Inquilinos pobres son tratados ‘como basura’ en edificios de Miami

Un proyecto de renovación financiado con fondos públicos que pretende mejorar las vidas de cientos de familias pobres que viven en torres de apartamentos del Plan 8 en Allapattah está afectado por demoras y un intenso escrutinio de las autoridades, dejando a los inquilinos en un limbo.

Financiada con bonos del condado y con respaldo del gobierno federal, la venta y posterior renovación de Civic Towers debía mejorar las condiciones de los apartamentos, que están en muy mal estado. Las unidades —que anteriormente eran propiedad de un empresario privado— debían ser desmanteladas por completo. Todo, desde los pisos hasta los electrodomésticos en las cocinas, además de la fachada de los edificios, sería reemplazado.

Pero seis meses después de comenzar las obras, los inquilinos están viviendo entre cables y tuberías, ratas y ventanas clausuradas con planchas de madera, que dejan entrar el agua hasta los pasillos cuando llueve. Las obras, afectadas por una disputa contractual, se detuvieron por completo este verano cuando varias discrepancias en los permisos de materiales llevó a funcionarios municipales a suspender temporalmente el permiso de construcción.

Y los inquilinos están frustrados. Ese es el caso de Marciel Peña, quien sufre de asma y diabetes y que espera en una silla de ruedas en el piso 19 por el día de la mudanza que nunca llega.

“No creo que nadie tenga la culpa”, dijo. “Pero alguien ha hecho mal las cosas”.

Funcionarios del gobierno y Redwood Housing Partners, que compró los edificios por $45 millones en febrero, apuntan a una disputa entre el contratista general de la obra y un subcontratista no identificado, como la fuente de los problemas. Pero una revisión que hizo el Miami Herald de registros municipales, condales y estatales muestra demoras sustanciales relacionadas con la información presentada por un contratista con sede en Louisiana que podría haber tratado de ahorrar dinero en los costosos permisos y mejoras que exige el gobierno federal relacionadas con inundaciones, al reportar un valor menor en el alcance del proyecto.

Entre las discrepancias:

▪ Cuando el contratista Pete Vicari General Contractor solicitó un permiso general al Departamento de Construcciones de Miami, la empresa indicó que realizaría renovaciones combinadas en los edificios por valor de poco menos de $10 millones y pagó $136,332.92 al gobierno municipal por concepto de permisos. Este mes, después que las autoridades retiraron el permiso ante preocupaciones de que el valor declarado del proyecto no era el correcto, Vicari dijo que las obras tienen en realidad un valor de $22.4 millones y pagó $169,599.40 adicionales en cargos.

Maurice Pons, subdirectora del Departamento de Construcción de Miami, dijo que el contratista le informó el mes pasado que la diferencia en los costos fue “un error y que la cifra [original] fue entregada por uno de sus oficinistas”.

Pero es posible que la nueva cifra también esté incorrecta: los reportes de garantía de crédito de noviembre incluidos en la solicitud de Vicari por un máximo de $38 millones en créditos fiscales de la Corporación de Financiación de Viviendas de la Florida indica que el valor inicial de los contratos de construcción es $32.6 millones.

▪ Autoridades municipales se preocuparon este verano de que al declarar un costo de construcción menor del real, Vicari y Redwood posiblemente estaban burlando mejoras exigidas por la FEMA que entran en vigor cuando el alcance de las obras en un edificio ubicado en una zona clasificada de inundación por el gobierno federal son superiores a la mitad del valor de la estructura física.

Funcionarios municipales determinaron este mes que las mejoras de la FEMA no eran necesarias, tras recibir evaluaciones de hace un año que colocaban en $81.3 millones el valor de las dos torres de apartamentos, con un total de 35 pisos y 280,000 pies cuadrados. Esa cifra es casi cuatro veces mayor que el valor declarado de las obras de renovación en los permisos municipales.

Sin embargo, las directrices federales incluyen en la fórmula las ganancias del contratista. Y en su solicitud de $87.5 millones por concepto de bonos de la Autoridad de Financiación de Viviendas de Miami-Dade, Redwood calculó el valor combinado de las renovaciones y sus costos como contratista en $54.6 millones, muy por encima de la mitad del valor evaluado.

▪ El Miami Herald ha conocido que el Departamento de Normación de Negocios y Profesionales de la Florida ha iniciado una investigación de la licencia de contratista general emitida por el estado a Peter John Vicari, en respuesta a una alegación de que Vicari, de 35 años, mintió sobre sus calificaciones en la solicitud de septiembre.

Vicari no respondió a correos electrónicos y mensajes dejados en su buzón de voz, y con una secretaria en la oficina de la empresa en Harvey, Louisiana. El viernes por la mañana no había nadie en la oficina de la compañía en el lugar de las obras en Civic Towers. Una mujer que se identificó como administradora de la propiedad refirió al reportero al representante del dueño, Mike Walsh, de U.S. Residential Group, quien no respondió a un mensaje de voz y correo electrónico.

Contactado por correo electrónico, Ryan Fuson, director gerente de Redwood, declinó ser entrevistado.

