Cuba

Demandan a Trivago por ‘traficar’ con propiedades confiscadas en Cuba

La firma de abogados Rivero Mestre LLP, con sede en Coral Gables, presentó el martes una demanda colectiva contra Trivago, la trasnacional alemana especializada en servicios de búsqueda de hoteles y alojamientos, por “traficar” con propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro a inicios de los años 60, anunció el bufete en un comunicado.

La demanda, amparada en el Título III de la Ley Helms-Burton, indica el interés de los clientes del bufete de abogados de incluir también a Expedia Inc., Booking Holdings, Inc. y sus respectivas subsidiarias y filiales en el litigio si esas compañías “no cesan el tráfico y compensan a los demandantes” dentro de 30 días de recibir una notificación. Expedia Inc. y Booking Holdings, Inc. tienen su sede legal en Estados Unidos.

Expedia accedió recientemente a pagar más de $325,000 para zanjar acusaciones de que violó las sanciones estadounidenses contra la isla.

Desde el pasado dos de mayo la Administración del presidente Donald Trump decidió activar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton en represalia por la presunta injerencia del gobierno cubano en Venezuela.

Bajo esta ley, los cubanos naturalizados estadounidenses y los cubanoamericanos pueden demandar a compañías que “trafiquen” con las propiedades que les fueron confiscadas por la revolución castrista.

Trivago, con sede en Dusseldorf, Alemania, obtuvo ganancias el año pasado de aproximadamente $1,200 millones y el grupo Expedia, con sede en Washington, ganó unos $11,200 millones, de acuerdo con John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, con sede en Nueva York.

Desde la activación del Título III se han presentado varias demandas contra entidades del Estado cubano que explotan en asociación con compañías extranjeras las propiedades confiscadas. La primera demanda fue presentada por los herederos de los puertos de Santiago de Cuba y La Habana en contra de la compañía estadounidense de cruceros Carnival.

Exxon Mobile demandó a la corporación cubana Cimex y a la Unión Cuba Petróleo, mientras que la familia cubanoamericana Mata demandó al Grupo Hotelero Gran Caribe, Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán S.A., Grupo de Turismo Gaviota S.A., y Corporación Cimex S.A., entre otros.

El grupo hotelero Meliá, la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba, no está incluida en la demanda de la familia Mata, pero se le notificó que en caso de no pagar una indemnización o detener en 30 días sus operaciones en las propiedades confiscadas será demandada hasta por tres veces el valor actual de las mismas.

Los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill presentaron a comienzos de junio una demanda en España contra Meliá por $10 millones.

Cuba no reconoce el valor jurídico de la Ley Helms-Burton y garantizó a los inversionistas todo el apoyo del Estado, aunque no queda claro cómo pueden defender a los empresarios ante los tribunales de Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, ha prometido al gobierno de la isla —donde es el principal inversor extranjero— que frenará las sanciones dictadas por tribunales estadounidenses contra empresas del viejo continente.

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