Acusan a activista de cobrar a candidatos por acceso a viviendas públicas

Una activista vecinal fue acusada el viernes de cobrar a candidatos que aspiran a convertirse en jueces de Miami-Dade a cambio de permitirles el acceso a un popular complejo de viviendas públicas que concentra a electores de bajos recursos en La Pequeña Habana.

María Campos, una cubana de 79 años, fue señalada por el abogado criminalista Rick Yabor y el detective privado Joe Carrillo de actuar como un peaje que permite el ingreso pagado a candidatos al Robert King High Towers, donde residen centenares de ancianos cuyos votos son codiciados en temporada electoral.

Carrillo y Yabor dijeron que hace un mes, tras obtener las primeras pistas, contactaron a la Unidad de Corrupción Pública de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade. Pero, según ambos, un miembro de esa oficina les dijo que una investigación oficial prosperaría solo si un candidato participaba de manera encubierta en el caso. Yabor y Carrillo dijeron que se acercaron a unos cinco candidatos, pero ninguno aceptó participar.

“Los fiscales insistieron en que solo investigarían si nosotros proveíamos un candidato dispuesto a participar [en la investigación]”, dijo Yabor a el Nuevo Herald. “Lo último que los candidatos quieren es ser vistos como chivatos [soplones] ... porque no quieren ser vistos como quienes acusan a una anciana y que esto los afecte en futuras elecciones”.

Campos, presidenta de la asociación de residentes del complejo, rechazó tajantemente las acusaciones.

“Eso es falso. Y si tienen la evidencia que la muestren. Si tienen pruebas de que yo he recibido pagos de candidatos, que las enseñen”, dijo Campos a el Nuevo Herald. “Pero no pueden, porque no es verdad”.

Las acusaciones de presunto fraude electoral y abuso de votantes ancianos se han vuelto comunes durante las temporadas electorales en Miami-Dade, tras los escandalosos casos de fraude con boletas ausentes reportados en años recientes. Yabor y Carrillo no acusaron a Campos de cometer ningún delito. Según los reglamentos del Departamento de Viviendas, los candidatos tienen permitido organizar eventos en los centros comunitarios de las viviendas públicas siempre que reciban un permiso del Condado.

“Aquí lo importante es resaltar que estos abusos contra los ancianos continúan en temporada de elecciones, tratando de manipular sus votos. Y no se hace nada”, dijo Carrillo. “No nos ha pagado ningún político ni estamos acusando a ningún político. Ni siquiera buscamos inculpar a esta señora [Campos]. Lo que queremos es demostrar que esto sigue siendo un problema”.

En una declaración escrita, una vocera de la Fiscalía dijo que esa oficina había iniciado una investigación tras escuchar las alegaciones de Carrillo. Pero que el hecho de que Carillo haya revelado información confidencial a los medio pone en riesgo las pesquisas.

“Desafortunadamente, la difusión de información confidencial a los medios y al público compromete substancialmente la investigación”, dice el comunicado enviado por Lissette Valdes-Valle. “Aunque aún estamos revisando las circunstancias entorno a la queja, desconocemos que haya evidencia que indique que se cometió fraude electoral o fraude con boletas”.

De acuerdo con las alegaciones de Yabor y Carrillo, ante la negativa de la Fiscalía de iniciar una pesquisa, ambos decidieron montar una investigación encubierta independiente para lo cual solicitaron la asistencia de Elisa Fajardo, una joven investigadora que trabaja con ambos.

Fajardo dijo que acudió el lunes a las 4 p.m. a reunirse con Campos en uno de los jardines del complejo de apartamentos localizado a un par de cuadras del estadio de los Marlins. El encuentro fue captado por Carrillo, quien se ocultó en un vehículo ubicado a pocos metros de distancia, en el estacionamiento del complejo.

Fajardo había pactado el encuentro con Campos para entregarle un sobre con dinero enviado por un presunto candidato que no quería ser identificado. Fajardo se había presentado ante Campos como una simple asistente de Yabor cuyo objetivo era entregarle el sobre, que en realidad contenía billetes falsos de $100 estampados con el rostro de Joe Carrillo.

Según Fajardo, Campos se resistió inicialmente a detallar a qué candidatos respaldaba, por lo que la investigadora la puso en contacto telefónico con Yabor. Fue ahí cuando, según Yabor, Campos le nombró a siete candidatos para jueces. Yabor rehusó el viernes dar los nombres de seis de los candidatos.

El abogado, quien conoce de las campañas en curso, se percató de que Campos no había nombrado la contienda entre Jason Bloch y Marcia del Rey, quienes aspiran como candidatos a jueces del grupo 9 del Onceno Distrito.

“En ese momento, le dije que mi candidato era Bloch y ella [Campos] me dijo: Marcia del Rey ya me ha pagado”, dijo Yabor. “Esas fueron sus palabras. Nosotros no sabemos si ha recibido dinero de otros candidatos”.

Yabor dijo que la conversación telefónica no fue grabada y que el sobre con dinero falso nunca fue abierto, ni entregado a Campos.

Pero la versión de Campos es otra. Ella dijo que cuando Fajardo le ofreció dinero para que apoyara a un candidato, ella inmediatamente lo rechazó.

“Algo vi que era turbio. Ella llegó con un sobre blanco y me dijo que me lo mandaba un candidato. Y yo le dije que le dijera a su candidato que yo no podía aceptar dinero y que le devolviera su sobre”, dijo Campos. “Cuando pregunté quién es el candidato o quién es su contrincante, nunca me pudo responder eso. Después me puso a hablar por teléfono con su jefe [Yabor], que me dijo que su candidato era oponente de Marcia del Rey y yo le dije que no podía apoyarlo porque ya estoy apoyándola a ella. Es una cuestión de principios”.

En un breve comunicado enviado por una vocera, Del Rey negó que Campos trabaje para su campaña.

“Las alegaciones de que la señora María Campos trabaja para la campaña de Marcia del Rey son totalmente falsas”, indicó el comunicado. “Marcia del Rey conoce casualmente a la señora Campos al verla durante visitas de la campaña a centros de residentes de la tercera edad”.

En el 2012, Carrillo investigó a Deisy Pentón de Cabrera, una boletera de Hialeah que fue arrestada con una treintena de boletas ausentes. Cabrera trabajaba para las campañas de reelección de la fiscal Katherine Fernández-Rundle y del alcalde condal Carlos Giménez.

Fernández-Rundle se inhibió del caso y la investigación fue transferida a la Fiscalía de Broward, pero derivó en una pena mínima de arresto domiciliario para Pentón de Cabrera, a pesar de las evidencias.

Las investigaciones de el Nuevo Herald documentaron en aquel momento el trabajo sistemático que realizaba Pentón de Cabrera en la recolección de boletas de votación de centenares de ancianos analfabetos, otros que padecían de enfermedades terminales y otros que eran incapaces de razonar. Meses después el gobierno condal dispuso la desactivación de la Unidad de Corrupción Pública de la Policía de Miami-Dade, la cual había investigado el caso.

“Lo que estamos viendo ahora parece que es el síndrome de Deisy Cabrera”, dijo Carrillo. “Este síndrome refleja que al parecer la Fiscalía no quiere investigar, ni destapar nada para no descubrir nada que tenga que ver con las boletas”.

Esta historia fue publicada originalmente el 5 de agosto de 2016 a las 5:06 p. m. con el titular "Acusan a activista de cobrar a candidatos por acceso a viviendas públicas."