EXCLUSIVA - Dueños de condos en Miami quedan indefensos ante los abusos
La enfermera Virgilia Corces está segura de que no votó en los comicios para elegir a una nueva junta directiva en su condominio de The Beach Club at Fontainebleau Park, en el noroeste de Miami-Dade. Por esos días estaba ocupada cuidando a su padre enfermo de cáncer.
Sin embargo, un voto con su firma apareció junto a los de decenas de dueños de apartamentos que alegan que sus rúbricas fueron falsificadas en boletas que aparecieron en las urnas llevadas a un salón de fiestas de la calle Flagler, donde se realizó la reelección de los miembros de la junta directiva de ese reparto.
Cuatro días antes, a 10 millas de allí, en Hialeah, se registró un inédito resultado durante las elecciones del condominio Los Sueños: el 115 por ciento de los propietarios votaron en los comicios en los que resultó electa, por séptimo año, Arelys López como presidenta de ese complejo de 396 apartamentos.
Pero si en uno votaron de más, en otro condominio de Hialeah, Bella Venezia, ni siquiera organizaron elecciones en el 2014. La razón, según la explicación que la compañía de administración del complejo le dio a una propietaria, fue para “ahorrar dinero”.
“Algunas veces, en un intento de ahorrar dinero (y BV necesita cada centavo) nosotros incurrimos en violaciones”, le respondió por escrito la administradora del condominio a la propietaria que presentó la queja.
Las alegaciones de irregularidades electorales en The Beach Club, Los Sueños y Bella Venezia, son parte de cientos de quejas presentadas en el 2015 por propietarios de condominios de Miami-Dade y Broward ante el Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales (DBPR), el organismo estatal que supervisa los condominios en la Florida.
Con casi 1.6 millones de condominios en Florida -38 por ciento de ellos en Miami-Dade y Broward- el Estado del Sol ha tenido dificultades durante mucho tiempo para combatir el fraude y el pago de sobornos por parte de miembros de juntas directivas de asociaciones de condominios y las compañías de administración que contratan. A lo largo de décadas ha habido intentos por fortalecer las leyes estatales, pero la aplicación de esas leyes ha sido inconsistente y tras la Gran Recesión, cuando los presupuestos estatales y locales para las agencias del orden y las oficinas de la fiscalía estatal enfrentaron recortes masivos, los retos se han ido acumulando.
Mientras tanto, el auge de los condos en el sur de la Florida está de vuelta. Las grandes grúas forman parte del paisaje a lo largo de la Bahía de Biscayne, de las playas y ciudades en crecimiento como Doral, que han aprobado nuevos megaproyectos. ¿Podrá la Florida responder a las exigencias del crecimiento y proteger a los dueños de condominios?
Los frustrados residentes de condos se quejan de que tienen pocas opciones. Las agencias locales de policía dicen que la mayoría de las quejas no son de carácter criminal y deberían ser tratadas en la corte civil. Los fiscales señalan a la policía o el DBPR como los responsables de hacer cumplir las leyes, pero la agencia estatal suele insistir en que no puede darle seguimiento a una queja que no está bajo su jurisdicción o que no puede iniciar una investigación a menos que los dueños de la propiedad le proporcionen suficiente evidencia de una irregularidad.
Tras recibir varias denuncias en los últimos meses de residentes que alegan malos manejos financieros, falta de transparencia y fraude electoral en sus condominios, el Nuevo Herald y Univisión 23 iniciaron una investigación de estos casos. Entre otros descubrimientos, la investigación reveló la falsificación de al menos 84 firmas en las elecciones de la junta directiva del condominio The Beach Club.
“¡Esa no es mi firma!”, dijo la enfermera Corces. “¡Eso es un fraude!”
De las más de 500 quejas presentadas por propietarios de condominios de Miami-Dade ante el DBPR en el 2015, el equipo de investigación se concentró en analizar los 81 casos que aún se encuentran bajo investigación del estado. El análisis indica que 27 corresponden a irregularidades en la elección de los representantes de las asociaciones, precisamente aquellos que son responsables de aprobar jugosos contratos por servicios en los condominios.
La mayor parte de las quejas, 31, son por falta de acceso a información a la que los propietarios tienen derecho. Otros nueve casos obedecen a malos manejos financieros. El resto de las quejas van desde el uso de fondos y reservas sin autorización, hasta las disputas por multas, entre otras.
