EXCLUSIVA: Interventores acusados de engañar a propietarios de condos en Miami

Rodolfo Rodríguez pensó que había hecho una buena inversión para su retiro cuando compró por un precio reducido un apartamento en un condominio de Miami, tras la crisis inmobiliaria.

Rodríguez, un taxista cubano de 74 años, le hizo arreglos al apartamento que adquirió por $20,000 en agosto del 2011, y lo rentó a una familia por $800 al mes.

Sin embargo, las cosas estaban lejos de ser perfectas en el condominio Tropical Point, localizado en la calle 15 y la avenida 15 del noroeste. Como en muchos otros complejos de Miami-Dade, la asociación de propietarios de Tropical Point enfrentaba graves problemas financieros tras la crisis. Los fondos de la asociación menguaban por múltiples ejecuciones hipotecarias en el edificio y la falta de pagos mensuales por el mantenimiento.

En medio del aprieto, los miembros de la junta directiva aceptaron la sugerencia de la compañía de cobros que habían contratado para colectar los pagos atrasados, APG Partners LLC, de solicitar a un juez de la corte civil de Miami-Dade el nombramiento de un interventor judicial que ayudara a resolver los problemas financieros. Pero, según el testimonio de Rodríguez y otros antiguos dueños, algunos de ellos ex miembros de la junta directiva, la interventora y las compañías asociadas a esta se convirtieron en “su peor pesadilla”.

Tropical Point es uno de tantos condominios en Miami-Dade cuyas asociaciones recurrieron a las cortes para pedir el nombramiento de un interventor que los ayude a recuperar la estabilidad financiera. En teoría el interventor o receiver debía tomar posesión de las unidades vacantes o bajo ejecución hipotecaria, rentarlas, e inyectar fondos a la asociación para compensar por aquellos propietarios que no estaban pagando las mensualidades. A cambio, al interventor se le permite cobrar una cantidad preestablecida del dinero generado por las rentas de esas unidades, como recompensa.

Durante los 18 meses que Caridad Alina Ortega, la interventora nombrada por el juez José Rodríguez, tomó las riendas de la asociación de Tropical Point, algunos propietarios pagaron miles de dólares en mantenimientos y cargos atrasados, además de cuotas especiales. Pero, según el testimonio de varias personas, las condiciones del edificio, sobre el que pendía un gravamen impuesto por la ciudad de Miami, nunca mejoraron. No se pagó la electricidad ni el agua, no se repararon los rociadores de agua y alarmas contra incendios, ni tampoco los elevadores.

Poco más de un mes después de ser nombrada, Ortega puso un gravamen sobre la vivienda de Rodríguez por presuntos pagos atrasados de una cuota especial para reparar los elevadores y realizar arreglos al apartamento. La deuda: $3,754 por el valor de la cuota y cargos de retraso.

Rodríguez, quien dijo que acababa de cumplir un acuerdo de pago para saldar una deuda de unos $500 por cargos mensuales de mantenimiento, dijo que no contaba con más dinero.

“Busqué un agente de bienes raíces y decidí quitarme de eso y vender, porque el abuso era bastante claro y esta gente tenía el respaldo de la corte”, dijo Rodríguez. Consiguió un comprador y vendió el apartamento por unos $32,000, en marzo del 2012. Pero antes de que pudiera cobrar el dinero, la interventora le giró otra factura de más de $14,000 por presuntos gastos de abogados y arreglos en el edificio.

Los que critican el mal trabajo de algunos interventores opinan que las órdenes judiciales otorgan mucho poder sobre la asociación de condominios a una sola persona, y por otra parte, las cortes no ejercen suficiente vigilancia. En la práctica, algunos interventores trabajan de la mano de empresas y firmas de abogados que al final solo se concentran en el lucro, mientras que la asociación de propietarios recibe pocos o ningún beneficio. En el caso de Ortega, documentos de varios casos de la corte describen que la interventora empleó los servicios de al menos siete empresas para manejos, arreglos y alquiler de los apartamentos, la mayoría de estas con dueños en común.

“Si describo nuestra experiencia con la interventora como una pesadilla, me quedaría corto”, dijo a el Nuevo Herald Amjad Farooq, presidente de la asociación de Tropical Point. “En lugar de ayudarnos, la interventora nos trajo más caos y humillaciones. Se incurrió en muchas prácticas maliciosas e ilegales”.

