Pandora Papers revelan identidad de sauditas detrás de compras inmobiliarias en la Florida

A la sombra del emblemático palacio de Walt Disney World, una familia del Oriente Medio vinculada a la realeza amasó un imperio inmobiliario.

Abarcaba Kissimmee, Groveland, Orlando y Leesburg y comprendía terrenos no urbanizados y dos campos de golf. Hasta hace muy poco también incluía siete complejos de apartamentos en Tampa, Orlando y un resort en los suburbios de Orlando llamado ChampionsGate.

El Orlando Sentinel reportó en 1998 que “miembros de la familia real de Arabia Saudita” habían estado comprando secretamente extensiones de tierra sin urbanizar en la Florida a través de una red de compañías en el extranjero.

Pero una investigación del Miami Herald basada en documentos filtrados ha resuelto un viejo misterio en torno a estos negocios: ¿Qué sauditas? ¿Cuál es el verdadero alcance de su imperio empresarial? ¿Y qué tan cerca están de los monarcas gobernantes?

Esa familia, según el Herald, es la de los Ibrahim, una de las más influyentes de Arabia Saudita. Uno de sus miembros, Jawhara Al-Ibrahim, fue la esposa del rey Fahd, quien gobernó el país desde 1982 hasta la muerte del monarca en 2005.

Su abogado en la Florida: C. David Brown II, recaudador de fondos republicano y amigo del ex gobernador floridano Jeb Bush.

Los documentos filtrados muestran siete consorcios extraterritoriales propiedad de Khalid I. Al-Ibrahim con Brown como representante. Comunicados de prensa y reportes noticiosos previos vinculan a Al-Ibrahim con algunas más.

La Florida no exige a las empresas que hacen negocios en el estado que revelen sus propietarios, pero un análisis del Herald de los registros corporativos del estado encontró 75 empresas cuyos nombres corporativos, agentes registrados y domicilios postales tenían un patrón que indicaba una conexión con los Ibrahim. El nombre Ibrahim solo aparece en dos.

Cincuenta y cinco de esas empresas siguen activas y los registros de propiedad que examinó el Herald muestran que poseen unos 95 terrenos en los condados Lake, Osceola y Orange por un valor aproximado de $65 millones.

El Herald identificó a personas que habían vivido en los apartamentos en la época en que Ibrahim era su propietario a través de expedientes de desalojo que se remontan a 1998. Todos ellos recordaban los apartamentos como lugares confortables; “de primera”, dio uno de los antiguos inquilinos. Algunos expresaron su frustración cuando se enteraron por los expedientes de propiedad de que una familia multimillonaria no dudó en desalojarlos cuando pasaron por momentos difíciles.

Ninguno de los más de una docena de desalojados y abogados que figuran en los registros y que hablaron con el Herald había oído hablar antes de Ibrahim.

Los datos de 14 proveedores de servicios extraterritoriales de todo el mundo fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que los compartió con el Miami Herald y otros 150 medios de comunicación. Son 11.9 millones de registros, como correos electrónicos, registros de empresas, certificados de accionistas y facturas. La colaboración está publicando ahora artículos bajo el título “Pandora Papers”.

Operar con empresas extraterritoriales no es ilegal. Minimiza los impuestos y las empresas pueden tener razones legítimas para mantener el secreto sobre sus propietarios. Pero los Panama Papers de 2017 revelaron cómo ciertas personas también usan estos paraísos fiscales. Esa serie de investigación fue el disparo de salida a una reevaluación financiera que ha continuado en los años posteriores.

Tras la recesión de 2008, fueron los inversionistas extranjeros los que levantaron al mercado inmobiliario del estado. Están dispuestos a pagar en efectivo, a menudo por encima del valor de mercado. Con el auge del mercado inmobiliario de lujo, los urbanizadores se centran en los condominios de lujo para satisfacer la demanda de los inversionistas ricos —a veces de otros estados— y las familias de menores ingresos se ven excluidas.

Jaimie Ross, de la Florida Housing Coalition, un grupo activista de viviendas asequibles, dijo que los inversionistas inmobiliarios —de Estados Unidos y otros países— están creando un efecto dominó con consecuencias desastrosas: “Los floridanos se ven excluidos de comprar vivienda. Se van a alquilar y el alquiler sigue subiendo y entonces, ¿qué pasa? Se quedan sin vivienda”.

