Acusan al FBI de espiar a la defensa en caso de fraude al Medicare
En un asombroso giro de un caso de fraude de Medicare que lleva mucho tiempo en los tribunales, tanto la fiscalía federal de Miami como el FBI están acusados de espiar al abogado de uno de los acusados por medio de obtener copias de documentos confidenciales de la defensa.
Papeles judiciales presentados la semana pasada por abogados del doctor Salo Schapiro sostienen que esta práctica secreta no fue “sólo un agente o fiscal actuando por su cuenta”. En lugar de eso, fue al parecer una “política general” tanto de la fiscalía federal como del FBI que han estado teniendo lugar por “al menos 10 años”.
Esta política no escrita incluye “copiar subrepticiamente documentos de trabajo del equipo de la defensa a través del servicio de copias contratado por el gobierno que el gobierno exige al equipo de la defensa que use para obtener los documentos preliminares” necesarios para prepararse para el juicio, según documentos judiciales que piden que se desestime la acusación de Schapiro o que se descalifique al equipo entero de la fiscalía.
Los abogados de Miami, Howard Srebnick y Rossana Arteaga-Gómez, representan a Schapiro y presentaron la moción, la cual afirma que la fiscalía federal se ha estado investigando a sí misma a este respecto durante semanas.
La jueza de distrito federal de Miami Marcia G. Cooke llevó a cabo el martes una audiencia inicial que se extenderá hasta el 8 de junio a la 1:30 de la tarde. La jueza, por medio de una orden judicial, había pedido a ambas partes que respondieran a esta pregunta extraordinaria: “¿Qué soluciones, si es que existe alguna, están disponibles si el tribunal concluyera que la conducta descrita por la defensa de Schapiro fuera una práctica sistémica, consistente y/o generalizada por parte de la fiscalía federal?”
Una portavoz del fiscal federal de Miami Wifredo Ferrer no quiso ser entrevistada. No obstante, en la noche del jueves la fiscalía presentó documentos judiciales confirmando que había una pesquisa interna en curso y asegurando que los argumentos de la defensa estaban “basados en acusaciones e insinuaciones erróneas”.
“A pesar del lenguaje cargado y prejuicioso, este no es un caso de intrusión en la relación abogado-cliente, de espionaje o de infiltración en el campo de la defensa”, escribió el fiscal federal adjunto James V. Hayes y la abogada de fraude del Departamento de Justicia Lisa H. Miller.
El abogado defensor Srebnick no devolvió una llamada telefónica en busca de comentarios.
En particular, los documentos judiciales alegan que el servicio de copias Imaging Universe, radicado en Fort Lauderdale, y su presidente Ignacio E. Montero entregaron al gobierno CDs que contenían duplicados de documentos que el equipo defensor de Schapiro había escogido de 220 cajas de expedientes de pruebas en preparación para el juicio. Agentes federales habían confiscado esos expedientes de la clínica de salud mental Biscayne Milieu, donde trabajaba Schapiro.
“La clonación subrepticia del trabajo del equipo de la defensa para obtener ventajas tácticas es nada menos que ‘chocante para el sentido universal de justicia’ quie exige la Cláusula de Proceso Debido de la Quinta Enmienda”, escribieron Srebnick y Arteaga-Gómez.
“Hasta donde el equipo de la fiscalía puede inferir el proceso de pensamiento del doctor Schapiro a partir de su selección de documentos de pruebas, el gobierno ha violado su derecho por la Quinta de no ser obligado a servir de testigo contra sí mismo. Además, esta intrusión en la relación abogado-cliente ha violado el derecho del doctor Schapiro’ por la Sexta Enmienda a la asistencia efectiva de su abogado defensor”.
El gobierno responde
La respuesta del gobierno en la noche del jueves admitió que, en efecto, Imaging Universe suministró al FBI CDs con duplicados de lo que la compañía había copiado para el equipo de defensa de Schapiro, pero afirmó que los discos “en ningún momento fueron pedidos por un agente, fiscal o ninguna otra persona a nombre del gobierno”.
Los fiscales Hayes y Miller dijeron además que no tenían idea de la existencia de los CDs duplicados hasta que un agente del FBI reveló su existencia a fines de abril. Ellos sostuvieron que, al enterarse, ellos habían dicho a “Montero que parara y comenzara una pesquisa interna” inmediatamente.
“Hasta la fecha, las conclusiones a que se ha llegado son que simplemente no ha habido práctica consuetudinaria de recibir y grabar expedientes de pruebas de la defensa, y que no se trataba de una práctica generalizada o institucionalizada”, reza la respuesta del gobierno.
Robert Jarvis, profesor de leyes constitucionales de la Universidad Nova Southeastern, se mostró escéptico con respecto a las afirmaciones sensacionales de la defensa, pero dijo que, si las alegaciones prueban ser ciertas, podrían resultar en la anulación de cientos de casos criminales, poner en libertad a innumerables acusados, y, potencialmente, en cargos criminales contra funcionarios del gobierno responsables de violar los derechos de los acusados.