Ortega, quien fue nombrada como interventora de Tropical Point en enero del 2012, declinó ser entrevistada por el Nuevo Herald para este informe por recomendación de su abogado, Ronald Strauss, ya que aún tiene casos pendientes en la corte. El representante actual de APG Partners, Steven Kates, tampoco respondió a un pedido de entrevista de el Nuevo Herald. Rogelio Cainzos, quien figuraba como el administrador de la compañía cuando el negocio operaba en Tropical Point y quien también operó como interventor en otros complejos, dijo a el Nuevo Herald el miércoles que salió del hospital recientemente y no podía ofrecer una entrevista.

Ortega fue nombrada como interventora en al menos otros 12 condominios de Miami-Dade. Algunos de esos terminaron presentando peticiones en corte para que se cancelara su intervención.

“Las víctimas generalmente tienen que buscar un abogado para llevar sus casos a la corte y la pelea se puede extender por años, mientras tanto estas personas están chupando dinero de las asociaciones”, dijo José Pazos, propietario de la firma de administración de condominios Pazos Robaina Association Management, quien mantiene una página web con información sobre casos relacionados con interventores.

Caso insólito

En el caso del condominio International Park I, en la 11800 de la 18 calle del suroeste, la jueza Victoria Sigler, en su orden para cancelar a Ortega como interventora, emitida en noviembre del 2014, determinó, entre otras cosas, que:

▪  Los reportes que la interventora debió entregar a la corte cada cuatro meses casi nunca se recibieron a tiempo, por lo que la corte no pudo vigilar la actividad de Ortega. “La asociación de condominios, los dueños de apartamentos y los inquilinos no tuvieron el beneficio de un proceso transparente”, escribió la jueza Sigler.

▪  La interventora cobró cantidades excesivas, a veces más del doble de lo permitido por la corte, por gastos y honorarios. En una unidad, la interventora cobró $2,500 por honorarios, aunque solo se le permitía cobrar $1,500. “En conclusión, la corte no aprueba la duplicación de los cobros, la subcontratación de servicios y los cargos excesivos, los cuales son contrarios al mejor interés de la intervención”, de acuerdo con la orden judicial.

▪  La interventora despojó a al menos un propietario de su vivienda de manera fraudulenta, al pegar en su puerta una orden judicial falsa y cambiar las cerraduras. “El nombramiento de un interventor no priva a alguien de su derecho de propietario”, escribió Sigler.

▪  La interventora incurrió en un conflicto de intereses al permitir que las compañías que contrató para brindar servicios lucraran, sin revelar que estas empresas estaban relacionadas. “La corte ha notado que los proveedores de la interventora, Gables Professional Management Co., Community Rental Partners, LLC y APG Partners, son todas compañías registradas a nombre del administrador de la propiedad, Rogelio Cainzos, y han lucrado substancialmente durante la intervención [de Ortega]”, dice la orden.

El abogado Strauss, quien además es el agente registrado de la mayoría de las compañías empleadas por Ortega y en las que Cainzos figura como administrador, dijo a el Nuevo Herald que Sigler emitió la orden judicial sin ninguna evidencia y sin escuchar a ningún testigo.

“No hubo una audiencia de evidencias”, dijo Strauss, quien declinó hablar sobre otros temas.

En una entrevista con el Nuevo Herald, la jueza de la corte de circuito de Miami-Dade Beatrice Butchko, dijo que la corte nombra interventores con la intención de ayudar, y no de afectar a los condominios. Butchko dijo que generalmente los jueces no están al tanto de las irregularidades en las que incurren algunos interventores y es la responsabilidad de los propietarios informar a la corte.

“Obviamente, alguien que quiere ser un interventor no viene y nos dice: ‘Yo voy a robar, voy a hacer daño a los dueños’; no funciona así”, dijo Butchko, una juez administrativa de la corte civil. “En algunos casos estas personas no están haciendo el trabajo para el que se les nombró, pero nosotros, como jueces, tenemos cientos de casos y no estamos vigilando todas las acciones del interventor. Los dueños tienen la responsabilidad de dejarnos saber que el interventor no está haciendo su trabajo”.

Sin embargo, algunos en la industria opinan que los jueces no están lo suficientemente informados sobre los casos de fraude con interventores de condominios y que las acciones de estos rayan en el delito.

“La corte nombra a estas personas y debe responder por lo que ellos hacen con los poderes que se les da”, dijo Pazos. “Un interventor debe ser alguien neutral, que nombre un juez al azar, pero en estos casos fueron las asociaciones las que propusieron a qué interventor querían nombrar”.

