‘Es muy lamentable’: Inmigrantes podrían enfrentar nuevos obstáculos para estudiar en Florida

Para los inmigrantes indocumentados que intentan aprender inglés, obtener un diploma de equivalencia de escuela secundaria o dar el primer paso hacia la universidad, Florida propone cambios en sus normas educativas que, según los críticos, convertirían las aulas en otro puesto de control migratorio.

El Departamento de Educación de Florida quiere que los estudiantes demuestren que son ciudadanos estadounidenses o que tienen presencia legal en el país antes de inscribirse en programas de educación general para adultos o de ser admitidos en cualquiera de las 28 instituciones públicas de educación superior del estado.

Las propuestas han generado oposición por parte de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y organizaciones de políticas públicas, que afirman que las normas obligarían a las instituciones educativas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes y restringirían el acceso a la educación.

“Lo que realmente se está haciendo es convertir estas instituciones de educación superior y estos programas de educación general en algo que no son: entidades de control migratorio”, señaló Norín Dollard, analista sénior de políticas y directora del programa Kids Count en el Florida Policy Institute.

Entre el estimado de 1.6 millones de personas que viven en Florida sin estatus legal, alrededor de 49,000 son estudiantes indocumentados inscritos en instituciones de educación superior públicas o privadas del estado, según el Higher Ed Immigration Portal. Cada año, unos 8,000 estudiantes indocumentados se gradúan de las escuelas secundarias de Florida.

Inicialmente, estaba previsto que la Junta de Educación de Florida votara sobre las propuestas el 15 de mayo; ahora se espera que examine los cambios el 30 de junio.

Eliminación de la tarifa de matrícula para residentes

Estas propuestas surgen después de que Florida eliminara el año pasado la elegibilidad de los estudiantes indocumentados para pagar la tarifa de matrícula de residente, revocando así una ley de 2014 que permitía a algunos de estos estudiantes acceder a esas tarifas.

Si bien la eliminación de la tarifa de matrícula para residentes encareció los estudios universitarios, las nuevas normas podrían impedir por completo que los estudiantes indocumentados se inscriban en las instituciones del Sistema de Colegios Universitarios de Florida (Florida College System) y en los programas de educación para adultos.

Maria Gabriela Pacheco, presidenta de TheDream.US —organización que ayuda a estudiantes indocumentados a acceder a la universidad y costear sus estudios— afirmó que las normas propuestas plantean interrogantes más amplios sobre hasta dónde está dispuesta a llegar Florida al condicionar el acceso a la educación al estatus migratorio.

Según Pacheco, estas reglas podrían llevar al estado de una situación en la que la universidad es más costosa para los indocumentados a otra en la que se impide totalmente el acceso de algunos estudiantes a las aulas.

“Quieren excluir a las personas de la educación superior”, declaró Pacheco. “Es muy lamentable, porque esta no es una buena visión estratégica para el estado de Florida”.

Una de las normas propuestas exigiría a los proveedores de educación para adultos crear políticas por escrito para verificar el estatus migratorio y aplicarlas de manera coherente y no discriminatoria a quienes soliciten ingresar a programas de educación general para adultos.

La segunda norma propuesta exigiría a las juntas directivas de cada institución universitaria adoptar políticas que garanticen que todos los estudiantes admitidos cuenten con un estatus migratorio legal. Los solicitantes tendrían que presentar “documentación clara y convincente” antes de su admisión; la norma define esto como documentación “creíble, precisa y lo suficientemente sólida” para acreditar la ciudadanía o la presencia legal.

Esta norma se aplicaría al Sistema de Colegios Universitarios de Florida (Florida College System), que incluye instituciones como Miami Dade College y Broward College. No afectaría a las universidades del sistema estatal, como Florida International University o la University of Florida. El Departamento de Educación del estado no respondió a las preguntas del Miami Herald sobre los motivos del aplazamiento de la votación prevista para el 15 de mayo, cuántos estudiantes podrían verse afectados o si las normas se aplicarían a los alumnos que ya están cursando estudios. Ninguna de las normas especifica qué documentos deben presentar los estudiantes, cómo deben evaluarlos las instituciones ni si el estado establecerá un proceso uniforme para todos los centros educativos.

Los Dreamers

Pacheco señaló que los cambios normativos afectarían considerablemente el acceso a los colegios universitarios comunitarios (community colleges), que siguen siendo una de las pocas vías asequibles para los estudiantes indocumentados.

“Aquí es donde acuden los Dreamers”, afirmó Pacheco, refiriéndose a los aproximadamente 2.6 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que llegaron al país cuando eran niños. Medio millón de ellos están inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la era Obama diseñada para ofrecer protección frente a la deportación y otros beneficios.

Según Pacheco, estas normas transmitirían el mensaje de que algunos estudiantes merecen menos oportunidades debido a su estatus migratorio.

“No estamos hablando necesariamente de educación gratuita”, aclaró Pacheco.

“Hablamos de estudiantes que pagan por sus clases, que enriquecen nuestros colegios universitarios y universidades, y que se están formando; esto les permitirá convertirse en contribuyentes más sólidos y aportar más a nuestra comunidad”.

La falta de orientación en las normas propuestas suscitó preocupación en el Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos de la Legislatura estatal, el cual evalúa si las normas de las agencias cumplen con las leyes de reglamentación de Florida.

El coordinador del comité, Kenneth Plante, señaló que el grupo no está opinando sobre si se debe permitir que los estudiantes indocumentados se inscriban en programas de educación para adultos o en instituciones de educación superior de Florida.

Su preocupación es más específica: las normas propuestas otorgan un poder de decisión excesivo a las escuelas y a los proveedores de servicios de manera individual.

‘Sin criterios’

"Para cada escuela y cada proveedor, no hay directrices ni criterios", afirmó Plante. "Simplemente se otorga a cada escuela una discrecionalidad absoluta para decidir lo que quiera".

Ese mismo argumento se utilizó en los dos comentarios que el comité presentó los días 15 y 19 de mayo. "Parece conferir a los proveedores una discrecionalidad absoluta para determinar el estatus de ciudadanía", escribió Jowanna Oates, abogada principal del comité.

El Departamento de Educación de Florida no ha respondido a ninguna de las dos cartas. Plante sostuvo que los procedimientos de verificación deberían ser uniformes en todo el estado. Un estudiante no debería poder cumplir con los requisitos en una institución y ser rechazado en otra simplemente porque cada escuela aplica un proceso diferente, señaló.

Si el Departamento de Educación de Florida establece directrices claras a nivel estatal sobre cómo las instituciones deben verificar la ciudadanía o la presencia legal, indicó Plante, el comité podría aceptar las normas, dependiendo de lo que proponga el departamento.

Dollard afirmó que el departamento está intentando utilizar el proceso de reglamentación para crear una política que debería ser decidida por los legisladores.

"No corresponde al Departamento de Educación ni a la Junta de Educación —al redactar estas normas— asumir la labor de la Legislatura", declaró Dollard.