El sector inmobiliario de la Florida también se ha convertido en un vehículo para lavar dinero ilícito. En marzo de este año, el senador republicano Marco Rubio volvió a presentar un proyecto de ley con el fin de “combatir la financiación ilícita en la inversión inmobiliaria extranjera y aumentar la inversión en vivienda asequible”.

Aliados poderosos

Los documentos filtrados examinados por el Herald proceden de Trident Trust, una empresa multinacional de servicios financieros. Trident declinó hacer declaraciones, además de decir que está “plenamente comprometida con el cumplimiento de todas las normas aplicables”.

Los documentos muestran a Khalid I. Al-Ibrahim, descrito como “cuñado de un rey fallecido” y residente en el Palacio Real de Al Maather, en la capital saudita de Riad, como propietario de siete empresas de las Islas Vírgenes Británicas.

Cinco de ellas figuran como empresas inmobiliarias estadounidenses con activos por un valor de $7.5 millones, y una sexta se describe como propietaria de un terreno no tasado y “no urbanizado en la Florida” por un valor de “algunos millones de dólares”.

Los documentos filtrados, así como los registros de constitución de sociedades de la Florida de las empresas vinculadas a Ibrahim, están repletos de abogados del bufete Broad and Cassel (ahora Nelson Mullins Broad and Cassel) como directivos. La firma de abogados es una de los más influyentes del estado.

El abogado que firma los documentos filtrados desde entonces, los registros de la empresa estatales, así como las escrituras de propiedad es Brown, quien fue socio administrativo de la oficina de Orlando del bufete y posteriormente presidente de la empresa. Ahora también es director de CVS Health.

Brown es amigo de la familia Bush y Jeb Bush lo nombró presidente del comité de finanzas de la zona central de la Florida Central durante su exitosa campaña para gobernador en 1998. Bajo el mandato del gobernador Bush, fue parte de la junta de supervisión del Departamento de Transporte de la Florida de 1999 a 2004.

Brown y otra abogada de Broad and Cassel, Holly L. Collins, también representaron posteriormente a las entidades de Ibrahim en una disputa con el Departamento de Transporte de la Florida, después tomara posesión de cuatro terrenos propiedad de Ibrahim para obras públicas en 2005, según muestran los registros judiciales. El departamento había ofrecido inicialmente $550,000 por las parcelas, pero tras un largo juicio desembolsó $2.8 millones por los terrenos.

Ambos abogados también declararon que representaban a las empresas solo de forma limitada y que no tenían nada que ver con ninguna decisión empresarial.

Un portavoz de Nelson Mullins dijo que las transacciones eran “una cuestión de registro público” y “cumplían totalmente” con lo establecido. El bufete declinó hacer más declaraciones, alegando privilegios de abogado-cliente.

La embajada saudita tampoco quiso hacer declaraciones.

Una historia accidentada

La familia Ibrahim salió de la oscuridad cuando la hermana de Khalid Al-Ibrahim, Jawhara, se casó con el rey Fahd, entonces gobernante de Arabia Saudita, convirtiéndose en su cuarta esposa y supuestamente la favorita. Juntos tuvieron un hijo, el príncipe Abdulaziz.

Otras dos hermanas también se casaron con personajes poderosos: Maha Al-Ibrahim con el príncipe Abdulrahman, ex viceministro de Defensa, y Mohdi Sheikha Al-Ibrahim con Khalid Al-Angari, quien fue ministro saudita de Educación de 1991 a 2014 y, posteriormente, embajador en Francia.

Khalid Al-Ibrahim y su hermano, Abdul Aziz (no el príncipe), adquirieron —a través de empresas ficticias— hoteles, complejos de apartamentos, oficinas, centros comerciales y unos mil amarres en Marina del Rey, la lujosa comunidad costera vecina de Los Ángeles, según reportó Los Angeles Times en 1989.

Los auditores de Price Waterhouse, mientras investigaban al ahora desaparecido Bank of Credit and Commerce International (BCCI), también investigaron el préstamo de $130 millones de Abdul Aziz como parte de una investigación sobre préstamos sospechosos del BCCI que posiblemente carecían de la documentación adecuada, informó el Times en 1991. No está claro cómo se resolvió esa investigación.