Butchko enfatizó que si un interventor está tomando acciones que los propietarios consideren delictivas, son los residentes o dueños de las unidades los que deben contactar a la policía o llevar sus quejas a la fiscalía estatal.

En Tropical Point

Varios años después de perder su propiedad, el taxista Rodríguez aún no entiende exactamente qué sucedió.

“Nunca comprendí cómo es que esa gente llegaron ahí y en dos meses ya yo les debía todos esos miles de dólares”, contó Rodríguez, quien ha conducido un taxi por 20 años y utilizó parte de sus ahorros para comprar el apartamento. “Eso fue una pesadilla y un dolor de cabeza. Traté de defenderme, pero me dijeron que tenía que buscarme un abogado, ir a corte, y todo eso es más dinero”.

En el 2014 Rodríguez recibió una sorpresiva llamada de los nuevos propietarios de varios apartamentos en Tropical Point, para ofrecerle llevar su caso a la corte. Ese mismo año, en junio, el juez José Rodríguez ordenó que Ortega y las compañías con las que trabajaba reembolsaran al antiguo propietario Rodríguez unos $3,799 por cobros excesivos. Desde entonces la corte ha ordenado reembolsos a al menos otros dos dueños por sobrecargos.

“Nos metimos aquí y empezamos a revisar las cuentas, y nos encontramos con todo tipo de abusos, incluyendo el caso de ese señor taxista, al que claramente le habían cobrado servicios que nunca se dieron”, dijo Armando Pérez-Roura Jr. La compañía de su familia, 1498 Across the Bay, invirtió en la compra de varias unidades en el condominio para alquilarlas, hizo un préstamo para realizar los arreglos y logró que retiraran el gravamen que la ciudad de Miami había puesto sobre la propiedad.

En el 2013, el juez Rodríguez reemplazó a Ortega como interventora de Tropical Point por petición de la asociación y de la propia Ortega. Poco después, Ortega giró una factura de más de $48,000 a la asociación, alegando que aún debe servicios legales a dos firmas de abogados por litigios y asesoramiento relacionados con el condominio. Tropical Point se niega a pagar.

El caso se encuentra en la corte de circuito y ha abierto una caja de Pandoras sobre la intervención de Ortega en Tropical Point.

Los abogados que representan a Tropical Point lograron que el juez ordene que el Banco Popular entregue los estados de cuentas de las compañías relacionadas con Ortega que operaron en el condominio, alegando que la antigua interventora no estaba proporcionando los documentos correctos sobre su trabajo en el complejo.

De acuerdo con documentos que los abogados presentaron en la corte, más de $61,000 generados en ese condominio durante la intervención de Ortega fueron depositados en una cuenta de APG Partners, LLC. Unos $11,000 de esos fondos fueron a la asociación. Pero los representantes de la asociación alegan que el monto que pasó por las cuentas de bancos utilizadas por la interventora y las compañías durante su estadía en Tropical Point sobrepasa los $115,000. Ahora los abogados de Tropical Point están pidiendo al juez Rodríguez que ordene la devolución de todo el dinero, y que la interventora se encargue de pagar los honorarios a los abogados.

En una audiencia en corte el 2 de marzo, Cainzos testificó ante el juez Rodríguez que varias empresas en las que figura su nombre no fueron creadas por él, y que en algunos casos no estaba enterado de la existencias de las compañías.

“¿Diría usted que era solo un testaferro?”, le cuestionó Spencer West, abogado asociado del actual interventor de Tropical Point, Phillip Mitchell.

“Se podría decir que sí”, respondió Cainzos, quien aseguró que se utilizó una firma electrónica no autorizada para crear las empresas.

En enero del 2015, West presentó una petición para que la corte consolidara todos los casos pendientes de propietarios que intentan destituir a Ortega como interventora, pero la petición fue denegada.

La juez Butchko, quien no puede hacer comentarios sobre casos específicos, explicó a el Nuevo Herald que la corte sólo podría asignar varios casos a un mismo juez, si estos presentan características idénticas.

Sin embargo, en la petición para consolidar los casos, West alegó que Ortega y las compañías con las que trabaja han incurrido en un patrón de actividades abusivas en varias propiedades donde brindaron servicios.

“Al equipo completo de intervención de Ortega, APG, etc. se le debe prohibir participar en cualquier otra intervención en el condado Miami-Dade hasta que la corte pueda prevenir que ocurran casos similares”, dijo West en la petición.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de marzo de 2016, 2:45 p. m. with the headline "EXCLUSIVA: Interventores acusados de engañar a propietarios de condos en Miami."