Fabiola Santiago

Ley contra ciudades santuario de Florida beneficia a donantes y políticos republicanos

El gobernador Ron DeSantis (centro), acompañado por el presidente del Senado, Bill Galvano (izq.), el presidente de la Cámara, José Oliva, y la vicegobernadora Jeanette Nuñez, celebran el cierre de la sesión legislativa, el sábado en Tallahassee.
El gobernador Ron DeSantis (centro), acompañado por el presidente del Senado, Bill Galvano (izq.), el presidente de la Cámara, José Oliva, y la vicegobernadora Jeanette Nuñez, celebran el cierre de la sesión legislativa, el sábado en Tallahassee. AP

¿Por qué, por qué, por qué?

¿Por qué Ron DeSantis, el gobernador de Florida, Joe Gruters, el presidente del Partido Republicano, y José Oliva, el presidente de la Cámara de Representantes, hijo de inmigrantes cubanos, recurren a todas las maniobras del manual legislativo para lograr una legislación que convierte a las agencias estatales y locales en suplentes de la aplicación de la ley de inmigración?

Por dinero.

¿Por qué estarían ellos en contra de los mejores intereses económicos de un estado profundamente comprometido con la agricultura y el turismo, sin mencionar la orgullosa herencia española de la Florida, para convertir a la policía en agentes de inmigración y control de aduanas?

Por dinero.

¿Por qué querrían disputar el mejor criterio de los departamentos de policía, de las agencias estatales, de los grupos de derechos civiles, y de los inmigrantes que abogan por la seguridad de sus familias, para aprobar un proyecto de ley contra las ciudades santuario en un estado donde no las hay, y en ese proceso, crear gratuitamente un ambiente hostil para las comunidades hispanas?

Por dinero.

El operador de prisiones privadas más grande del país tiene su sede en Florida, y son grandes donantes del Partido Republicano a nivel nacional y en el estado.

Es posible que haya oído hablar de ellos cuando se conocían como Wackenhut, fundada en Coral Gables por un ex agente del FBI con profundas raíces en el Partido Republicano. Pero ahora es The GEO Group, y sus contratos con el gobierno ascienden a $48,224,145. Son administrados desde las operaciones de Boca Raton/Highland Beach, según la investigación de Sludge titulada “Quién está ganando dinero con ICE en su estado”.

Son altas las cifras que están en juego y, a juzgar por los récords de donaciones, GEO sabe cómo aceitar los bolsillos de los políticos del estado.

La detención de inmigrantes es un gran negocio para ellos y, bajo el mandato del presidente Donald Trump, las ganancias aumentan. Que la compañía GEO, comprada por una empresa danesa, tenga filiales en el extranjero cuando en Estados Unidos trafica con el destino de las personas que cruzan la frontera huyendo del conflicto, es más que irónico.

Pero en Estados Unidos, los inmigrantes ricos y blancos no son un problema.

Velkommen. Bienvenidos.

Florida incluso les otorga subsidios fiscales para establecerse.

Si bien muchos candidatos demócratas, preocupados por los abusos y la violencia en las instalaciones de GEO, rechazan las generosas donaciones de esa empresa, los republicanos están encantados de aceptarlas.

Antes de que comenzara la sesión legislativa, los legisladores de Florida recibieron contribuciones récord.

GEO donó $25,000 al representante Paul Renner, republicano de Palm Coast, presidente del Comité Judicial, sin el cual el proyecto de ley contra santuarios no habría podido despegar. Por el lado del Senado, le dieron $15,000 al jefe de presupuesto Rob Bradley, republicano de Fleming Island.

Cuando DeSantis se postulaba como gobernador en 2018, GEO y su presidente giraron cheques a su comité de acción política por un total de $100,000. También fueron fieles colaboradores cuando DeSantis era congresista.

Así que mientras en el sur de la Florida, DeSantis intimaba y socializaba con los venezolanos diciéndoles que eran bienvenidos, en todos los demás lugares hacía campaña enérgica a favor de la legislación anticiudades santuario que los pone en peligro de deportación. Y no hubo manera de convencerlo de que se bajara de ese tren, que le convenía perfectamente a este ex congresista conocido como el botones de Trump en el Congreso.

Siguiendo la pista del dinero ahora entendemos por qué a los legisladores republicanos —incluyendo a los cubanoamericanos con la única excepción de la senadora Anitere Flores— no les importó que no existieran ciudades santuario en la Florida y que la cantidad de indocumentados se esté reduciendo, según el respetado Centro de Investigación Pew.

Cada inmigrante indocumentado que los oficiales de la policía local retienen para ICE se traduce en grandes sumas de dinero para GEO, que administra centros de detención en todo el país, y cobra al gobierno federal más dinero por alojarlos que lo que vale un hotel de lujo.

Cada inmigrante indocumentado reportado por la línea directa que esta legislación establece para ese fin —el de incitar a los floridanos a convertirse en chivatos, informantes, como lo exige el régimen cubano— es como el timbre de una caja registradora.

El aprobar esta ley significa un gran retorno de la inversión del casi $1 millón que GEO y sus ejecutivos donaron a las campañas políticas en 2018, el 87 por ciento de esa suma a los republicanos, según los datos recopilados por el Center for Responsive Politics, que investiga influencia y cabildeo.

Lo que sucede en la Florida es un ejemplo estelar de “pago por jugar” en el patio de recreo de la erosionada democracia de Estados Unidos.

Visto de esta manera, el movimiento del Partido Republicano para convertir a Florida en un estado policial tiene sentido.

Tienen que alimentar el flujo de las calles a la prisión que financia las carreras políticas de sus candidatos.

Siga a Fabiola Santiago en Twitter: @fabiolasantiago. Correo: fsantiago@miamiherald.com.

Inmigrantes y activistas visitaron la oficina del senador republicano Manny Díaz. Jr., representante de Hialeah Gardens, el 17 de abril de 2019 para pedir que vote en contra del proyecto de ley 168, que prohibiría las ciudades santuario en Florida.

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