El banco fue noticia ese año tras declararse culpable en un tribunal de Tampa de lavar dinero del narcotráfico del Cartel de Medellín. Desde entonces, se le ha relacionado con acuerdos financieros para los dictadores Manuel Noriega y Saddam Hussein, grupos terroristas islámicos y agencias de inteligencia gubernamentales, incluida la CIA.

Al parecer, Abdul Aziz gastó $22.3 millones en 1986 para financiar “Brenda Starr”, una película protagonizada por Timothy Dalton, el dos veces James Bond, y Brooke Shields. Abdul Aziz era un fan de Shields y el cantante Paul Anka se la había presentado en Las Vegas un año antes. La película fue un fracaso.

La familia Ibrahim empezó a gestionar las inversiones del príncipe Abdulaziz a principios de la década de 1990 y había empezado a construir un imperio inmobiliario en Estados Unidos, que incluía un rancho en Colorado y cuatro hoteles gestionados por Ritz-Carlton en Manhattan, Washington, Houston y Aspen. En ese momento, la riqueza de la familia se estimaba en $1,200 millones.

Otro hermano de Khalid Al-Ibrahim, Waleed, creó la Middle East Broadcasting Company en 1991. La mitad de los beneficios de la MBC fueron a parar al hijo del rey Fahd y sobrino de Waleed, el príncipe Abdulaziz, que también encabezaba la dirección ideológica de la cadena, según un reporte de inteligencia de Estados Unidos de 2009 publicado por WikiLeaks.

Seis meses después de la segunda Guerra del Golfo, la programación del canal Al Arabiya de MBC causó asombro entre la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Un cable clasificado enviado desde Abu Dhabi en septiembre de 2003 reportaba cómo el canal había estado emitiendo videos de propaganda militante pidiendo a los musulmanes que se rebelaran contra el gobierno iraquí respaldado por Occidente y las fuerzas de la coalición.

“Estos controvertidos videos y otras coberturas sensacionalistas se apartan del objetivo formativo de Al Arabiya de reportar noticias moderadas”, señalaba el cable.

Más recientemente, Waleed Al-Ibrahim fue detenido temporalmente por orden del actual gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammad bin Salman, en el marco de una investigación por corrupción en 2018.

El imperio

La primera incursión de la familia Ibrahim en el sector inmobiliario de la Florida fue en 1983, cuando compraron un complejo turístico en dificultades, Little England, cerca de Orlando. La familia vio cómo se revalorizaba.

A lo largo de la década de 1990, la familia se lanzó a hacer compras inmobiliarias en el estado. Actualmente son propietarios de dos campos de golf en Orlando: MetroWest y Falcon’s Fire.

Khalid I. Al-Ibrahim compró sus primeros complejos de apartamentos a principios de la década de 1990 y en varios momentos fue propietario de siete de ellos: Grand Reserve at Kirkman Parke, el Heritage on Millenia, Marina Landing Apartments, el Summit at Metrowest y Cypress Greens Apartments en Orlando, ChampionsGate Apartments en las afueras de la ciudad y el Vinings at Hunter’s Green en Tampa, según los registros.

En conjunto, los siete complejos costaron unos $126.4 millones. Dos décadas después, cuando Ibrahim los vendió todos, según los registros de la propiedad, había ganado más de $211.4 millones.

El Herald habló con una docena de residentes, identificados a través de expedientes de desalojo, que habían vivido en los complejos cuando Ibrahim era su propietario. El conocimiento público de un desahucio suele dificultar que una persona alquile otro lugar o incluso acceda a un crédito. Muchos de ellos hablaron bajo condición de anonimato.

Dijeron que les gustaba vivir allí. Algunos agregaron que los administradores de la propiedad negociaban con ellos el pago de las deudas si se retrasaban en el alquiler.

Pero no todos tuvieron la misma suerte.

Andrew Calandrino, quien fue desalojado del Summit at Metrowest en 2013, dijo que “la administración era amable pero poco cooperativa.”

“No quería esa marca en mi historial de alquiler, pero no me ayudaron en absoluto”, dijo otro desalojado del Heritage on Millenia que tuvo que vivir en su auto y enviar a su hija, entonces adolescente, a quedarse con su madre durante un tiempo.

“Que un multimillonario me eche a la calle ... eso es codicia, ¿sabes? No hay compasión”.

Allie Pitchon, del Miami Herald, y Deena Sabry, de la Oficina de McClatchy en Washington, contribuyeron a este artículo.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de octubre de 2021, 9:46 a. m..