Sur de la Florida

Buscarían abrir una oficina de asuntos de condominios en el Condado Miami-Dade

Legisladores hablan el viernes 3 de junio con la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, sobre los fraudes en condominios.
Legisladores hablan el viernes 3 de junio con la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández-Rundle, sobre los fraudes en condominios. mocner@miamiherald.com

Legisladores del Sur de la Florida consideran proponer la apertura de una oficina de condominios en Miami-Dade donde trabajen representantes de la entidad estatal que regula ese tipo de viviendas, la Fiscalía y la policía, dijo el legislador José Félix Díaz.

“Hay tantas leyes pero nadie las está cumpliendo y no hay nadie para castigar [a los que no cumplen la ley]”, dijo Díaz a Univisión 23, el martes. “Así que parte de lo que hemos planteado como una propuesta es coger el dinero que están pagando [los propietarios] a Tallahassee, invertirlo aquí y crear una oficina donde el DBPR, el fiscal y la policía trabajen juntos”.

Díaz hizo las declaraciones durante un seminario enfocado en los derechos y las responsabilidades de los propietarios de condos, que su oficina organizó en la biblioteca pública West Day Regional Library, al que asistieron unas 150 personas. Una reunión similar organizada por la oficina del representante estatal José Javier Rodríguez se llevará a cabo el martes 19 de julio, de 6:30 a 8:30 p.m. en el Campus Interamerican del Miami Dade College, ubicado en 627 SW 27 Avenue.

La iniciativa de los seminarios surgió tras una investigación de el Nuevo Herald y Univisión 23 que documentó casos flagrantes de fraude electoral, trampas en el proceso de licitación para otorgar contratos en un condominio de Fontainebleau, y la falta de respuestas de las autoridades locales y estatales ante las quejas de los propietarios.

En su proyecto de reforma a la ley de condos, los legisladores de la Delegación Dade planean pedir que el dinero del llamado Fondo de Condominios sea utilizado para defender a los propietarios, como era su intención original, y así poder crear la oficina en Miami-Dade, dijo Díaz.

Ese fondo recibe $4 al año por cada apartamento de condominio — hay alrededor de 1.6 millones de unidades en la Florida. Pero por años el estado ha destinado parte de ese dinero a otros asuntos.

Aunque Miami-Dade es el condado con el mayor número de viviendas de condominios de la Florida, y el que más quejas produce, ni el Defensor de los Propietarios ni la División de Condominios del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR) cuentan con una oficina en el área del gran Miami. La oficina más cercana, donde opera un representante del Defensor de Propietarios o Ombudsman, se encuentra en el Condado Broward, sobre la 1400 W Commercial Boulevard.

La falta de presencia de esta entidad en Miami-Dade es algo que han criticado residentes de condominios y los legisladores estatales. Algunos propietarios también han dicho que cuando tratan de conseguir la información sobre sus derechos y los formularios para presentar quejas, son referidos a la página web del DBPR. Personas de la tercera edad que son dueños de condos y no tienen acceso a internet, se han quejado de que no pueden conseguir la información.

Lázaro González, un representante del DBPR que estuvo presente en la reunión del martes, trató de explicar a los frustrados propietarios que la entidad estatal está limitada en cuanto a los asuntos que pueden investigar, pero fue duramente cuestionado por los participantes.

“Que paren el totalitarismo que están haciendo con nosotros, no estamos en Cuba, no estamos en Nicaragua, no estamos en Venezuela”, dijo Juan Pastrana, un propietario de condominios que se quejó sobre la administración de su complejo.

Representantes del DBPR han dicho a el Nuevo Herald y a Univision 23 que no tienen jurisdicción para investigar actividades delictivas como la falsificación de firmas para las elecciones de condominios, los contratos fraudulentos o el robo de dinero.

También dijeron que en caso de que haya sospechas de delito, refieren la información a la fiscalía condal, aunque el Departamento no pudo demostrar que haya referido caso alguno a la Fiscalía de Miami-Dade en la última década, a pesar de haber revisado más de 6,000 quejas.

Por su parte, las agencias locales de Policía rutinariamente decían a los residentes que sus quejas no son de carácter criminal y deberían ser tratadas por el DBPR o en la corte civil.

Tras la investigación periodística, la Policía condal cambió su política para registrar quejas de presuntos delitos cometidos en condos, y abrió una investigación.

Siga a Brenda Medina en Twitter: @BrendaMedinar

Esta historia fue publicada originalmente el 22 de junio de 2016, 5:56 p. m. with the headline "Buscarían abrir una oficina de asuntos de condominios en el Condado Miami-Dade."

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