparaciones, éste la refirió a un subcontratista que había trabajado en la obra y le deseó “buena suerte”, de acuerdo con la demanda. Unos meses después ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de la corte. La empresa indemnizó a la demandante, dijo el abogado del caso Bobby E. Hill.

MÁS QUEJAS...

Cada queja reportada ante DBPR tiene sus propias complejidades.

Por ejemplo, en el condominio Commodore Club South, en Key Biscayne, el ex presidente de la Junta, Carlos Santamaría, fue acusado de utilizar $17,200 de fondos de la asociación para pagar su cuenta telefónica privada, la de su esposa y la de su hijo, según documentos de DBPR.

Las cuentas corresponden al período de octubre del 2010 a febrero del 2015, de acuerdo con registros de la compañía AT&T, adjuntados en la queja.

Los reglamentos del condominio prohíben el uso de fondos de la asociación para compensar a los miembros de su Junta Directiva.

Sin embargo, Santamaría dijo a el Nuevo Herald que los pagos se efectuaron tras un acuerdo verbal adoptado en el 2010 con cuatro miembros de la junta y el administrador del condominio. Explicó que esa medida obedecía a que debía realizar múltiples gestiones en favor de su edificio.

“En ese momento me ofrecieron pagarme el teléfono y yo acepté para seguir lidiando con todos los problemas que teníamos”, dijo Santamaría, un español que reside en el complejo desde hace 25 años. “Yo les dije a los miembros de la Junta, os doy mi tiempo y mi trabajo, pero no gasto dinero de mi bolsillo en el edificio”.

Santamaría mostró copias de los cheques mensuales –con firmas de los miembros de la Junta–, girados para pagarle las cuentas de teléfono. También mostró registros bancarios de pagos por un total de $7,200 que él realizó a la asociación correspondientes a las cuentas de teléfonos de sus familiares.

“Yo me puedo equivocar pero no robo”, enfatizó Santamaría.

En otro condominio, The Greens, en Fontainebleau, en el 2013, se implementó el cobro de una cuota especial a los propietarios de los 301 apartamentos para reparar las estructuras de sus siete edificios y así obtener la certificación obligatoria por cumplir 40 años de antigüedad.

Fue así que la asociación de ese condominio gestionó un préstamo bancario por $728,000 en diciembre del 2013, pero hasta el día de hoy no han obtenido la debida certificación.

Cecilia Sarraf, quien asumió la presidencia de ese condominio en noviembre, dijo que la calidad del trabajo no refleja el monto pagado a la empresa contratista Placeres Construction.

El representante de esa empresa, Carlos Placeres, aseguró que cumplió con realizar todas las reparaciones señaladas en un estudio de ingeniería realizado por SD Consulting Engineers.

“Creo que hicimos un buen trabajo”, dijo Placeres a el Nuevo Herald. “Trabajamos por más de un año en ese condominio, concluimos las obras y ofrecimos hacer un reporte final pero nunca nadie nos respondió [...] Si ahora aparecen más rajaduras hay que entender que es un condominio con más de 40 años que necesita constantes reparaciones”.

Sin embargo, para vecinos como Nidia Vázquez, lo más indignante es que los propietarios se hayan endeudado hasta enero del 2018 para financiar las obras.

“En este país he comido mucho pollo a 19 kilos [centavos] la libra y mucho arroz amarillo para poder ahorrarme los $20 pesos para pagar por mi rancho”, dijo Nidia Vázquez, de 77 años. “Mi dolor ahora es tener el miedo de perder mi casa por una certificación de 40 años que no hemos pasado. Y mi pregunta es ¿dónde está mi dinero?”

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de marzo de 2016, 6:06 p. m. with the headline "EXCLUSIVA - Trampas en licitación de millonario contrato de condominio en Miami."