Daniel Shoer Roth

Un asalto a la democracia floridana

AP

La vitalidad democrática del Estado del Sol está a prueba en el Capitolio estatal, donde los legisladores se mantienen al acecho, agazapados en las tinieblas, para arrebatarla, al menor descuido, a la ciudadanía que honradamente la ejerce.

Nuestros representantes han venido reinterpretando la voluntad popular expresada en las enmiendas constitucionales aprobadas por abrumadora mayoría, hurtando a los votantes la facultad de ser artífices de su propio destino. Este manoseo institucional de la conciencia colectiva se presta a sembrar la duda y la desconfianza respecto a la labor de líderes electos –y a cuestionar su autoridad moral.


Los legisladores procuran moldear cinco enmiendas vinculadas al medioambiente, la energía solar, la educación, la marihuana medicinal y la redistribución de distritos electorales, con sus convicciones personales y, más alarmante aún, con disposiciones requeridas por adversarios a dichos cambios constitucionales.

Pretenden erosionar la validez y eficacia de las iniciativas civiles, que ya de por sí son difíciles de llevar a fruición debido al oneroso proceso electoral y la influencia sobre este de los grupos de presión, cabildeo político y patrones corporativos.

Un abarcador reportaje de la corresponsalía del Miami Herald en Tallahassee desglosa el ultraje a la dignidad de los floridanos.

Cita la enmienda aprobada en agosto de 2016 por un 73 por ciento del electorado para conceder exenciones tributarias a propietarios de viviendas y comercios que instalen paneles de energía solar. Pues bien, una propuesta legislativa intenta imponer excesivos requisitos a la colocación de estos equipos de ahorro energético en los techos, obstaculizando el proceso.


El proyecto de ley emplea, en algunos fragmentos, vocabulario redactado literalmente por Florida Power & Light, la mayor empresa de servicio eléctrico en la península. La industria de la energía eléctrica impulsó el año pasado, tras bambalinas, otra enmienda que habría consagrado en la Constitución la facultad de los gobiernos locales y estatal para imponer a proveedores de energía solar cobros y regulaciones. El esfuerzo fracasó, pero desveló el papel corruptor del dinero corporativo en la vida política.

En cambio a una enmienda que sí recibió un contundente amén en noviembre pasado a fin de disminuir las barreras de acceso a la marihuana medicinal, la burocracia estatal le pone la zancadilla. La propuesta legislativa introduce innecesarias restricciones, como un constreñido número de condiciones médicas para la calificación de los enfermos, así como la espera obligatoria de tres meses para recibir tratamiento una vez inscritos en los registros del Estado. También delimita las dosis y la competitividad de libre mercado, encareciendo costos.

El análisis del Herald destaca igualmente el intento por transgredir el espíritu ecológico de una enmienda aprobada por tres cuartas partes del voto en 2014 con miras a utilizar una porción del gravamen sobre los bienes raíces en la conservación sostenible de tierras y recursos hídricos. Ahora se aspira a desviar estos fondos hacia gastos administrativos y subsidios a empresas agricultoras que saneen la contaminación acuífera en sus dominios.


Las reformas constitucionales son el mecanismo más útil del pueblo en una sociedad democrática si anhela dar existencia legal a sus propósitos y transformaciones mediante el sufragio. Sin embargo, en Florida, los legisladores son dueños de la última palabra, siendo quienes promulgan las leyes para poner en funcionamiento el mandato de los ciudadanos. No siempre les convienen los cambios.

Por ejemplo, en 2010, los floridanos les prohibieron redibujar arbitrariamente los lindes de sus distritos electorales a fin de diluir el apoyo a sus opositores y prevalecer su bancada en el poder. Hoy, empero, progresa una iniciativa reglamentaria que instauraría más obstáculos a las impugnaciones jurídicas de esos mapas.

Otra revisión parlamentaria que haría añicos el libre albedrío de los floridanos se refiere a la enmienda constitucional de 2002, la cual establece topes para el número máximo de alumnos permitidos por aula en las asignaturas generales. El método de conteo sería más flexible –y probablemente no para el beneficio pedagógico de los niños.

Es deber de todos los ciudadanos frenar esta manera tan poco democrática de gobernar, ¡un agravio descarado a los votantes!

Escritor venezolano, periodista, biógrafo y cronista del acontecer de Miami.

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