Miami-Dade es el condado que concentra la mayor cantidad de quejas por irregularidades y fraudes en la administración de condominios en la Florida, de acuerdo con el DBPR. De 1,908 quejas recibidas en el 2015 de todo el estado, 566 corresponden a Miami Dade.
COMICIOS EN FONTAINEBLEAU
El presunto fraude electoral en The Beach Club es quizás uno de los más escandalosos casos que aún se encuentran abiertos en el DBPR.
Tras el conteo de votos en las elecciones del 24 de noviembre, fueron declarados ganadores Wilfredo Zayas, Guillermo Merique e Ivonne Andrade.
El Nuevo Herald buscó y llamó a los tres miembros de esa junta en múltiples oportunidades desde mediados de febrero. Zayas y Andrade no contestaron a las solicitudes de entrevista. Merique se limitó a decir que los problemas de ese condominio se remontaban a juntas anteriores, pero rehusó pronunciarse sobre las firmas falsificadas para la elección de noviembre.
El abogado de la asociación de ese condominio, Héctor Martínez, rehusó hacer comentarios públicos sobre las firmas falsificadas en las elecciones, alegando el acuerdo de confidencialidad con sus clientes.
Zayas fue electo por primera vez en noviembre del 2014, y poco después su directiva contrató a Florida’s Property Management Group Corp. (FPM), una compañía que fue desactivada en noviembre pasado y que en los últimos años había sido criticada por propietarios de otros condominios por presuntos malos manejos.
Pero meses antes de ser desactivada FPM, su vicepresidente, Juan Awais, ya había creado Sunshine Management Services, LLC., compañía que asumió varios contratos de la anterior empresa, entre ellos los de los condominios Beach Club y Los Sueños, dijo Juliet Siglier, gerente de Sunshine.
Toda la documentación de la polémica elección en The Beach Club fue guardada por Sunshine, en su sede de Miami Lakes. Al menos cuatro propietarios del condominio acudieron entre diciembre y enero a esa oficina para revisar todos los documentos de la votación.
“Pedí acceso a esos documentos porque por ley ellos están obligados a conservarlos solo por un año [...] y la verdad es que estaba convencida de que la votación había sido un fraude”, dijo Katherine Castro, residente que compitió sin éxito en ese proceso electoral. “Pedí los sobres de los que votaron e hice unas 2,000 fotografías [de los sobres de las boletas de votación], y a simple vista uno se daba cuenta de que había firmas falsificadas”.
El Nuevo Herald y Univision 23 contactaron a 92 de los más de 500 propietarios que presuntamente votaron en las elecciones. Un total de 84 expresaron su indignación y preocupación al corroborar que sus rúbricas habían sido burdamente adulteradas en sobres de votación que supuestamente ellos habían enviado para las elecciones de su condominio.
Entre los dueños de los apartamentos a los que les falsificaron las firmas figuran, por ejemplo, Pamela Silva-Conde, presentadora del programa Primer Impacto de Univisión, y la consultora de campañas políticas Sasha Tirador.
La noche de la elección, Tirador fue alertada de que en las urnas habían aparecido dos boletas a su nombre. De inmediato, se presentó en el local de fiestas donde se realizaba el conteo de votos.
“Había una boleta que decía Sasha Tirador, pero no era mi firma,”, dijo Tirador. “Lamentablemente las instituciones que existen para reportar este tipo de delitos no lo investigan”.
La noche de la elección, un testigo clave documentó las irregularidades: Tomás Rementería, el monitor nombrado por el “Ombudsman” o Defensor Estatal de los Propietarios de Condominios para supervisar esos comicios.
Rementería indicó en su reporte entregado a la oficina del Defensor que se recibieron 542 boletas de votación de los propietarios de 712 apartamentos.
De la masiva participación reflejada en la supuesta emisión de 542 votos, fueron descartados 103, de los cuales 57 fueron eliminados por detectarse que había dos boletas de un mismo elector (lo que remite a sospecha de falsificación), y 26 por adulteraciones que fueron corroboradas por los propios votantes. El resto carecía de autorización para votar o las boletas se encontraban abiertas.
