Cuba

Cuba peleará demanda de Exxon por propiedades confiscadas en corte de EEUU

EEUU permitirá demandar por bienes confiscados por el régimen cubano

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril de 2019 que el gobierno estadounidense implementará el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo así demandas contra empresas beneficiadas con propiedades confiscadas en Cuba.
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El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril de 2019 que el gobierno estadounidense implementará el Título III de la Ley Helms-Burton, permitiendo así demandas contra empresas beneficiadas con propiedades confiscadas en Cuba.

En un gesto inusual, el gobierno cubano se defenderá en una corte federal de Estados Unidos, en el caso de una demanda presentada por la compañía petrolera Exxon Mobil, que reclama compensación por una refinería confiscada por el gobierno de Fidel Castro en 1960.

“Es un cambio de curso. Basadas en los récords históricos, muchos asumieron que no defenderían en un tribunal de los Estados Unidos“, comentó el abogado Robert Muse, experto en temas cubanos. “Esto es verdaderamente interesante”.

El viernes Michael Krinsky y Lindsey Frank, abogados de la firma Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky & Lieberman en Nueva York, informaron a la corte federal del distrito de Columbia, en Washington, que serán los representantes de Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba Petróleo (CUPET), dos empresas del gobierno cubano que están siendo demandadas por Exxon.

Exxon Mobil Corporation, anteriormente conocida como Standard Oil, presentó la demanda en mayo contra las compañías cubanas, a las que acusa de haber explotado durante años una refinería en el puerto de La Habana, instalaciones y gasolineras que pertenecían a subisidiarias de la compañía estadounidense con un valor original de casi $72 millones.

La refinería, la actual Nico López, fue nacionalizada en 1960 y Exxon reclama que no recibió compensación. Su reclamación sobre la propiedad de la refinería en La Habana ya fue certificada por el Departamento de Justicia.

Los abogados de Exxon no respondieron inmediatamente a preguntas enviadas por el Nuevo Herald.

La compañía petrolera estadounidense hizo la reclamación amparándose en una provisión de la ley Helms-Burton que permite pedir compensación por el triple del valor original de la propiedad confiscada en Cuba. En mayo de este año, el presidente Donald Trump autorizó, por primera vez desde que fue firmada la ley en 1996, el derecho a demandar bajo su Título III.

La demanda de Exxon se suma a al menos otras ocho contra otras compañías cubanas, estadounidenses y europeas acusadas de obtener beneficios de propiedades y negocios que fueron confiscados por el régimen comunista. Entre los demandados se encuentran la compañía de cruceros Carnival, con sede en Miami, el banco francés Société Générale, Trivago, una subsidiaria alemana de Expedia y otras empresas hoteleras cubanas como Gaviota SA, Cubanacán y Grupo Hotelero Gran Caribe.

Hasta ahora, el gobierno cubano no había dado señales de que respondería a estas demandas.

“El gobierno cubano ha tenido la política general de no comparecer a las cortes de Estados Unidos porque es un estado soberano, pero las empresas del gobierno en ocasiones sí han comparecido”, comentó Pedro Freyre, abogado de la firma Ackerman en Miami, que representa a Carnival en una demanda presentada por la compañía estadounidense Havana Docks por el uso del puerto de La Habana.

Después de la llegada al poder de Castro, empresas del nuevo gobierno como el Banco Nacional de Cuba litigaron algunos casos en cortes estadounideses. Pero el gobierno nunca se defendió en casos criminales como la demanda presentada por los familiares de los pilotos de la organización Hermanos al Rescate, que murieron cuando aviones militares cubanos les dispararon en 1996.

Los familiares ganaron el caso y obtuvieron una sentencia de cerca de $100 millones.

“Mi bufete de abogados ha representado a empresas y entidades cubanas en los tribunales de los Estados Unidos desde 1960, incluidos múltiples apelaciones y cuatro casos en la Corte Suprema de los Estados Unidos”, dijo Krinsky en un correo electrónico. Más recientemente, en 2014, compañías cubanas “ derrotaron con éxito un esfuerzo por confiscar marcas registradas y patentes cubanas que están registradas en los Estados Unidos “

Krinsky dijo que sus clientes se “defenderían vigorosamente” contra la demanda de Exxon.

La presión de los inversionistas extranjeros, más el peligro de que las cortes federales dicten con facilidad sentencias millonarias contra el gobierno cubano o sus entidades, parecen haber hecho cambiar de opinión al gobierno de la isla.

“Si el gobierno de Cuba no se defiende, estaría enviando el mensaje a miles de potenciales reclamantes de que pueden interponer una demanda y obtener una sentencia y que el gobierno no se va a defender,” dijo Muse.

Responder a la demanda de Exxon también envía el mensaje a los inversionistas extranjeros en la isla de que Cuba luchará contra la ley Helms-Burton para proteger sus intereses, como indica la ley de inversiones extranjera cubana, agregó el abogado.

El gobierno cubano también podría estar protegiendo el lucrativo negocio de las remesas a Cuba, que podría verse afectado si Exxon gana el caso. CIMEX, que forma parte del conglomerado militar GAESA y que está sancionada por Estados Unidos, gestiona los pagos de las remesas dentro de Cuba, a través de un acuerdo con Western Union. Exxon podría intentar que las cortes incautaran parte de las tarifas que Western Union paga a CIMEX.

Muse dijo que el cambio de curso indica también que el gobierno cree que puede ganar el caso.

“Cualquier buen abogado diría que el gobierno cubano tiene buenas posibilidades de ganar”, dijo el abogado. Aunque la ley Helms-Burton otorga jurisdicción a las cortes federales para considerar este tipo de demandas, Muse cree que podría hacerse un argumento legal basado en la cláusula del debido proceso que recoge la Constitución de EEUU.

“La cláusula establece que sería injusto arrastrar a una compañía a una corte a menos que puedas probar que ella tiene un contacto real con Estados Unidos”, explicó.

De ganar el caso, dijo Muse, el gobierno cubano habría logrado “un fuerte precedente que podría persuadir a otros reclamantes a no presentar más demandas”.

Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres

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Nora Gámez Torres estudió periodismo y comunicación en La Habana y Londres. Tiene un doctorado en sociología y desde el 2014 cubre temas cubanos para el Nuevo Herald y el Miami Herald. Su trabajo ha sido reconocido con premios de Florida Society of News Editors y Society for Profesional Journalists.
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