El gobierno catalán se aferra al sueño independentista
El gobierno catalán cumplió 100 días en activo con una larga lista de asignaturas pendientes en su soñado camino a la independencia.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantuvo esta semana su primera reunión con Mariano Rajoy, que sigue al frente del Gabinete en Madrid. España lleva cuatro meses con un gobierno en funciones y todo apunta a que habrá nueva convocatoria electoral, mientras Cataluña, que en enero logró in extremis un pacto entre partidos que sólo convergen en su camino a la independencia, tiene un gobierno precario que se aferra a su desconexión como hoja de ruta.
Por el mero hecho de celebrarse, la reunión de Rajoy y Puigdemont, en otra semana agónica en Madrid debido al estancamiento político, ha sido aclamada como un avance. Un diálogo de sordos, pero diálogo al fin y al cabo. Cuando se celebraba el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Rajoy le regaló al presidente catalán una edición facsímil de la segunda parte del Quijote, donde Barcelona aparece retratada como “única en sitio y en belleza”.
Pero lo que parecía un tímido pero buen comienzo volvió a chocar con la contundencia de las leyes. El gobierno de Madrid impugnó el viernes tres leyes del Parlamento de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, si bien aplazó el recurso contra la ley antidesahucios. “Cuando los tribunales entran por la puerta, la política salta por la ventana”, respondió Puigdemont desde su cuenta de Twitter.
Según Lluis Bassets, director adjunto de El País, el encuentro de Puigdemont y Rajoy supuso la recuperación de “cierta normalidad institucional”. Los 100 días de gobierno en Cataluña son de interinidad, “no da la sensación de que Cataluña esté gobernada”, afirma Bassets. A Rajoy le interesaba la cita para lanzar el mensaje de que “es capaz de hablar con una de las instituciones más rebeldes” de cara a la probabilidad de nuevos comicios.
‘Somos gente normal’
En Cataluña, el mensaje más insistente de los representantes políticos del independentismo, más o menos moderado, es que reina la normalidad.
“Somos gente normal con opiniones diferentes sobre lo que es este país. Hay cerca de un 48% de la población que considera que Cataluña tiene derecho a tener su propio Estado, porque el Estado español ha dejado de tener la voluntad de ser el Estado de los catalanes”, afirma Francesc Sánchez, declarado independentista dentro de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
Para Sánchez, “hay que poner encima de la mesa el referéndum; si hay voluntad política, puede haber referéndum”. En España sólo Podemos ha reivindicado la necesidad de la consulta, si bien abogaría por el rechazo a la independencia.
El punto de inflexión en esta rebelión secesionista sería la sentencia del Tribunal Constitucional de julio del 2010 contra el Estatuto de Cataluña. “La Constitución no conoce otra que la nación española”, indicó la decisión judicial, lo que llevó a que cientos de miles de catalanes se lanzaran a protestar a las calles.
La distancia con Madrid desde entonces fue creciendo, alimentada por la crisis económica y por la falta de diálogo con el gobierno del Partido Popular, lo que se tradujo en el crecimiento exponencial de la opción secesionista.
En las elecciones de septiembre del 2015 casi un 48% de los votos fueron para partidos independentistas (JuntsxSí y la Candidatura de Unidad Popular, CUP).
Pocos avances
El gobierno se formó in extremis con el apoyo de los asambleístas de izquierdas de la CUP pero el presidente Artur Mas tuvo que renunciar y ceder el puesto al independentista Carles Puigdemont. La Hoja de Ruta llevaría a la independencia en 18 meses, pero se han cumplido 100 días de gobierno con escasos avances.
“En apenas una década hemos pasado de un apoyo de un 7% al independentismo al 48%. El camino es complicado, pero este sentimiento no va a parar de crecer. Sin diálogo, aún más. Cada vez hay más gente joven”, explica Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una organización popular que trabaja por un Estado independiente.