La falsificación fue tan evidente que Dolores Fernández, una de las cuatro personas encargadas de contar los votos durante las elecciones, le dijo a un reportero de el Nuevo Herald que descubrió en pleno conteo de votos que su propia firma había sido falsificada.
DEL FRAUDE A LA APATÍA
Pero al parecer, en Hialeah, las elecciones en los condominios recorren todo el espectro de irregularidades posibles.
El 20 de noviembre pasado en el condominio Los Sueños participó nada menos que el 115 por ciento de los propietarios. Es decir, en este complejo de 396 apartamentos se emitieron 457 votos. La mitad de esos votos, 228, fueron descartados. De esta cifra se descubrió que los votos de 174 personas habían sido duplicados, según un informe de la monitor Mónica Hidalgo, contratada por la asociación.
El resultado significó que, por séptimo año, Arelys López haya sido electa como presidenta de la directiva de Los Sueños, un condominio que, al igual que The Beach Club, es administrado por Sunshine.
Tras el insólito resultado, el grupo de propietarios que perdió las elecciones entabló una queja ante el DBPR.
José Guerrero y María Porras, vecinos que cuestionan la presidencia de López, han declinado comentar sobre la presunta falsificación de firmas ocurrida en esa elección. Pero el abogado Guillermo Mancebo, que representa a Guerrero, alegó en su queja ante las autoridades estatales que las elecciones fueron fraudulentas.
“La Asociación falsificó boletas y declaraciones juradas para lograr la descalificación de los votos de los miembros que se oponen a los individuos que fueron electos en la directiva de la Asociación de manera inapropiada, y a los críticos de la compañía de administración [Sunshine]”, dijo Mancebo.
Cuando un reportero de el Nuevo Herald le preguntó a López si se sentía cómoda de haber sido reelegida en comicios donde supuestamente participó el 115 por ciento de los votantes elegibles, dijo que organizar un nuevo sufragio significaría “gastar más dinero”. López agregó que el fraude fue cometido por el grupo que perdió.
En el otro extremo, en el condominio Bella Venezia, no se realizaron elecciones en el 2014 bajo el argumento de “ahorrar dinero”, lo que viola las leyes estatales y los reglamentos del propio complejo.
De acuerdo con Elena Soutullo, propietaria de dos apartamentos en ese condominio, tampoco se habrían organizado elecciones entre el 2010 y el 2013. Sin embargo, Rosario González, funcionaria de Neighborhood Property Management, Inc., compañía localizada en Hialeah y que administra el condominio Bella Venezia, dijo que en esos cuatro años se presentaron menos de cinco candidatos para ocupar igual número de puestos en la Junta Directiva, por lo que la reelección fue automática.
Soutullo y otros propietarios presentaron una queja ante el DBPR en agosto del 2014, pero no recibieron respuesta. Ante la falta de acción del DBPR, Soutullo elevó su queja al Inspector General de la Florida, en abril del 2015. La investigación fue abierta nuevamente.
“El DBPR descubrió que el condominio no tenía reservas [monetarias]; sin consultar con los dueños las usaron para gastos cotidianos”, afirmó Soutullo.
En medio de las constantes quejas, el pasado 7 de diciembre se celebraron elecciones en el condominio. De los 72 apartamentos, sólo 19 propietarios participaron en la elección y por octavo año fue reelecto en la presidencia Aurelio Martínez, quien prefirió no comentar para este reportaje.
LA FALSIFICACIÓN EN BEACH CLUB
La investigación de el Nuevo Herald y Univision 23 sobre la votación en The Beach Club encontró que al menos una veintena de votos fueron enviados por correo desde la oficina central en Miami del Servicio Postal, sin consignar la identidad ni la dirección del remitente. El envío del paquete de boletas se realizó el mismo día: el 19 de noviembre.
Una de esas boletas fue la de Mónica Espinosa, una contadora que ese día se encontraba de vacaciones en Venecia, Italia.
“¡Nunca mandé ningún voto por correo!”, aseguró Espinosa mostrando su pasaporte estadounidense estampado con la entrada y la salida del aeropuerto de Roma y fotografías de su periplo. “El 19 [de noviembre] estaba de lo más feliz, paseando en una góndola. Pero lo que más me frustra es que me hayan falsificado mi firma y quienes lo han hecho me parece que son unos delincuentes”.