“Esto realmente abre una caja de Pandora”, dijo Jarvis. “Esto tiene el potencial de ser una catástrofe para el gobierno, e imagino que la secretaría de Justicia de EEUU se les va a venir encima. Hay 95 distritos judiciales. Si eso ocurrió en la jurisdicción de esta fiscalía, uno se pregunta si no estará pasando en otras”.
Schapiro, de 70 años, Sonia Gallimore, de 74 –ambos residentes de Broward– y Marlene Cesar, de 64, vecina de Allentown, Philadelphia, fueron encausados por cargos de fraude de atención médica, conspiración y falso testimonio. De acuerdo con el encausamiento, ellos y otros supuestos cómplices suyos presentaron falsas reclamaciones de Medicare por valor de más de $55 millones a través de la clínica de Miami, Biscayne Milieu, y recibieron más de $11 millones. Anteriormente, alrededor de otras 25 personas, dueños y empleados de la clínica, se declararon culpables o fueron encontrados culpables de fraude de atención médica.
El martes, los abogados de Gallimore y Cesar presentaron documentación pidiendo la desestimación de sus cargos, alegando que los derechos de sus clientes habían sido violados de la misma manera a causa de la supuesta conspiración.
La moción de la defensa afirma que, entre fines del 2014 y el mes pasado, los abogados de Schapiro visitaron repetidas veces un almacén del FBI en Miramar donde se guardan los expedientes de pruebas para ser revisados. Durante la primera visita de Arteaga-Gómez al almacén, agentes federales le dijeron que si quería copiar cualquier documento tendría que usar Imaging Universe, según la moción.
Desde el encausamiento, Imaging Universe ha cobrado a Schapiro $8,200 por nueve juegos de documentos de pruebas para sus abogados defensores. La moción especificó que los mismos incluyen una docena de CDs que contienen aproximadamente 1,140 documentos de PDF, muchos de los cuales con múltiples páginas.
La moción afirma que Montero, el presidente de la compañía, “mintió” a Arteaga-Gómez sobre el proceso de copia, y en lugar de asegurar que el gobierno no viera los archivos seleccionados por la defensa, suministró a la agente del FBI en el caso, Deanne Lindsey, duplicados de las copias.
Montero no respondió a un mensaje detallado de voz pidiéndole que comentara al respecto.
Fiscal revela que el FBI recibió los CDs de la defensa
Hayes, el fiscal federal a cargo del caso de Schapiro, informó por primera vez a Srebnick y su asociado que la agente Lindsey “había estado recibiendo subrepticiamente los CDs” el 22 de abril, según la moción de la defensa.
“Hayes propuso destruir los CDs de inmediato”, pero los abogados pidieron en lugar de eso que los entregaran a la defensa, “lo cual hizo”, según la moción.
Hayes no quiso ser entrevistado sobre el tema.
Arteaga-Gómez llamó por teléfono a Montero el 25 de abril para preguntarle quién le había dicho que entregara copias de los CDs al gobierno. Montero, según la moción, respondió que un “agente” había dicho a su gerente de oficina que lo hiciera. “El señor Montero dijo luego que él ha estado suministrando a la fiscalía federal durante los últimos 10 años copias duplicadas de los documentos de pruebas seleccionados por la defensa en otros casos”.
Montero remitió asimismo a la defensa de Schapiro un correo electrónico que él había enviado el 21 de abril a un paralegal de fraude de atención médica en la fiscalía federal, en que afirmaba que él había estado entregando duplicados de los documentos de la defensa al Departamento de Justicia “desde el 2006”. Montero añadió que tanto su compañía vieja, Xpediacopy, como Imaging Universe lo habían hecho.
De ser así, la supuesta conducta impropia del gobierno abarcó las administraciones de tres fiscales federales de Miami: Alex Acosta, quien prestó servicio del 2005 al 2009; Jeffrey Sloman, fiscal federal interino del 2009 al 2010 y Wifredo Ferrer, quien asumió el puesto en mayo del 2010.
Srebnick y Arteaga-Gómez escribieron que habían tenido recientemente “múltiples conversaciones” sobre el tema con fiscales federales de Miami y sus supervisores.
“La fiscalía federal ha admitido que la agente Deanne Lindsey había estado recibiendo copias de los CDs y que había estado archivando los CDs duplicados en una carpeta a medida que los recibía”, según la moción. Lindsey además “confesó haber abierto cuatro de esos CDs duplicados” en busca de archivos que copió y pegó en sus propios CDs, y haber entregado “esos nuevos CDs al testigo experto del gobierno para que se preparara para el juicio”, reza la moción.
La respuesta de la fiscalía trató de presentar el contacto de Lindsey con los archivos de un modo menos comprometedor.
La fiscalía notificó la semana pasada a la defensa que Montero había “confesado haber mentido a Rossana Arteaga-Gómez sobre el proceso de preparación de las pruebas” para esconder lo que estaba sucediendo, escribieron los abogados de la defensa.
“Que el servicio de copia contratado por el gobierno engañara a Arteaga-Gómez para encubrir la política de su compañía hace que este caso sea particularmente escandaloso”, reza la moción.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de junio de 2016, 8:10 p. m. with the headline "Acusan al FBI de espiar a la defensa en caso de fraude al Medicare."