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Ciudades santuario bajo asedio

Miembros de varios grupos por los derechos de los indocumentados se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la representante de Florida Holly Merrill Raschein (R). Ella votó a favor del proyecto de ley HB 675 que castiga a las llamadas ciudades "santuario" por limitar su cooperación con las autoridades federales migratorias.
Miembros de varios grupos por los derechos de los indocumentados se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la representante de Florida Holly Merrill Raschein (R). Ella votó a favor del proyecto de ley HB 675 que castiga a las llamadas ciudades "santuario" por limitar su cooperación con las autoridades federales migratorias. EFE

Santuario es una palabra acogedora que nos transmite paz. Si nos fijamos, hay santuarios para casi todo lo que es frágil, refugios para animales, reservas para plantas exóticas e incluso lugares donde se protege a seres humanos perseguidos. En un principio y por definición, santuario era un lugar sagrado, generalmente una iglesia, que ofrecía protección a perseguidos como Esmeralda, la amada de Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, quien rescató a la bella gitana y le ofreció refugio en la catedral gótica. El derecho a santuario fue garantizado por la ley inglesa desde el siglo IV hasta el siglo XVII.

Los tiempos cambian, o quizás no tanto. Hoy santuario es una mala palabra y los jorobados son los inmigrantes indocumentados en ansiosa espera de una deportación anunciada. En el umbral de la presidencia de Donald J. Trump las llamadas ciudades santuario están bajo asedio. Hay más de 200 de ellas. La lista incluye San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Miami. Son ciudades que ofrecen, en mayor o menor grado, cierta protección a cientos de miles de sus residentes sin papeles. El gobierno federal es el que está a cargo de inmigración y deportación. La labor de la policía local es combatir el crimen. Son dos cosas diferentes aunque a veces convergen.

La política de deportación de Trump le declara la guerra a ciudades santuario. El alcalde de Chicago, el combativo Rahm Emanuel, fue desafiante anunciando que Chicago seguirá siendo ciudad santuario pase lo que pase. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, está contemplando borrar las direcciones de indocumentados de récords municipales y ya se reunió con el presidente electo Trump para recordarle que Nueva York es una ciudad de inmigrantes.

El recién reelecto alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, ha respondido como Hamlet, no sabe si somos o no somos. La vacilación del alcalde es justificable. En juego hay $650,000 millones en fondos federales que les serían negados a ciudades que no cooperen en esfuerzos de deportación. Y ahí está el detalle para Miami-Dade que está apelando una reciente decisión del Departamento de Justicia que clasifica al condado como ciudad santuario.

El condado sostiene que está cooperando plenamente con las autoridades en la misión de deportar indocumentados que son arrestados por la policía local. Una vez que un sospechoso indocumentado llega a la cárcel del Condado se le notifica al FBI, que a su vez tiene la responsabilidad de notificar a otras agencias federales como ICE. Esta agencia incluso tiene funcionarios en los juzgados para facilitar esta labor. Lo que sucede es que las agencias federales suelen moverse a paso de tortuga y el Condado, o sea nosotros, terminamos pagando millones de dólares manteniendo a estas personas en la cárcel mientras los federales deciden qué hacer con ellos.

En diciembre del 2013 la comisión del Condado aprobó una resolución estableciendo que el gobierno federal tiene que asumir esos costos. Si el FBI advierte que un indocumentado es peligroso o que lo quieren deportar, el Condado lo mantiene tras las rejas.

Todos queremos que lo criminales sean deportados. El Condado actúa responsablemente con su política actual y los contribuyente locales no tenemos por qué pagar los costos de una gestión federal.

Miami-Dade también actúa correctamente al no permitir que agentes de la policía local participen en redadas para capturar indocumentados con órdenes de deportación. Esa no es su función.

Decenas de miles de indocumentados viven aquí, son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y de colegio y muchas veces miembros de nuestra familia. No hay por qué aterrorizarlos. Perseguirlos con agentes de la policía local solo serviría para resquebrajar el orden social y sembrar el pánico. Como dice el jefe de la policía, Juan Pérez, eso pondría en riesgo la seguridad de todos porque la policía depende de la cooperación de todos, con o sin documentos, para combatir el crimen.

De aquí a abril el Departamento de Justicia determinará si somos o no una ciudad santuario. Los que leyeron la novela de Víctor Hugo o vieron la película de Disney saben que la historia de Esmeralda y Quasimodo no termina muy bien. Esperemos que a nosotros nos vaya mejor en esta nueva realidad.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de noviembre de 2016, 8:00 a. m. with the headline "Ciudades santuario bajo asedio."

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