“Será un proceso largo y difícil, pero no forzaremos la máquina. No pondremos nada en riesgo por ir más deprisa”, asegura Lluis Salvadó, secretario de Estado de Hacienda de la Generalitat.
Salvadó, que tiene ante sí la titánica tarea de hacer realidad una hacienda propia, reconoce las dificultades de la transición hacia ese soñado Estado catalán. Salvadó confía en que habrá diálogo, pero será “en el último segundo”.
Coincide con esta visión Quim Arrufat, ex diputado de la CUP quien considera que “para que sea inevitable la negociación el proceso ha de ser irreversible”.
“No podemos estar en un Estado que responde con autoritarismo y el discurso del miedo a demandas democráticas”, indica Arrufat, entrevistado en la sede del partido, que cuenta con 10 escaños clave en el Parlamento de Cataluña.
Arrufat reconoce que un referéndum supondría “un concepto de España diferente”. Sin embargo, desde la Societat Civil Catalana, un colectivo que defiende la españolidad de Cataluña, consideran que la consulta “fraccionaría esta sociedad”.
“No puede plantearse la disyuntiva de referéndum o rompemos la baraja. Negociemos”, dice Daniel Tercero, responsable de la organización.
El mundo del dinero
Para un alto directivo de una entidad financiera con sede en Barcelona, “la cuestión catalana es tan relevante que ha condicionado las negociaciones de gobierno en Madrid. El acuerdo entre PSOE y Podemos sería más factible sin el debate independentista”.
De hecho, Cataluña es un actor económico de gran importancia con un 20% del Producto Interno Bruto nacional, un 35% de las exportaciones y un 35% de la producción industrial. “Nos incomoda la situación pero no habrá salidas unilaterales ni violentas”, afirma el directivo.
Al mundo del dinero le preocupa sobre todo si Cataluña seguiría o no en la Unión Europea. Por eso los independentistas insisten en que se impondría el pragmatismo. “No van a dejar fuera a 7.5 millones de ciudadanos por lo que representa Cataluña”, afirma convencido Germà Gordó, ex consejero de Justicia de CDC. La Comisión Europea mantiene que dejarían de aplicarse los Tratados, en caso de secesión.
“El nacionalismo creció en un momento de crisis económica con una grave fractura social y un PP en Madrid con mayoría absoluta”, explica Enric Hernández, director de El Periódico de Cataluña, quien reconoce que “hay una parte de Cataluña que ya no vive en España, que ya ha desconectado”.
Según Hernández, “un referéndum, si bien ahora es inviable por falta de voluntad política, sí serviría para saber cuánta gente realmente está a favor de la independencia y cuánta no lo está”.
En Hospitalet, el segundo municipio de Cataluña con 257,000 habitantes, la alcaldesa es la socialista Núria Marín, quien se queja de que la Generalitat se vuelque en el debate por la independencia en lugar de interesarse más por las necesidades de la población.
“Los ciudadanos no plantean el tema de la independencia, sino que les preocupa que haya trabajo y los recortes en recursos básicos”, afirma la alcaldesa, que reclama mayor participación de los ayuntamientos en el reparto de ingresos y competencias.
“La cuestión catalana existe y no es un tema menor. No se puede hacer oídos sordos, como ha hecho el PP. Pero la solución no viene por una consulta sino por un cambio en las reglas de juego, una reforma constitucional”, señala Marín. La alcaldesa cree que el líder socialista Pedro Sánchez abriría esa ventana de oportunidad, si encabezara el gobierno en Madrid.
De momento, sigue la tensión dialéctica entre Madrid y Barcelona. En un día como el sábado, la Diada de Sant Jordi en Cataluña, Puigdemont llamó a los catalanes a “hacerse sentir y respetar ante los dragones feroces que nos quieren atenazar”. La tradición de San Jorge dice que “de la sangre del dragón las rosas florecieron”. Los catalanes están a la espera de esa primavera.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de abril de 2016, 7:06 p. m. with the headline "El gobierno catalán se aferra al sueño independentista."