Recorte de impuestos a la propiedad le daría más poder al gobierno de Florida | Opinión
A medida que se intensifica el debate sobre si se deben recortar drásticamente los impuestos a la propiedad en Florida, resulta tentador desestimar algunas de las declaraciones alarmistas de los gobiernos locales —que auguran una catástrofe— tachándolas de exageradas y motivadas por la división partidista.
La idea predominante es que los demócratas solo quieren gastar dinero. Fue necesario que un gobernador republicano de carácter firme, como Ron DeSantis, junto con la legislatura republicana, impulsaran con determinación una propuesta de enmienda constitucional —que se someterá a votación en noviembre— destinada a frenar el gasto público descontrolado. Al fin y al cabo, el Partido Republicano es el partido del conservadurismo fiscal, ¿verdad?
La realidad no es tan sencilla. Al menos dos republicanos destacados de Florida han expresado serias preocupaciones —o, cuando menos, señales de alerta— ante la posible aprobación de esta enmienda.
En primer lugar, está Jeff Kottkamp —exvicegobernador y exlegislador que actualmente dirige Florida TaxWatch—, quien advierte que, de aprobarse la enmienda constitucional, cabe esperar una mayor proliferación de partidas presupuestarias cuestionables o innecesarias (conocidas en inglés como “turkeys”) en los futuros presupuestos estatales.
Los llamados “turkeys” son proyectos de interés local considerados un gasto innecesario o despilfarrador. TaxWatch publica una lista de ellos cada año, una vez que los legisladores aprueban el presupuesto estatal, con la esperanza de que el gobernador los vete. Este año, hubo 621 proyectos que sumaron $829.7 millones dentro de un presupuesto para 2026-2027 de aproximadamente $114,500 millones. (Y eso que se supone que es un presupuesto de “austeridad”, señala TaxWatch).
Los gobiernos locales, ante la imposibilidad de financiar proyectos por sí mismos, recurrirán a sus legisladores en busca de fondos estatales, “ya que sus presupuestos se verán considerablemente afectados por la reducción de los ingresos procedentes del impuesto sobre la propiedad”, afirmó Kottkamp, según un artículo de Florida News Service.
En otras palabras, podría producirse un cambio significativo que aleje la autoridad de los gobiernos locales para trasladarla al control estatal.
Y eso es exactamente lo que Jeff Brandes, otro destacado exlegislador republicano, ha venido sosteniendo todo este tiempo respecto a la disputa sobre el futuro de Florida: la enmienda podría obligar a los funcionarios locales a acudir a Tallahassee —con el sombrero en la mano— para solicitar financiación.
Brandes, exsenador estatal y fundador de una organización sin fines de lucro dedicada al análisis de políticas públicas llamada “Florida Policy Project”, califica esta situación como un “gobierno supeditado a permisos”.
Suena terrible. Si los 67 condados y las 411 ciudades de Florida deben acudir a Tallahassee cada año a suplicar fondos, se produciría un cambio de poder considerable: una transición de la autonomía local al control estatal. Como declaró Brandes al Orlando Sentinel: “La falta de autonomía local es mi mayor preocupación”.
Hay otro aspecto que considerar. Hacer que los gobiernos locales dependan del estado para obtener recursos adicionales crearía un sistema profundamente injusto. Si se asume que los republicanos mantendrán el control de la legislatura estatal y de la gobernación, los condados y ciudades de tendencia republicana gozarían de un trato preferencial, mientras que las comunidades de tendencia demócrata probablemente se quedarían sin suerte, y sin fondos.
Nadie discute que el gobierno suele incurrir en gastos innecesarios. A medida que aumentaba el valor de las propiedades en Florida, las autoridades gubernamentales no dudaban en incrementar el gasto.
Durante el brevísimo debate de la semana pasada en Tallahassee sobre la propuesta de enmienda constitucional, dos legisladores republicanos de Miami-Dade se esforzaron por señalar un gasto del condado que consideraban excesivo: los servicios de seguridad financiados por los contribuyentes para los comisionados del condado. Puede que sea una crítica justificada, pero sin duda se apresuraron a dejar en mal lugar a su propio condado. Probablemente, no es casualidad que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, es demócrata.
Si se suman todos estos factores —más gastos presupuestarios superfluos, mayor dependencia de las normas estatales y la posibilidad de una distribución injusta de los fondos por parte del estado—, el problema resulta evidente. Florida necesitaba tiempo para analizar esta propuesta. Era preciso someterla a un examen exhaustivo y transparente en beneficio de los contribuyentes. Hacía falta un desglose financiero completo de sus repercusiones.
Los habitantes de Florida deben recordar que esta propuesta no es una simple ley. Se trata de una enmienda a la constitución estatal, la columna vertebral del sistema de gobierno de Florida. Modificarla conlleva riesgos.
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