“En este momento no creemos que sea apropiado que discutamos los temas que usted menciona, porque entendemos que hay una disputa entre el contratista general y un subcontratista”, escribió Fuson. “Agradecemos que usted comprenda la situación”.

Varios funcionarios de gobierno dijeron al Herald que los problemas de Vicari están relacionados con una contenciosa disputa que, según Gloria Shanahan, portavoz del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), “dejó el trabajo abandonado”. Pero errores en los documentos provocaron innegablemente demoras que parecen estar por solucionarse.

Pons, el subdirector del Departamento de Construcción de Miami, dijo al Herald esta semana que su oficina acepta las nuevas cifras de Vicari, quien presentó un declaración jurada firmada y notarizada. El lunes, el gobierno municipal —que ha cedido la mayor parte de sus responsabilidad de inspección a una compañía contratada por Vicari— eliminó la suspensión al permiso general de la compañía constructora, lo que permite que las obras se reanuden.

Sin embargo, las 340 familias que viven en las Civic Towers están cada vez más frustradas con el ritmo de las obras y la poca información.

“No sabemos qué está sucediendo. Queremos una explicación”, dijo al Herald Giralda Pérez Molina, una inquilina recientemente reubicada, durante una visita reciente a su apartamento. “Les preguntamos y no nos dicen nada… Nadie presta atención ni va a ver lo que sucede allí”.

Molina, de 54 años, es una de los aproximadamente 130 vecinos que según el HUD han sido reubicados durante las obras. Molina dice que la mudaron a Miami Springs, lejos de sus amigos, su médico, la tienda de alimentos donde generalmente compra, y la oficina de alquiler, que tiene que visitar todos los meses para pagar la porción de su factura que no cubre el HUD. Molina dijo que fue esta semana cuando le dijeron donde estaban almacenadas sus pertenencias, casi dos meses después que la reubicaron.

Pero los vecinos de Molina que siguen viviendo en las torres están atrapados en medio de las obras de renovación. Los vecinos de la tercera edad que tienen problemas de salud como asma, diabetes, hipertensión y cáncer dicen que quieren un lugar cómodo para vivir.

Un miércoles reciente por la mañana, las obras comenzaron a las 7 a.m. con un fuerte ruido que Olga Vicente, de 58 años, dice que es una tortura. Es algo que tiene que enfrentar con regularidad y apenas puede dormir por ello.

“Hay muchos malos olores, mucho ruido. Hay muchas ratas”, dijo Vicente, quien vive en el edificio desde el 2013. “Nadie nos da información. Los administradores no nos dicen nada. No sabemos lo que sucede. No sabemos nada”.

Y tienen temor de si se quejan los pueden sacar del edificio. Molina, quien ha hablado con el HUD y apareció en un reportaje de Univisión en junio, recibió esta semana una carta de un abogado de los urbanizadores en que le exigen reunirse con el administrador del edificio para discutir la posible cancelación de su arrendamiento. El abogado dijo que Molina había amenazado al administrador del edificio, algo que la mujer niega.

Es una situación frustrante para los inquilinos, quienes ya estaban viviendo en malas condiciones antes de comenzar las renovaciones.

La empresa propietaria anterior del edificio, Global Ministries Foundation, fue investigada por el gobierno federal y el senador Marco Rubio la calificó en el pleno del Senado de “administrar tugurios” el año pasado. En febrero, el HUD, que paga un promedio de $880 al mes de los inquilinos de Civic Towers, alentó la venta de los edificios. Las dos torres fueron compradas por Redwood Housing, que recibió asistencia del Condado Miami-Dade en forma de bonos de deuda que se pagarían con el dinero recaudado por los alquileres.

“Nos han informado de la situación entre el contratista general y un subcontratista, pero eso está fuera de nuestra jurisdicción”, dijo Cheree Gulley, directora ejecutiva de la Autoridad de Financiación de Viviendas de Miami-Dade. “Ya informamos a nuestros abogados… estaremos al tanto del asunto”.

Shanahan, la portavoz del HUD, dijo que las autoridades federales de vivienda están observando la situación también. Funcionarios federales visitaron el lugar varias veces este verano, incluso la semana pasada, para pasar revista a las obras, después de un reportaje noticioso de Univisión en junio que documentó los problemas con las obras de renovación. Está programado que el 22 de agosto representantes se reúnan en el Ayuntamiento con el alcalde de Miami, Tomás Regalado, y varios inquilinos, para discutir del proyecto.

Redwood dijo antes que el proyecto comenzara que esperaba completar las obras en diciembre. No está claro si eso sigue en pie.

Pero Shanahan dijo que las obras avanzan lo suficiente como para que algunas de las primeras familias reubicadas puedan regresar este mes.

“Aunque reconocemos las molestias que las obras de construcción significan para los vecinos, la calidad de vida de los inquilinos mejorará significativamente una vez que los apartamentos estén completamente renovados”, dijo Shanhan”.

Esta historia fue publicada originalmente el 14 de agosto de 2017, 4:29 p. m. with the headline "Inquilinos pobres son tratados ‘como basura’ en edificios de Miami."