Otras víctimas de la falsificación de firmas son propietarios que rentan sus apartamentos y no suelen participar en los procesos electorales del condominio. Algunos de ellos viven en Texas, Puerto Rico, República Dominicana o Venezuela.
“Es la primera vez que me pasa algo así y me imagino que es algo con una consecuencia penal”, dijo José Mera, un empresario que reside en República Dominicana y que hace ocho años adquirió un apartamento en The Beach Club para rentarlo. Mera agregó que nunca ha participado en las elecciones del condominio.
Al menos una persona, Paola Silvestri, denunció la falsificación de firmas ocurrida en la elección de noviembre ante el Departamento de Policía de Miami-Dade. Pero de acuerdo con Silvestri, su caso no ha ido más allá de un reporte policial.
“¡No hicieron nada!”, dijo Silvestri, a cuya madre, Aliria Stoppa -que reside en Venezuela- le falsificaron la firma.
Bajo las leyes de la Florida, la falsificación de una firma es un delito que califica como una felonía de tercer grado y podría conllevar una pena de hasta 5 años de cárcel y una multa de $5,000.
“Esto está pasando en todas partes del estado pero el condado Miami-Dade es la capital del fraude de las asociaciones”, aseguró Julio Robaina, quien abanderó la lucha a favor de los propietarios de condos mientras fue representante estatal, del 2002 al 2010, y que en la actualidad tiene una compañía de administración de condominios.
Mediante un correo electrónico enviado en noviembre, una vocera del DBPR dijo que las quejas son investigadas si “existe una sospecha razonable de que ocurrió una violación de la ley”.
“En general, esto significa que el querellante provee evidencia que respalde la probabilidad de que ha ocurrido una violación”, dijo Chelsea Eagles, directora de comunicaciones del DBPR, por correo electrónico. “Si el querellante simplemente sospecha que algo está mal o asume que ha ocurrido una acción ilegal, los animamos a acceder y revisar los registros oficiales de la asociación y ver si hay evidencia que respalde su reclamo. En ausencia de alguna evidencia de violación de la ley, la queja es cerrada sin mayor acción”.
No es la primera vez que unas elecciones de The Beach Club se ven empañadas por presuntas irregularidades.
En el 2014, el monitor Rementería documentó en su reporte que más de un centenar de votos fueron descartados, 36 de ellos porque había dos boletas de un mismo elector.
“La cantidad de votos dobles fue significativa”, escribió Rementería en el reporte que entregó al estado.
De acuerdo con el reporte, dos de los dueños que acudieron a las elecciones, encontraron que alguien más había votado por ellos y verificaron que sus firmas fueron falsificadas.
“En ambos casos, las boletas falsificadas salieron de la caja de boletas entregadas por la Srta. Carlín Castillo”, indicó Rementería en su reporte.
Al ser consultada por el Nuevo Herald y Univisión 23, Castillo rechazó que ella fuera la responsable de falsificar los votos.
“Cualquiera que hubiese tenido interés de manchar las elecciones lo podría haber hecho”, dijo Castillo. “Nunca se supo quién metió esos votos dobles. [...] Yo misma no iba a manchar un proceso en el que, por primera vez en nuestro condominio, iba a participar un monitor de Tallahassee, y en el que yo misma recogí las firmas porque necesitábamos cambiar de directiva y de compañía de administración”.
La reportera Erika Carrillo de Univisión 23 contribuyó a esta historia.
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Lo que viene
Martes 15 de marzo: La investigación pone al descubierto una licitación amañada con empresas fantasmas para otorgar un contrato millonario en una comunidad de condominios de Miami.
Jueves 17 de marzo: El polémico papel de los interventores designados por la corte para asumir la administración de las asociaciones en crisis y cómo, en muchos casos, terminan convirtiéndose en un problema más que en una solución.
Viernes 18 de marzo: Las autoridades del condado Miami-Dade proponen la creación de una unidad especial para analizar y combatir los problemas de fraude en los condominios, después de que la investigación demuestra la existencia de un ambiente de virtual impunidad.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de marzo de 2016, 11:40 a. m. with the headline "EXCLUSIVA - Dueños de condos en Miami quedan indefensos ante los abusos."